Ignacio Arellano Mora
En los informes anuales ofrecidos por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales en los Estados Unidos (NCSL, por sus siglas en inglés) se puede constatar que entre 2006 y 2008 se incrementó significativamente el número de iniciativas de ley en materia migratoria en los congresos estatales, toda vez que su número pasó de 570 en 2006 a mil 305 en 2008.
Dicha tendencia parece confirmarse en 2009, toda vez que para el 30 de junio del presente año se tenían registradas al menos mil 400 iniciativas, de acuerdo con un análisis del Consejo Nacional de Población (Conapo).
En su mayoría, estas iniciativas han sido desechadas en primera instancia en los propios congresos estatales, derivado de la ponderación de los costos político-sociales que acarrea su discusión y posible aprobación. Sin embargo, 41 de los 50 estados de la Unión Americana promulgaron leyes relativas a la migración el año pasado.
El estado de Hawáii ocupa el primer lugar en el número de leyes promulgadas en 2008 (16), seguido por California (15), Arizona (13), Utah y Virginia (12 cada uno) y Colorado (10).
Otros estados igualmente activos, pero con un número ligeramente menor de leyes fueron Florida, Georgia y Nueva York. Cabe destacar el caso particular de Arizona, que en años anteriores mostró una mayor actividad legislativa en esta materia, en 2008 no se colocó entre los estados con el mayor número de leyes aplicables (sólo 5), en comparación con las 15 promulgadas el año anterior.
La materia abordada por las leyes promulgadas en los distintos estados se ha diversificado. Entre 2003 y 2004 la mayoría de las leyes promulgadas se refieren al tráfico de personas; en cambio, en 2008 las nuevas leyes incluyen un espectro de temas más amplio, repercutiendo directamente sobre las condiciones de inserción social y laboral de la población inmigrante –principalmente indocumentada – avecindada en cada entidad, como son la cobertura de salud; servicios y asistencia legal, así como acceso a educación.
En 2008, siete de cada diez leyes promulgadas fueron de carácter restrictivo, es decir, que impiden el acceso de la población inmigrante indocumentada a los beneficios que proporciona el estado, toda vez que establecen como criterio de elegibilidad la ciudadanía o la presencia legal de la persona en el país; leyes que restringen o inclusive prohíben el uso de ciertos documentos de identificación expedidos por gobiernos extranjeros; leyes que restringen el acceso al mercado laboral de quienes no cuentan con autorización para trabajar; y leyes que penalizan la inmigración ilegal, entre otras.
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