Aurora Cordero Pérez
Legisladoras del PRD y PT solicitaron al Gobierno Federal analizar nuevos mecanismos para brindar una alternativa que pueda subsidiar a las más de 40 mil familias del norte del país que por falta de pagos han sido desalojadas de sus viviendas y que ahora son ocupadas por el crimen organizado.
La vocera del grupo parlamentario del PRD, Leticia Quezada Contreras, alertó que las viviendas deshabitadas en Sonora, Sinaloa, Durango y Tamaulipas, son espacios que utiliza el crimen organizado para refugiarse y seguir operando.
Por ello, exhortó al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) revisar las condiciones de crédito de cada una de las viviendas desalojadas y comprobar si los adquirientes no pagan sus mensualidades y se mantienen en cartera vencida.
La legisladora denunció que continúan los traspasos irregulares que se constituyen en fraude contra personas, lo que ocasiona también que haya un alto nivel dentro de la cartera vencida, aunado a ello –dijo- el Gobierno Federal ha dejado de otorgar fideicomisos generando un problema de generación de ocupación de suelo.
ESOS INMUEBLES SON OCUPADOS POR EL CRIMEN ORGANIZADO
En su intervención la diputada Laura Itzel Castillo Juárez, integrante de la Comisión de Vivienda manifestó que la política en la materia es un fracaso, toda vez que se ha generado una situación difícil que a afectado a las zonas urbanas.
Indicó que según el CENSO del 2005 existen en el país más 4 millones de viviendas abandonadas, lo que demuestra que la política de la actual administración no sirve y causa de ello (en gran medida) es la bursatilización de la cartera.
Señaló que las deficiencias por parte del Infonavit, FOVISSSTE, FONAPO en sus procesos, hacen que la cartera vencida vaya a la alta, por ello insistió que los mecanismos deben evitar que las personas no puedan a la larga perder su vivienda y someterse a un proceso judicial.
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