Aurora Cordero Pérez
Por iniciativa de la diputada federal del PRD, Claudia Edith Anaya Mota, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo un exhorto para que en todos los programas especiales, cortes informativos y cadenas nacionales de la Presidencia de la República se incluya un recuadro con un intérprete de lengua de señas mexicanas, sistema de subtítulos o close caption, con el fin evitar se viole el derecho a la información de un millón y medio de personas con discapacidad.
La solicitud dirigida al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), instruya al Centro de Producción de Programas Informativos Especiales (Cepropie) fue presentada por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y Justicia a través de un dictamen ante la Comisión Permanente.
En el exhorto se consideró que “el derecho a la información pública de un millón 570 mil personas con discapacidad auditiva se está violando al no tener acceso a la información que se difunde en los mensaje del Titular del Poder Ejecutivo”.
Hasta el momento, el carecer los mensajes del titular del Ejecutivo Federal de un intérprete de señas, es letra muerta el Artículo 6º Constitucional en cuanto a que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”, al tiempo que se incumple con el artículo 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que se señala que se considera como conducta discriminatoria restringir el acceso a la información.
Aún más, añade la legisladora Anaya Mota, el artículo 21 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente desde el 2008 en México, señala que nuestro país como Estado Parte de la Convención, se compromete a facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formato accesible y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
La Primera Comisión del Congreso estuvo de acuerdo con los argumentos de la legisladora perredista respecto a que la información pública en general es omisa en adoptar disposiciones para que las personas con discapacidad accedan a ella, por lo que “se falta a las más elementales garantías constitucionales que consagran el derecho a la información como derecho fundamental de nuestro pueblo”.
En el dictamen presentado por ese grupo legislativo se considera que además de las disposiciones jurídicas que invoca la diputada Anaya Mota, la ley reglamentaria del artículo 6 Constitucional, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, refuerzan el sustento jurídico de la propuesta.
Por último, la Comisión dictaminadora recuerda el compromiso suscrito por el Senado de la República, en representación del Poder Legislativo de la Nación, al dictaminar a favor de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que le turnó el Titular del Ejecutivo Federal, por lo que considera que existen las condiciones legales y administrativas propicias para que se acepte la propuesta de la diputada del PRD.
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