Aurora Cordero Pérez
El diputado federal Domingo Rodríguez Martell, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exigió el cese inmediato de la Procuradora de Justicia del Estado de Oaxaca, María de la Luz Candelaria Chiñas, por su evidente falta de capacidad la cual ha quedado evidenciada en conflictos como el de San Juan Copala, San Juan Mixtepec y el Conflicto de Zimatlán de Lázaro Cárdenas y San Sebastián Nopalera Monte Verde, ambos ubicados en el distrito de Putla Villa de Guerrero.
En este sentido, el PRD exigió al Gobierno Federal y del Estado de Oaxaca, intervengan para que en las próximas horas se ejecute al 100 por ciento el resolutivo del Tribunal Unitario Agrario (TUA), Número 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, luego del enfrentamiento armado ocurrido el sábado pasado entre las comunidades de Santo Domingo Yosoñama, municipio de San Juan Ñumí y San Juan Mixtepec, ambos ubicados en la región de la Mixteca, donde se disputaban alrededor de mil 800 hectáreas.
El legislador indígena Rodríguez Martell señaló que tanto las autoridades estatales, como federales, deben garantizar, por medio de la mesa de diálogo instalada, la seguridad de los habitantes de ambas comunidades para que se lleve a cabo el brecheo correspondiente.
LOS POBLADORES PORTAN ARMAS DE GRUESO CALIBRE
Además, exhortó a Ulises Ruiz Ortiz y a Felipe Calderón, evitar que este conflicto se salga de control y genere reacciones más radicales como sucedió en meses anteriores en el municipio de San Juan Copala, ya que, subrayó, no se puede ignorar que los pobladores porten armas de grueso calibre, por lo que de manera inmediata las autoridades correspondientes deben investigar la autorización de dicho armamento.
Rodríguez Martell recalcó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), además de ejecutar las órdenes de aprehensión en contra de representantes ejidales de San Juan Mixtepec y de Santo Domingo Yosoñama, por retener a 25 habitantes de Buena Vista, que ya fueron liberados, debe garantizar mayor vigilancia en la zona que se pretende delimitar y resguardar la integridad física de los pobladores.
Por último, añadió que es importante que tanto los elementos policíacos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los legisladores, entre otras autoridades, sigan pendientes del cumplimiento de estos acuerdos.
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