Ignacio Arellano Mora
El cierre de Luz y Fuerza del Centro se apega a la ley y a la Constitución, así lo señaló el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont, asimismo, manifestó que se mantienen abiertos los canales de diálogo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
En conferencia de prensa en el Antiguo Palacio de Covián, el funcionario federal agregó que hasta el momento no se tienen reportes de sabotaje al suministro de energía eléctrica.
El secretario de Gobernación abordó asuntos jurídicos sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro, donde fue acompañado por el consejero jurídico de la Presidencia de la República, Miguel Alessio Robles.
Expresó que en relación a las diversas declaraciones que las partes han emitido este lunes, el gobierno federal reitera que la expedición del decreto cumplió con los requisitos legales, “por tanto, el Ejecutivo sostiene y sostendrá la legalidad” de la extinción de la paraestatal.
Precisó que la extinción de LFC pudo ser liquidada por decreto presidencial pues fue creada de la misma manera en febrero de 1994.
Por otro lado, indicó que el Gobierno Federal sostiene “un canal de comunicación, una mesa de diálogo que tenga por efecto verificar que los derechos queden debidamente respetados”.
“Somos gentes de paz y queremos consolidar las vías pacíficas para el proceso de extinción de Luz y Fuerza del Centro”, aseguró.
El funcionario federal adelantó que presentarán, ante las instancias jurídicas correspondientes, todos los argumentos para demostrar que el proceso fue escrupulosamente legal.
Reiteró que el gobierno sostendrá su política de tarifas públicas en el suministro de energía, pero al insistirle si se garantiza el no aumento de las tarifas eléctricas, respondió que lo que se busca es que la operación pueda ser financiada "a través del pago de los usuarios como sucede en todo el resto del país".
Dijo que el gobierno "sostiene y sostendrá la legalidad de la medida", y sobre la determinación de algunos trabajadores de tramitar amparos en contra del acto jurídico que ocasionó la desaparición de su fuente de trabajo, Gómez Mont señaló que determinar la procedencia le corresponderá a los jueces federales.
El secretario de Gobernación indicó que, de acuerdo a la información recabada, no tienen elementos que indiquen posibles sabotajes; por el contrario, se han reportado problemas a los que calificó de "cotidianos".
"Esperemos que todas las partes se conduzcan por la vía de la legalidad, pacífica y seria, conducirse unos y otros con decoro y con respeto", acotó.
Reiteró el señalamiento de que LyFC era una compañía deficiente y en su gestión era corresponsable el sindicato.
Al preguntarle si el Gobierno Federal tiene detectada alguna entidad o dependencia que opere como LyFC, con deficiencias, el funcionario sólo respondió que el gobierno "constantemente trabaja sobre la productividad y la eficiencia de los organismos productivos del sector público.
En LyFC lo intentamos durante mucho tiempo, el propio sindicato era corresponsable de la gestión, la capacidad de modernizar a LyFC estuvo impedida y obstaculizada por el propio ritmo y falta de productividad.
Por último, el secretario de Gobernación resaltó que “el análisis que hemos presentado es de una comparación entre una empresa pública y otra, no es un análisis distinto. Los resultados son totalmente diferentes".
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