Aurora Cordero Pérez
La fracción del PRI en la Cámara de Diputados acordó eliminar la propuesta del Ejecutivo Federal sobre la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC), lo que significará un ahorro de 3 mil 104 millones de pesos, que serán útiles para reasignarlos en inversiones de combate a la pobreza.
El punto de acuerdo presentado por el diputado federal Arturo Zamora Jiménez, fue avalado por el grupo parlamentario, al considerar que no es una prioridad para el país en este momento, por lo que exhortaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) se abstenga de iniciar el respectivo programa de expedición de dicho documento.
El diputado Zamora Jiménez se pronunció porque la Segob, en coordinación con todos los ayuntamientos y autoridades federativas del país, realice previamente una campaña nacional de regularización de la situación de identificación que garantice a todos los mexicanos su derecho a la identidad.
El tema fue avalado por la diputada y presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, así como por el legislador Francisco Rojas Gutiérrez, coordinador de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados.
El legislador Zamora Jiménez apuntó que a pesar de que la Segob ha informado sobre las posibles ventajas de la Cédula de Identidad Ciudadana, no está claro qué va a ocurrir con las personas a las que por diversos motivos no se les ha registrado, por lo que el Estado no les garantiza su derecho a la identidad, nacionalidad o pertenencia a una familia.
Puntualizó que existen personas de bajos recursos económicos en situación de indocumentación, lo que los coloca en desventaja y los mantiene en marginación y discriminación por falta de un documento que garantice su identidad, lo cual incrementa para ellos el riesgo de sufrir vulneración a sus derechos.
Recordó que el acta de nacimiento no solamente hace posible el reconocimiento legal de la existencia de un niño, sino además la pertenencia a su familia, a una comunidad y a una nación. “Los preceptos jurídicos nacionales e internacionales establecen claramente el derecho al nombre como uno de los primeros derechos que tienen las personas”, enfatizó.
Sin embargo, señaló que de acuerdo a información del 27 de noviembre de 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el 15 por ciento de los niños y niñas que tienen menos de un año en la ciudad, no cuentan con su registro de nacimiento.
Por lo anterior, refirió que se debe hacer cumplir lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece: los Estados tienen la obligación no sólo de proteger el derecho al nombre, sino también de brindar las medidas necesarias para facilitar el registro de la persona.
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