Aurora Cordero Pérez
Para fortalecer el diálogo entre los Poderes Federal y Legislativo, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) planteó la importancia de modificar la Ley Orgánica del Congreso de la Unión , para lo cual propuso cambiar y adicionar diversos artículos de la Constitución Mexicana.
Ello con el propósito de que las Cámaras de Diputados y Senadores puedan, por mayoría simple, ratificar los nombramientos de los secretarios de Estado que haga el Ejecutivo Federal.
En tanto, que los integrantes del Senado ratifiquen a los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Marina y de la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con la iniciativa del PRD, firmada por los diputados federales Jesús Zambrano Grijalva y José Luis Jaime Corre, ambas Cámaras tendrían la facultad de aplicar la moción de censura a funcionarios públicos.
“Esto si el funcionario, después de haber ocupado el cargo, perdiera –por el desempeño inadecuado de su responsabilidad–, la confianza de la Cámara que lo ratificó y ésta pudiera, por mayoría calificada de dos terceras partes al momento de la votación, incluso separarlo de su cargo”.
De igual manera, ambos legisladores proponen que en la Carta Magna se establezca un plazo adecuado para que el Presidente de la República promulgue las leyes que expida el Congreso de la Unión , fijándose en un periodo no mayor de 30 días útiles a partir de su expedición.
“De lo contrario, el propio Congreso de la Unión quedaría facultado para exigir la publicación de dichas leyes al titular del Diario Oficial de la Federación , y con ello habremos de eliminar la facultad discrecional que tiene el titular del Ejecutivo –conocida popularmente como “veto de bolsillo”–, para empantanar el proceso de promulgación y publicación de leyes y reformas”.
Según la iniciativa perredista, también se determinaría en la ley que los funcionarios comparezcan ante comisiones de manera cotidiana, informando siempre bajo juramento de decir verdad y con toda oportunidad.
En caso contrario, señaló el documento, serían sujetos a juicio político todos los funcionarios públicos de alto nivel sin excepción, incluido el Primer Mandatario, los secretarios de despacho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los procuradores, así como los senadores y diputados, entre otros.
“Necesitamos tomar otra vez el timón de la democratización del país y colocarnos a la altura de los cambios que exige la sociedad. Necesitamos emprender de nueva cuenta una metodología que recoja los avances que se lograron en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos (CENCA), y que nos permita arribar a nuevos acuerdos y consensos. Debemos, como paso fundamental y primigenio, transformar el órgano reformador del país, que es justamente este Congreso de la Unión y en particular esta Cámara de Diputados”.
Zambrano Grijalva y Jaime Correa sostienen en su iniciativa que la agenda política nacional exige equilibrar los poderes públicos, además de que en un país de acendrado presidencialismo es urgente fortalecer al Poder Legislativo.
“Es conferirle rasgos parlamentarios a nuestro sistema político, ya que se trata de dotar a este Poder Legislativo de mecanismos que aumenten su capacidad fiscalizadora y ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, para que rinda cuentas de sus actos a las Cámaras legislativas de forma más cotidiana”.
Asimismo, sostienen que la alternancia en el poder no ha podido resolver los grandes rezagos que vive el país, ya que la población no ha visto reflejada en sus bolsillos, su forma de vivir o de subsistir, claros dividendos de la democracia.
“Estos últimos 20 años se han caracterizado por un grave deterioro económico, profundizado por un modelo neoliberal de desarrollo que ha llegado a su fin. La fórmula de alternancia política y continuidad económica nos ha llevado a una crisis de desempleo, de inseguridad, de mínimo crecimiento y de pérdida de presencia y competitividad internacional sin precedentes en nuestra historia reciente.
“Por tanto, debemos impulsar la transición de un modelo basado en la especulación financiera y en la exportación, a uno basado en la producción e inversión en bienes, servicios y conocimiento”, destacan en su iniciativa ambos legisladores.
Para los perredistas Jesús Zambrano y José Luis Jaime, si bien la sociedad mexicana ha experimentado gestiones de gobiernos municipales, estatales y federales de diferente signo, que han representado experiencias positivas y renovadores, también muchas de ellas han sido desalentadoras y hasta traumáticas, sobre todo porque la corrupción ha hecho presa de muchos de estos gobiernos.
“La corrupción no tiene ideologías; tiene apetito por el poder. Se ha pluralizado la transa y no hemos ni siquiera logrado transparentar suficientemente las prácticas gubernamentales. No hemos logrado incubar el profundo significado de la austeridad en el gasto corriente de los poderes, todos ellos dispendiosos, todos ellos con grandes franjas de opacidad, con una crecida sin precedentes en la alta burocracia, sobre todo, del poder ejecutivo”.
Otro de punto que destaca la iniciativa de ley, es una modificación a las fechas de presentación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación cuando el Ejecutivo inicie su encargo.
De esta manera, el Ejecutivo Federal entregaría su Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de diciembre y la Cámara de Diputados tendría que aprobarlo a más tardar el 31 de diciembre de ese mismo año.
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