Ignacio Arellano Mora
Fue capturada por la Policía Judicial una defraudadora de vivienda que presumió ser una alta funcionaria e influyente no sólo del Instituto de Vivienda del Distrito Federal (INVI), sino fungir como “asesora jurídica” del secretario de Gobernación (Segob), Fernando Gómez Mont.
Se presume que el presunto delito de fraude genérico, asentado en la Averiguación Previa VC/374297/09-11, asciende a más de un millón de pesos, resultando agraviadas más de 20 familias mismas que ya rindieron su querella ante el representante social de la delegación Venustiano Carranza.
En forma altanera y en la víspera de su detención, quien se dijo ser también lideresa de vivienda del INVI y que corresponde al nombre de Ana Laura Méndez, presumió que “gracias a su influyentismo”, saldría librada de este embrollo jurídico, sólo que la presunta fue detenida por orden judicial.
Aun cuando la Secretaría de Gobernación no ha corroborado si efectivamente es alta funcionaria del abogado Gómez Mont, la presunta defraudadora de vivienda incumplió desde hace dos meses su promesa de adjudicar una vivienda a personas de escasos recursos.
Sin embargo, en el acta ministerial se describe que la lideresa de vivienda fue capturada por judiciales por actos de corrupción e impunidad, es decir, se presume que forma parte de una banda de malos funcionarios que explotan las necesidades amparados con las políticas del INVI-DF. Incluso, utilizaba a sus familiares que acudían a cobrar fuertes montos de dinero, por lo que el MP investiga a varias personas más.
En estos momentos, Ana Laura Méndez se halla detenida en el Ministerio Publico de la agencia en Venustiano Carranza, cuyo representante social está integrando conforme a la ley la querella, y se espera que en breve, Ana Laura Méndez, será consignada a un Reclusorio Preventivo del Distrito Federal.
Con orden judicial por más de 20 denunciantes en contra de Ana Laura Méndez, ésta comenzó una carrera delictiva al defraudar a ese conjunto de personas al tramitar la compra de varios predios ubicados en la calle Proaño, en la delegación Venustiano Carranza; en la calle Miguel Caballero, número 4, en la colonia Obrera, entre otros.
Los demandantes indicaron que hicieron cuantiosos depósitos siéndoles entregado recibos apócrifos por cantidades que fluctúan desde los 55 mil pesos hasta los 105 mil pesos, solo por entrar al proyecto de vivienda por un pago de adeudo de predial y agua de 12 mil pesos. A los querellantes también les pedían 5 mil 800 pesos a cada uno de los necesitado de vivienda, logrando amasar un fraude superior al millón de pesos.
Al respecto, una de las defraudadas de nombre Alma Guadalupe Hernández Romero, le dio a Ana Laura Méndez más de 105 mil pesos por “apartar” dos lugares de vivienda, localizados en Oriente 54, número 83, entregándole recibos pero con firmas diferentes.
Ana Laura Méndez, cabe remarcar, se dice protegida por funcionarios de la Secretaría de Gobernación y del INVI, por parte de importantes funcionarios de nombre Martha Escamilla y Fernando Montes, entre otros, siendo señalados en la AP/VC/374297/09-11.
Trascendió el temor de las denunciantes, es decir, “que se presenten los abogados del Diablo", acuerden con el MP en turno, y le den la salida ante las amenazas de muerte en contra de ellas.
COMPARENCIA DEL DIRECTOR DEL INVI
En reunión de trabajo con la Comisión del Distrito Federal de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, el director general del Instituto de Vivienda de la capital del país, José Antonio Revah Lacouture, manifestó la necesidad de atender entre 15 y 20 mil familias de bajos ingresos asentadas en 115 sitios de alto riesgo en 8 delegaciones.
El funcionario precisó ante los integrantes de este órgano legislativo, que para atender a las familias que viven en estos sitios se necesita de un presupuesto estimado de mil 100 millones de pesos.
Subrayó que entre las delegaciones con problemas de este tipo se encuentran: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Tláhuac, Cuauhtémoc, Benito Juárez y Venustiano Carranza.
Aseguró que las zonas de alto riesgo se han dividido en tres tipos: en riesgo hidrometeorológico, donde se encuentran mil 347 familias que habitan en cauces, laderas, taludes.
Riesgo estructural, que se refiere a vecindades en donde viven 6 mil 522 familias; y riesgo geológico en el cual se encuentran 866 familias, que tienen sus hogares en grietas, hundimientos o cavernas.
El funcionario no dio pormenores de cuántos funcionarios del INVI-DF se han enriquecido ilícitamente bajo el amparo del poder, pese a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reconoce que ese instituto se ha convertido en la cueva de Alí Baba y de traficantes y defraudadores de vivienda en contra de las clases más necesitadas.
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