Ignacio Arellano Mora
El diputado federal Patricio Chirinos del Ángel, propuso reformar el artículo 51 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El legislador por el Estado de Veracruz precisó que el mal manejo económico ha devastado el sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos en la cartera vencida.
En lo que va del presente año, expresó, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos y tanto las sociedades de información crediticia como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores.
“Entre estas instancias, no se intercambian la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada, para uniformar sus bases de datos”, acotó.
Además, señalan a los clientes, de acuerdo a un catálogo de clasificación interna establecido arbitrariamente por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México.
En este documento clasificatorio se contemplan rangos identificados con el número 9, que pueden denotar desde un atraso, en los pagos del crédito, de más de 12 meses, hasta el fraude por parte del deudor, esto muy a pesar de ya haber negociado una reestructura o quita en el crédito por parte del consumidor.
Continúo, “existe la incertidumbre de personas que aun mostrando voluntad de solución, siguen siendo señalados como morosos, y en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99 que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos”.
No obstante los abusos aquí mencionados, abundó, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros venden a despachos de abogados sus carteras vencidas, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes, mediante llamadas telefónicas de acoso, realizadas en todo momento, incluso en horas de madrugada, y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores.
“Debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares, ya contemplado en la ley, para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales. Es incuestionable que sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme”, dijo.
LEMENTABLE EL ESCENARIO ECONÓMICO
En la máxima tribuna, el diputado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) comentó que “es en verdad lamentable el escenario económico al que millones de mexicanos estamos sometidos en la actualidad. Esto, como todos saben, deriva de las erróneas políticas económicas instrumentadas por el Gobierno Federal durante los últimos años”.
Resaltó el político veracruzano que “sumemos a estas incapacidades, la muy lamentable consecuencia de la pérdida desmedida de cientos de miles de empleos, que ha deteriorando el bienestar familiar afectando su poder adquisitivo y la natural necesidad insatisfecha de salir adelante”.
El mal manejo económico ha ido devastando el sistema crediticio nacional, frenando en gran medida la capacidad de pago de los créditos adquiridos por los deudores e incrementando exponencialmente los casos en la cartera vencida.
Es común enterase, agregó, a través de la prensa nacional, así como de instituciones, dependencias entre otros, de informes que corroboran la gravedad de la situación económica, que nos proporcionan cifras alarmantes, confirmando la problemática de los millones de endeudamientos.
Resaltó que en lo que va del presente año, 650 mil personas han dejado de pagar sus créditos.
“Tanto las sociedades de información crediticia como bancos y entidades prestadoras de servicios financieros, violan constantemente los derechos de acceso a la información de los deudores. Entre estas instancias, no se intercambian la información de los créditos en tiempo real, de manera expedita, oportuna y adecuadamente actualizada, para uniformar sus bases de datos”, acotó.
Además, indicó, señalan a los clientes, de acuerdo a un catálogo de clasificación interna establecido arbitrariamente por las propias sociedades de información crediticia y el Banco de México.
EXISTE LA INCERTIDUMBRE DE PERSONAS
“Pero no basta con la reclasificación administrativa en el Buró de Crédito, con el objeto de incluir a casi 2.7 millones de personas que reestructuraron su deuda. Existe la incertidumbre de personas que aún mostrando voluntad de solución, siguen siendo señalados como morosos, y en el peor de los casos, como delincuentes, registrándoseles con el número 99 que significa fraude cometido por el consumidor, inhibiendo automáticamente la posibilidad de los afectados para poder adquirir nuevos créditos”.
Más adelante, detalló, “frente a este panorama citemos como ejemplo un cuestionamiento: ¿cómo será posible que el titular de la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras, a sabiendas de la terrible situación crediticia, manifestando en la prensa su informe e intención, no haya solicitado desde hace tiempo, reclasificación en los catálogos al Banco de México, informando oportunamente de este asunto a los consumidores, deudores, sociedades de información crediticia y bancos o instituciones prestadores de servicios financieros?”.
Continúo, “esto sólo significa una cosa: que de cualquier manera el afectado será siempre el consumidor, siempre se verá dañado en sus derechos el deudor y siempre tendrán la razón el Buró de Crédito y las prestadoras de servicios financieros”.
Indicó que “no obstante los abusos aquí mencionados, los bancos e instituciones prestadoras de servicios financieros, venden a despachos de abogados, sus carteras vencidas, quienes utilizando el hostigamiento en el cobro ilegal a los deudores, se valen de arbitrarios argumentos y palabras altisonantes, mediante llamadas telefónicas de acoso, realizadas en todo momento, incluso en horas de madrugada, y hasta con actitudes prepotentes y amenazantes frente a la presencia física de los deudores”.
Argumentó el diputado veracruzano que “debemos fortalecer el régimen de sanciones ejemplares, ya contemplado en la ley, para que estas instituciones cumplan con transparencia y seriedad sus obligaciones legales”.
RESPONDER SIEMPRE
Tanto las sociedades como los usuarios deben responder siempre, no solamente cuando haya culpa "grave", como dice actualmente el artículo 51, sino en todos los casos de imprudencia o negligencia en el manejo de la información puesto que independientemente del grado de intencionalidad de la conducta, lo que debe dar lugar a la asunción de una responsabilidad es la consecuencia que sufre el cliente, la cual puede traducirse en un daño a su patrimonio, pero también en un perjuicio cuando deje de obtener un crédito por el registro indebido de una morosidad, cuando por ejemplo, su cumplimiento no fue reportado a tiempo.
“Es incuestionable, qué sólo se podrá avanzar y dar solución con mano firme”, criticó.
Velar por los intereses de la sociedad es una de las responsabilidades de los legisladores de la República. Por ello incidiremos en la solución del problema de cartera vencida.
En tribuna, concluyó el legislador Patricio Chirinos del Ángel que “esta es una de las tareas primordiales y un compromiso adquiridos por los integrantes del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario