Aurora Cordero Pérez
La Cámara de Diputados estudia un Punto de Acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reasignen recursos económicos suficientes en las partidas presupuestales correspondientes para dar cumplimiento cabal a diversos laudos.
También se solicita que se asignen recursos económicos suficientes para permitirle al INEGI estar en posibilidades financieras para llegar a acuerdos conciliatorios con los más de mil 800 trabajadores, en todo el país, que demandaron al Instituto por diversas prestaciones laborales y despidos injustificados, mismos que conforman la Coalición Nacional de Trabajadores del INEGI.
Los laudos a los que se pide dar cumplimiento son: el 835/98, 886/99, 1376/2000, 3431/2001, y 4009/2001 emitidos por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en los que condenó al INEGI el otorgamiento sea de contrato por tiempo indefinido o nombramientos de base, así como al pago de diversas prestaciones laborales.
La proposición del diputado federal David Hernández es analizada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y sostiene que “esta problemática es una violación de derechos que viven miles de trabajadores y ex trabajadores del INEGI.
El legislador recordó que el 26 de octubre de 2004, la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución presentado por el diputado Pedro Ávila Nevares, por medio del cual solicita la creación de 2 mil 300 plazas de base para ser ocupadas por los trabajadores despedidos por el ex titular del INEGI.
Por lo anterior, el diputado priísta afirmó que “es nuestro deber realizar los trámites y acciones necesarias para llevar justicia a este grupo de trabajadores, ya que es inconcebible que un grupo de trabajadores que ha luchado 7 años por su reinstalación y el pago de sus prestaciones, se encuentren amenazados o encarcelados”.
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