Aurora Cordero Pérez
El PRI en la Cámara de Diputados mantiene un doble discurso en materia de derechos y protección a periodistas, ya que por una parte critican al Gobierno Federal por el clima de violencia en contra de ese gremio y por otra mantienen “congelada” una reforma a favor de su protección y de la libertad de expresión.
Denunció el diputado federal del PAN, Oscar Martín Arce Paniagua, quien lamentó esa “doble moral” de los legisladores y líderes del PRI quienes desde el 2008 se han negado a dictaminar y aprobar una reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución.
“La iniciativa de reforma del Presidente Felipe Calderón se presentó en octubre del 2008 en San Lázaro y en ella se propone otorgarle facultades al Ejecutivo Federal para actuar en caso de agresiones en contra de periodistas”, resaltó el legislador panista.
Recordó que la iniciativa, señala que existen compromisos internacionales adquiridos por México en la celebración de diversos tratados y convenciones internacionales para tipificar como delitos ciertas conductas que atenten contra la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
El también secretario de la Comisión de Justicia, expuso que la iniciativa “congelada” por la mayoría del PRI en San Lázaro, se apega a instrumentos internacionales como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“La iniciativa establece el deber del Estado de respetar y proteger la libertad de expresión, así como prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada“, apuntó.
Por otra parte, destacó la iniciativa del Ejecutivo Federal, que se busca generar un mecanismo de excepción, como la facultad de atracción, por el cual se faculte a las autoridades federales a conocer de delitos del fuero común relacionados con la protección a la seguridad pública, la seguridad nacional, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Ello con objeto de evitar la impunidad en este tipo de ilícitos y dar pleno cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en el reconocimiento y protección de tales derechos.
Arce Paniagua comentó que la iniciativa presidencial argumenta la seguridad pública constituye un deber del Estado en sus diferentes niveles, y este concepto implica en sentido amplio: prevención y persecución de delitos y responsables, imposición de las penas y sanciones administrativas, así como la reintegración social del delincuente.
Es decir, pretende regular todas las actividades que contribuyan a alcanzar la integridad y los derechos de las personas para preservar su libertad, el orden y la paz pública.
“Sin embargo, a pesar de que hemos insistido en agilizar el dictamen de dicha reforma, el PRI no quiere avalarlo a través de la Comisión de Justicia, pero paradójicamente en tribuna denuncian y se solidarizan con los periodistas, así como exigen al Ejecutivo Federal actuar cuando hay agresiones“, agregó Arce Paniagua.
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