Aurora Cordero Pérez
Los graves problemas económicos, políticos y sociales del país no se van a resolver con decretos autoritarios, como el emitido por Felipe Calderón para liquidar la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y deshacerse del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), afirmó el senador Luis Maldonado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Convergencia y el coordinador del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, Pedro Jiménez León.
El dirigente nacional del partido aseguró que la falta de claridad en los objetivos buscados, la forma artera en que se realizó la ilegal ocupación de las instalaciones (antes que se publicara en el Diario Oficial el documento liquidador), la hora y el día escogidos para ejecutar la operación (alrededor de las 11 de la noche del sábado 10), la amañada aplicación de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (Calderón invoca el artículo 16 para justificar su decisión, pero omite el 15 que lo limita), el desempleo de más de 60 mil trabajadores ordenado por “el presidente del empleo” en medio de una crisis que tiene a tres millones de mexicanos sin trabajo, no pueden sino provocar la condena enérgica de Convergencia.
Citaron Maldonado y Jiménez León que el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales determina, en efecto, que cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.
Pero el último párrafo del artículo 15 de la misma ley, agregaron ambos dirigentes de Convergencia, que parece deliberadamente ignorado por Calderón, precisa que: “En la extinción de los organismos descentralizados deberán observarse las mismas formalidades establecidas para su creación, debiendo la Ley o Decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación”.
El decreto liquidador genera más preguntas que respuestas claras y, por ende, parece obedecer más a una estrategia política y antisindical del gobierno que a una decisión de Estado en beneficio de la sociedad. Si bien el proceso liquidador de la LyFC quedó abierto desde la década de los años 70, la administración de Calderón lo está culminando con desaseo y opacidad.
¿Hacia dónde apuntan acciones como la realizada contra la CLyFC y el SME? ¿Quiénes siguen? ¿Qué sigue? ¿La reforma al párrafo sexto del artículo 27 constitucional? ¿El retorno fantasmal de empresas herederas de la Mexican Gas and Electric Light Company Ltd o de la Mexican Light and Power Company?
Este golpe autoritario, en el que han brillado por su ausencia el diálogo y la negociación política, tendrá sin duda graves repercusiones y Felipe Calderón deberá asumir todas las consecuencias.
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