Ignacio Arellano Mora
“Oscuro e incongruente”, fue calificado por ciudadanos recurrentes el veredicto de “desechamiento improcedente” emitido por la Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), ya que al presentar en tiempo y forma un recurso de revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, la institución respondió con artimañas jurídicas para proteger aparentemente varios funcionarios que ocupan importantes carteras dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), coludiéndose en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que incluso uno de ellos ya fue detenido por la PGR acusado por el delito de peculado y malversación de fondos.
El recurso de revisión que emitió la dirección general jurídica del IEDF en contra del proceso de revisión y que contraviene la Ley en referencia, se suscribe en el expediente TEDF-OIP-305/2009, donde aparentemente conforme a su “veredicto”, pretende proteger a funcionarios que en el reciente pasado fueron sancionados por la Ley Federal de Transparencia y de los Servidores Públicos.
La respuesta de la institución fue “salomónica” ya que infringió con fundamentos antijurídicos al expresar su negativa a la transparencia, es decir, rechazó desplegar la interpósita demanda en contra de un funcionario de nombre Carlos Nava y otros.
Lo medular de esta investigación es en el sentido de que el IEDF hizo una erogación exageradamente millonaria que raya en la insolencia de actos de corrupción, es decir, que utilizó del erario federal más de 1.4 millones de pesos para remodelar y amueblar las oficinas de dos de sus cinco magistrados.
La Secretaría Administrativa del TEDF pagó un millón 370 mil pesos a la empresa Industrias Jafher por los muebles de las oficinas de los magistrados Armando Maitret y Miguel Covián, así como para su personal de confianza.
De acuerdo con información emitida en la página de Transparencia del Tribunal, la compra se llevó a cabo en abril mediante adjudicación directa del contrato TEDF/DRMS/AD/014/2009 que emitió la Secretaría Administrativa , a cargo de Carlos Nava.
Los muebles “con chapa de madera” costaron 164 mil 466 pesos, monto que de acuerdo con la Subdirección de Recursos Materiales, representó un incremento de ciento por ciento con respecto al valor en que se adquirieron artículos con las mismas características en 2008.
EXAGERACIÓN DE SOBREPRECIOS
La exageración de sobreprecios también se incurrió en la compra de dos sillas, cuyo precio fue de 102 mil 016 pesos, que en comparación con las adquiridas en 2008 también tuvieron un incremento de ciento por ciento.
El Tribunal adquirió además dos mesas para la sala de juntas con un costo de 45 mil 804 pesos; así como una sala de espera general con valor de 162 mil 058 pesos.
En el recurso de revisión, se demanda la aclaración porqué se compraron cuatro módulos operativos para igual número de usuarios con un valor de 160 mil 660 pesos; el mobiliario para seis oficinas de los secretarios de estudio y cuenta con un valor de 185 mil 880 pesos. En tanto, los muebles para las oficinas de seis secretarios auxiliares costaron 144 mil 216 pesos.
El contrato incluyó la reparación y adecuación de la mesa de juntas modular utilizada por los cinco magistrados, cuyo costo ascendió a 62 mil 180 pesos. En el acuerdo que autoriza la adquisición se explica que para el pago de los muebles se empleó un millón 129 mil 138 pesos de la partida “mobiliario” del presupuesto 2009 del Tribunal; en tanto que 71 mil 507 corresponden a saldos de la venta de vehículos propiedad del Órgano. Los 169 mil 370 pesos restantes correspondieron a la partida de impuestos y gastos fedatarios del presupuesto del TEDF.
Esas no son las únicas adquisiciones del órgano en lo que va del año, pues la Secretaría Administrativa adquirió 28 cubiertas de cristal para mesas de madera y 30 mesas de cristal en 88 mil 37.1 pesos con el proveedor Israel Vargas.
De igual forma el Tribunal erogó 269 mil 715 pesos en la colocación de mosquiteros y película reflecta en sus ventanas, limpieza de vidrios; impermeabilización de su terraza y mantenimiento de su planta de emergencia.
El Consejo Mexicano de la Publicidad en sendos comerciales televisivos, solicitó públicamente a la sociedad llamar “corruptos” y “ladrones” a quienes participan en esas actividades para enriquecerse ilícitamente.
Es de extrañarse que en el TEDF se desconozcan ingenuamente o se les olvide el pasado real de Carlos Nava Pérez, ya que se tiene el antecedente que Javier Castillo Ayala, ex contralor del IEDF y ex contador mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue precisamente el jefe de Carlos Nava Pérez cuando ocupó el cargo de Director General de Administración y Finanzas, Director General de Auditoría al Sector Paraestatal, Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (1994-1999) y Contaduría Mayor de Hacienda del Palacio Legislativo de San Lázaro (1991-1994), “cuando precisamente la corrupción y el cinismo operó en la entonces CMHF”:
Aparentemente, Carlos Nava junto con su compañero y presunto cómplice Luis Humberto Sangino Rovira, éste recibió las denuncias en su contra, para que él mismo las resolviera en contra de ambos, por acuerdo de la Contaduría Mayor.
Se menciona también que es evidente que en el TEDF ética y posiblemente legalmente, no era correcto las actividades de estos dos funcionarios debido a sus antecedentes de corrupción juntos en el TEDF, por lo que es urgente que Carlos Nava explique si informó al Pleno del TEDF de esa anómala situación.
En la edición del viernes 15 de junio de 2007, el periódico “ La Jornada ” publicó parte de la lista de más de 50 personas que aparecen como “aviadores” y destaca que una de las secretarias del empresario argentino Carlos Ahumada cobraba en 2003; y con la clave 07, aparece LH Sanguino, cuyas iniciales coinciden con el nombre del ex contador mayor Luis Humberto, y con la clave 11, Carlos Nava, también ex contador mayor.
DESCOMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
El grado de descomposición administrativa llevada a cabo por esos presuntos funcionarios corruptos, fue cuando el contador mayor de Hacienda de la ALDF , Carlos Nava, recobró su libertad bajo fianza del Reclusorio Norte, luego de dejar en prenda 1.4 millones de pesos.
El juez primero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en la Ciudad de México, Tereso Ramos Hernández, le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, tuvo que concederle la libertad bajo fianza debido a que el delito de ejercicio abusivo de funciones que se le atribuyó fue cometido en 1996, cuando todavía no se consideraba como grave.
De acuerdo con la averiguación previa que cumplimentó la Procuraduría General de la República (PGR), en junio de 1996, Carlos Nava Pérez utilizó a su esposa para ganar una licitación pública que le produjo un beneficio económico de 585 mil 770 pesos.
Carlos Nava incurrió presuntamente en el ilícito al participar en una licitación convocada por la delegación Xochimilco para la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos de carga y transportación, sin tener derecho a ello por ser funcionario público, al ocupar en ese momento el cargo de director general de Auditoría al sector paraestatal de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Para ganar dicha licitación, Carlos Nava manipuló a su cónyuge al designarla como la administradora única de la empresa denominada Ranasa de Hidalgo, S. A. de C. V., de la cual era socio. Desde el 14 de julio de 2000, el Ministerio Público Federal consignó la averiguación previa 918/DAMJ/99, y solicitó una orden de aprehensión en contra de Carlos Nava, accionista y tesorero de la empresa Ranasa.
Pero el 18 de octubre de 2000, el juzgado primero de distrito, dentro de la causa auxiliar 123/000, negó la orden de aprehensión. Dicha resolución fue apelada por el MP, por lo que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito libró la orden de aprehensión que cumplimentó la PGR el 15 de marzo de ese año, cuando Carlos Nava fue detenido.
De acuerdo con la causa auxiliar 123/2000, también existió orden de aprehensión en contra de Raúl González y Guadalupe Ramírez, dos cercanos colaboradores de Nava. Los hechos fueron denunciados por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, de la anterior legislatura ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
El juez federal Tereso Ramos les fijó una fianza de 600 mil pesos para garantizar los gastos del proceso judicial, 210 mil pesos por la multa que se le impuso, así como 585 mil 770 pesos para garantizar la posible reparación del daño.
Después de observar e investigar las múltiples actividades en pro de sus negocios personales y familiares, así como encubrir la corrupción en la Comisión Mayor de Hacienda (CMH) de la ALDF , no se descartó que la PGR siga investigando a estos malos funcionarios, pues se presume que han cometido un sistemático enriquecimiento inexplicable, junto con varios de sus colaboradores que todavía laboran en el TEDF y con un pasado oscuro, protegidos a través de actos de simulación y de fiscalización por la ALDF.
Al cabo del tiempo, aun no se explica un sentido ético por parte de los titulares del IEDF la propuesta y nombramientos de estos funcionarios con sus antecedentes, pero eso no es “ofensivo” para el TEDF, sino que el particular que promovió el recurso de revisión está demandando transparencia, acto que no se ha cumplido por parte del INFODF.
INCUMPLIMIENTO PETITORIO
El IEDF en forma desagradable incurrió en la omisión al negarse para dar respuesta a 15 importantes y torales puntos petitorios en la solicitud de Información promovida, donde se demanda que detallara sobre todos los estudios de mercado realizados por la institución, así como la de sus colaboradores desde la llegada de Carlos Nava Pérez; detallar por número consecutivo acerca de todos los contratos firmados y autorizados por este mismo funcionario desde su llegada.
Fundamentalmente se exige a través de las leyes mexicanas, que diera a conocer qué contralor o subalternos sobre la revisión citando nombres fechas y razón de todos los contratos; la cronología exacta de los montos pagados y la adquisición con precios unitarios en todas las licitaciones e invitaciones, así como los procesos de adjudicaciones directas.
El IEDF se negó a proporcionar las razones sociales de todas las empresas o particulares contratadas con la compra realizadas; nombre de los propietarios de las empresas contratadas con su escritura constitutiva y sus datos de cada una de ellas; las declaraciones patrimoniales de Carlos Nava Pérez y sus colaboradores; copia de todos los documentos que acrediten el cumplimiento a todas sus obligaciones de transparencia de su área desde su llegada incluidas las del Contralor en su momento.
El IEDF también expresó su omisión sobre la negativa de informar cuántos funcionarios han sido sancionados, el monto económico de las sanciones emitidas y cuántas fueron saldadas por presuntos responsables desde la creación de dicha Institución.
Se dio incumplimiento a la solicitud de todas las auditorias practicadas por la Contraloría respectiva; cuántos funcionarios han sido sancionados económicamente, el monto y tipo de sanción; así como de todos los asuntos recibidos de la Contaduría Mayor de la ALDF y la Auditoría Superior de la Federación , si fuese el caso.
El acuerdo del no ejercicio de la acción penal que ejerció la PGR contra Carlos Nava Pérez; que diera a conocer el acuerdo de archivo de las denuncias penales y administrativas en contra de éste funcionario y sus más cercanos colaboradores; nombre, cargo y razón de los funcionarios del Tribunal que contrataron a “este ejemplar funcionario corrupto” o montos que han recibido por sus compras con sobreprecios y dirigidas a sus empresas, familiares y socios de presunto enriquecimiento ilícito”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario