Ignacio Arellano Mora
La legalidad de la designación presidencial en Cofetel no sólo es controvertible sino que afecta decisiones de inversión y oportunidades de empleo, expresó el senador Manlio Fabio Beltrones. Se envía una pésima señal a los mercados internos y globales, los cuales exigen transparencia y neutralidad en los órganos reguladores, y además se soslaya el bienestar del consumidor y el potencial de crecimiento del sector de telecomunicaciones.
En reunión con legisladores del Grupo Parlamentario del PRI, el senador Beltrones sostuvo que es lamentable que ahora que el país está urgido de generar cuando menos un millón de empleos de calidad, la decisión gubernamental en Cofetel propicia la inseguridad jurídica en el sector de telecomunicaciones. De esta forma, se desalienta la inversión productiva y la preservación y generación de empleo en uno de los sectores más dinámicos de la economía, cuyo desarrollo es crucial para promover precios competitivos para el sector productivo y los consumidores, para cerrar la brecha digital y avanzar hacia la economía del conocimiento.
Igualmente preocupante es que cuando el país necesita recuperar sus niveles de competitividad global, se envía la señal de que los órganos de regulación económica están capturados por el gobierno en turno y son un instrumento de control político. Porque cómo explicar que un funcionario público de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) presida ahora el órgano regulador de la misma área. Una vez más, se premia la lealtad, por encima de la capacidad, la experiencia técnica y el interés general.
Enfático, el líder parlamentario señaló que causa desconcierto la ambivalencia del Ejecutivo Federal; porque, por un lado, la mano derecha impone la voluntad presidencial en Cofetel; mientras apela al diálogo político nacional con la mano izquierda.
Esta situación, concluyó el senador Beltrones, confirma nuestra decisión de presentar una iniciativa de ley que asegure la autonomía de los órganos de regulación económica, conforme a las mejores prácticas internacionales y en concordancia con nuestra postura en el debate legislativo de la Ley Federal de Competencia Económica.
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