Ignacio Arellano Mora
Legisladores federales del PAN, PRI y PT se pronunciaron tajantemente contra la construcción de la Supervía Poniente ya que consideraron que dicha obra es ilegal al violar el derecho de los ciudadanos a estar informados acerca de su costo y por el brutal impacto ambiental y negaron que sea la única solución al problema vial de la zona.
Asimismo denunciaron un total hermetismo por parte del Gobierno del Distrito Federal al negarse a informar y entablar un diálogo con los vecinos de las delegaciones afectadas, sobre los alcances y beneficios que les otorgaría esta edificación.
“El Gobierno del Distrito Federal miente rotundamente o por lo menos emite verdades a medias en el tema de la Supervía Poniente que pretende construir en las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón de esta Ciudad”, denunció la diputada panista María de la Paz Quiñones Cornejo ante los medios de comunicación en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“La administración de Marcelo Ebrard Casaubon quiere hacer creer a los vecinos que esta obra es un hecho consumado, que su construcción es inevitable y es la única solución a los problemas viales del poniente de la Ciudad”, la legisladora reiteró que es absolutamente falso y que existen otros proyectos con visión metropolitana que solucionarían el caos vial de la zona.
La también secretaria de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados evidenció que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal está pasando por encima de la ley al imponer este proyecto y fue secundada por legisladores federales de diversos partidos políticos.
Acompañada de la senadora María de los Ángeles Moreno Uriegas del Partido Revolucionario Institucional, del diputado panista Agustín Castilla Marroquín, de los diputados por el Partido del Trabajo (PT) Mario di Constanzo Armenta y Laura Itzel Castillo Juárez, así como de vecinos de las delegaciones Magdalena Contreras y Álvaro Obregón, Quiñones Cornejo acusó al Jefe de Gobierno de no cumplir la normatividad establecida para la construcción de esta obra.
“El Gobierno capitalino impone sus proyectos al cobijo de la opacidad, no sólo lo decimos nosotros sino también la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) quien le ha solicitado que satisfaga el derecho a la información de los ciudadanos, consagrado en la Carta Magna”, por ello exhortó al Jefe de Gobierno a que respete los derechos de las comunidades de la Magdalena Contreras y Álvaro Obregón.
Quiñones Cornejo afirmó que Ebrard Casaubon ha dicho que la información de la Supervía está disponible en la página electrónica www.obrasenmiciudad.df.gob.mx, “pero ya la visitamos y no contiene el proyecto, estudios ni los programas de la obra”, acotó.
MÁS OBRAS PARA LOS SERES HUMANOS
En el mismo sentido, la senadora priísta María de los Ángeles Moreno, presidenta de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, explicó la importancia de atender, primero, los temas que urgen a la Ciudad, como el agua, drenaje, salud, educación y seguridad y explicó que se necesitan “más obras para los seres humanos, para poder caminar, para sentirnos seguros y que haya menos decisiones unilaterales o decisiones parciales que la comunidad no conoce en su destino ni en su inicio”.
Urgió al Gobierno de la Ciudad de México a que exista un diálogo con los vecinos que se verán afectados por la construcción de esta obra y, sobre todo, “a que exista información y transparencia porque se desconoce el costo, la duración de la obra, qué beneficios traerá a la Ciudad, cuánto recibirán los constructores y si representará un endeudamiento grave para el Distrito Federal”.
ESCUCHAR TODAS LAS VOCES
Por su parte, la diputada Laura Itzel Castillo Juárez señaló que se debe tener un diálogo abierto y escuchar todas las voces, ya que son más de 50 hectáreas de suelo de conservación y zonas de recarga de mantos acuíferos que se están dañando en colonias como el Cerro del Judío, el Estanque, la Malinche, Cuauhtémoc, San Jerónimo Lídice, Lomas Quebradas y advirtió que en dichas colonias no se está aplicando la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.
Indicó que el Artículo 10 de la citada ley señala a la letra: “Los habitantes del Distrito Federal tienen derecho a emitir opinión y formular propuestas para la solución de los problemas de interés público o general y para el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones y la comunidad mediante los instrumentos de participación ciudadana previstos en esta ley”.
SÍ FALTA MUCHO DIÁLOGO
También el diputado petista Mario Di Costanzo Armenta consideró que el proyecto debe abarcar diferentes aspectos como el cambio de uso de suelo, el medio ambiente, además de mantener informada a la población, “es característica del Gobierno del DF tener un diálogo abierto y directo con los pobladores, me parece que ahora ha faltado un diálogo abierto, yo no digo que falte transparencia, pero sí falta mucho diálogo”.
Coincidió con los legisladores en que resulta necesario tener la certeza de que el proyecto será financieramente viable y generará un beneficio no solamente para la Ciudad.
ESCUCHAR A LOS VECINOS
En su turno, Agustín Castilla Marroquín denunció que en los últimos días funcionarios del Gobierno del Distrito Federal y delegacionales han buscado desacreditar el movimiento vecinal y participación de representantes populares, “es muy importante que nosotros cumplamos con nuestra obligación, escuchar a los vecinos y ponernos de su lado. Sólo se pide que se cumplan con todos los requisitos legales para la obra”, afirmó.
El legislador panista, Agustín Castilla Marroquín propuso que se convocara a una mesa de diálogo amplia, plural, para que se adopten las medidas de seguridad para proteger a los vecinos, indicó que se debe explicar claramente el impacto ambiental, vial, así como los alcances del título de concesión y adoptar medidas precautorias que dictó la CDHDF.
Por último, vecinos de las delegaciones afectadas pidieron a los legisladores y al Gobierno del DF que escuchen sus dudas, necesidades y temores ante la construcción de esta obra.
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