Aurora Cordero Pérez
El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández, del PRI, señaló que en el país existen alrededor de 405 mil 712 familias jornaleras migrantes; el 40 por ciento de esta población son niños y niñas menores de 14 años que viven en condiciones precarias, que no cuentan con acceso a servicios básicos que les permitan un buen desarrollo físico y social.
“Uno de los sectores más vulnerables de México está formado por los hijos e hijas de jornaleros agrícolas migrantes, que son ejemplo de los infantes más marginados de la sociedad mexicana, ya que no siempre cuentan con acceso a servicios básicos, lo que provoca impactos negativos en su nutrición, salud, desarrollo, educación y perspectivas futuras”, subrayó.
Asimismo, reconoció que la Secretaría de Educación Pública solamente atiende el 12.5 por ciento de la demanda educativa de la población infantil agrícola migrante y se estima que alrededor del 20 por ciento del rezago educativo nacional en primaria se concentra en este sector.
“Otro problema para la atención escolar del niño migrante es que existe un desfase entre los tiempos que rigen los ciclos agrícolas y el escolar convencional, lo que provoca la interrupción constante del proceso educativo que se manifiesta en repetición o deserción definitiva, por lo que se requiere un uso flexible del tiempo escolar”, acotó.
Ante ello, el legislador exhortará, a través de un punto de acuerdo, al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Desarrollo Social para que atiendan el problema de los niños jornaleros migrantes a fin de procurarles los servicios de alimentación, salud y educación necesarios.
Ramírez Hernández resaltó que las niñas y niños jornaleros presentan altos índices de enfermedades, debido a diversos factores como los efectos negativos del medio ambiente, falta de defensas nutricionales, exposición permanente a riesgos en el trabajo, acceso limitado a agua potable, la inadecuada forma de aplicación en el uso de los plaguicidas y sobre todo la carencia de servicios básicos de salud que producen condiciones adversas de alto riesgo.
De igual forma, informó que cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establecen que en el país existen 3.6 millones de menores de cinco a 17 años que trabajan todos los días y la tercera parte de esta cantidad corresponde al sexo femenino.
Dijo que ante esta situación y en medio de una crisis económica que aún podría agravarse, es necesario el trabajo conjunto con los gobiernos de los estados, autoridades locales y municipales, el sector privado y toda la sociedad, “son fundamentales, pues hacen posible detonar la participación de todos en la promoción y protección de los derechos de los niños jornaleros migrantes”.
En este sentido, manifestó que de acuerdo con el registro del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, de septiembre de 2008 a enero de 2009, los 8 mil 177 indígenas que migraron como jornaleros se emplearon en las zonas agrícolas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas, provenientes de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
“El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia define al trabajo infantil como la participación de los niños y niñas en cualquier actividad económica que no perjudique u obstaculice su salud, desarrollo o educación, sin embargo, se estima que en México hay 3.3 millones de niños entre 6 y 14 años que trabajan en situaciones precarias para apoyar la economía de sus familias”, concluyó.
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