Aurora Cordero Pérez
El Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (CEAMEG) presentó su estudio “Diagnóstico sobre la incidencia de los delitos cometidos por las mujeres privadas de su libertad, procesadas y sentenciadas”.
La diputada federal Mirna Lucrecia Camacho Pedrero, del PAN, integrante de la Comisión de Equidad y Género, señaló que es muy frecuente la presencia de violencia en la vida de las mujeres que enfrentan una acusación penal y más aún que dicha violencia esté íntimamente ligada al hecho delictivo que se les imputa.
“Estamos en correlación con el CEAMEG para trabajar a favor de las mujeres y por todos los sectores que necesitan de esa equidad que estamos buscando a través de este trabajo”, subrayó.
La directora del CEAMEG, María de los Ángeles Corte, precisó que el objetivo general de este estudio es conocer la incidencia de los delitos cometidos por mujeres privadas de su libertad procesadas y sentenciadas desde la perspectiva de género y los derechos humanos.
La directora del Centro de Readaptación Social Femenil de Atlacholoaya, Morelos, Margarita Ríos, indicó que en esta ciudad más del 50 por ciento de las internas están por delitos contra la salud, “la mayoría por perseguir al hombre, por ayudarle o por conseguir una mejor situación económica para mejorar la situación de sus hijos”.
Comentó que el 90 por ciento de las internas no tiene la capacidad económica para tener un abogado particular y se ven inmersas en su nula o mala defensa.
Aclaró que se debe considerar qué hacer con las internas que tienen una sentencia larga. “Habría que modificar el tratamiento técnico progresivo para que se pudiere ofrecer una oportunidad a aquellas mujeres y un parámetro no tan largo.
“No podemos llevar un tratamiento de 50 ó 70 años; eso sería irrisorio y no podría ser alcanzable; algunos tratadistas han dicho que con 10 años de tratamiento la gente puede modificar su conducta, después de los 10 años ya no se puede hacer nada por ellos”, agregó.
Por su parte, la directora del Centro de Readaptación Social Femenil de Santa Martha Acatitla, Martha Robles García, enfatizó que la mujer es doblemente castigada, ya que recibe reproches de la familia y la sociedad. “El abandono de la mujer en relación a la visita íntima es elevada, actualmente de 940 mujeres que dicen tener pareja, sólo 131 reciben visita íntima”.
Señaló que en el sistema penitenciario mexicano se castiga la pobreza y no el hecho delictivo en sí, dado que el mayor porcentaje de personas privadas de su libertad pertenecen a núcleos sociales desprotegidos que los vuelven víctimas o victimarios.
ESTUDIAR EL GRADO DE VIOLENCIA
Consideró que se debe analizar el grado de participación de la mujer en la estructura delictiva evitando con esto la inequidad de las penas, así como estudiar el grado de violencia que vive la mujer antes de cometer el hecho delictivo.
Además, incrementar las oportunidades de educación, capacitación y empleo remunerado en igualdad de condiciones.
En tanto, Claudia Domínguez, investigadora del CEAMEG, explicó que el estudio plantea que en 2007 México registró un total de 375 mil 939 personas vinculadas a una acusación penal, de las cuales 35 mil 645 fueron mujeres y 340 mil 294 hombres, es decir, 9 por ciento y 91 por ciento respectivamente.
En el fuero común los diez delitos de mayor incidencia son: lesiones, 36 por ciento; robo, 36 por ciento; daños en las cosas, 8 por ciento; despojo, 6 por ciento; fraude, 3 por ciento; homicidio, 3 por ciento; allanamiento de morada, 3 por ciento; encubrimiento, 2 por ciento; violencia intrafamiliar, 2 por ciento y amenazas, 1 por ciento.
En el ámbito del fuero federal son, en orden descendiente: narcóticos, previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego, en el Código Fiscal, uso de documentos falsos y robo, entre otros.
DELINQUEN MENOS
Entre los 20 y 44 años de edad se registra un mayor índice delictivo por parte de las mujeres procesadas y sentenciadas. En delitos de fuero común el rango es de 20 a 34 años; y en el fuero federal casi el 50 por ciento de las mujeres tiene 35 años.
Afirmó que el promedio de mujeres que delinquen frente al de los hombres es muchísimo muy bajo, 4.5 por ciento de la población frente a 95.5 por ciento.
“Las mujeres delinquen menos porque influyen los controles formales e informales como la religión, educación, factor socio-cultural. Cuando una mujer comete un hecho delictivo es siempre por influencia de un hombre, es muy raro el hecho en donde lo cometa por sí misma”, comentó.
Resaltó que es absurdo que hoy en día jueces, ministerios públicos y policías tengan invisible la violencia de género en la persecución de los hechos delictivos, en la mayoría ha incidido esta violencia de género.
“Urge que la legislación penal disponga que la violencia de género es un atenuante o excluyente de responsabilidad cuando se encuentra vinculada directamente a los hechos delictivos imputables a las mujeres”, dijo.
Añadió que la legislación penal debe contener alguna disposición específica en donde se obligue a los jueces a razonar sus sentencias con base en el análisis de la condición de género al momento de individualizar sus penas.
Por su parte, Nuria Hernández Abarca, coordinadora del diagnóstico, mencionó que conocer los delitos de mayor incidencia delictiva es un referente para ubicar hacia dónde se dirige la delincuencia organizada y en qué delitos los hombres utilizan a las mujeres para cometerlos, sin dejar de reconocer que puede haber alguna excepción, ésa no es la generalidad.
Puntualizó que la criminología elaborada con perspectiva de género puede dar información precisa al Poder Legislativo a efecto de que formule propuestas de reforma e iniciativas de ley que tiendan a abatir de hecho y de derecho la problemática que se regula.
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