Ignacio Arellano Mora
Ante la prevalencia del delito de trata de personas, el aumento en los casos de explotación sexual de menores en el país y el poco interés demostrado por las autoridades federales y por el gobierno local para contribuir a prevenir y atacar con eficiencia este delito, la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, Cora Cecilia Pinedo Alonso, exhortó a la Procuraduría General de la República (PGR), para que atraiga los delitos de corrupción de menores, lenocinio, secuestro, tráfico de menores y los que se cometen contra todas aquellas personas que no tengan capacidad para comprender el significado de estas agresiones.
En reiteradas ocasiones, la legisladora ha condenado y denunciado este tipo de delitos, haciendo llamados a los tres órdenes de gobierno para sumar esfuerzos y enfrentar esta problemática, no únicamente desde la perspectiva del crimen organizado, sino atendiendo también sus derechos humanos.
En febrero del presente año, Pinedo Alonso presentó una iniciativa para reformar la Ley para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, con la finalidad de homologar los tipos penales de los estados de la República, ya que la legislación nacional no es homogénea en esta materia.
En la actualidad sólo 21 entidades federativas han realizado reformas a sus leyes locales para tipificar la trata de personas como delito federal y únicamente Chiapas y el Distrito Federal, cuentan con leyes específicas sobre la materia.
Al respecto, la también integrante de la Comisión Especial de la Lucha Contra la Trata de Personas, de la Cámara de Diputados, hizo mención a un reportaje publicado el 28 de junio en un diario de circulación nacional, en el que se señala que las menores de edad que son víctimas de explotación sexual en las calles de La Merced, Sullivan, Tlalpan y Buenavista, son enganchadas en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO), cuando llegan de sus comunidades, muchas en pobreza.
El documento revela que alrededor de 400 niñas y mujeres entre los 10 y los 19 años, son explotadas sexualmente en la zona de La Merced y son sometidas a jornadas extenuantes para reunir las cuotas que les imponen de aproximadamente cinco mil pesos diarios; cobrando entre 100 y 350 pesos por sexo servicio, y en caso de que no reúnan la cuota asignada en la primera jornada de las 8:00 a las 20:00 horas, son enviadas a otro punto de la ciudad de las 21:00 a las 5:00 horas del día siguiente.
Ante este escenario y la dramática situación que se vive en la Ciudad de México desde hace muchos años sin que pueda ser resuelta o disminuida, la legisladora levantó nuevamente la voz para que se legisle de una manera urgente, eficiente y real para sancionar los delitos de trata de personas, corrupción de menores, lenocinio, secuestro y tráfico de menores.
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