Ignacio Arellano Mora
El decreto presidencial para extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, (LyFC), contraviene preceptos legales ya que modificó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Sectorial de Energía, y más aún, el Congreso de la Unión no revisó esos cambios ni se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.
Así lo consideró el diputado federal Nazario Norberto Sánchez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados e integrante del grupo de trabajo que analiza la viabilidad de la acción jurídica por emprender con relación al decreto de extinción de LyFC.
A cuatro días de vencer el plazo para entregar conclusiones por parte de dicho grupo de trabajo, el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que ese hecho no puede ser ignorado por la autoridad judicial, que en estos momentos mantiene una suspensión temporal por la vía de amparo contra la extinción del organismo, con vistas a determinar si se otorga de manera definitiva.
Si bien en el PND ya se reconocía la ineficiencia de LyFC, al registrar pérdidas de energía de 33 por ciento, superiores a los estándares internacionales, se contemplaban al mismo tiempo transferencias de recursos cercanas a los 57 mil millones de pesos para el año 2012.
De tal manera, agregó Nazario Norberto, estas modificaciones nunca se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, lo cual es otro elemento para la controversia constitucional en el caso.
Igualmente debe abundarse el análisis de las facultades del Gobierno Federal en los principios constitucionales que derivan de los artículos 25, 26, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refieren a la rectoría del Estado en torno al desarrollo nacional
El legislador recordó que el próximo 24 de noviembre vence el plazo legal para que se pueda interponer la controversia Constitucional en el caso de extinción de Luz y Fuerza del Centro.
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