Ignacio Arellano Mora
La Cámara de Diputados debe trabajar junto con las sociedades de notarios públicos para generar mecanismos de seguridad, con el fin de que impidan la transferencia de dominio de inmuebles, producto de presiones de secuestradores para el pago de rescates.
Así lo informó el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Nazario Norberto Sánchez, al señalar que es inaceptable este tipo de prácticas, ya que “legaliza” un delito grave.
Aseveró el legislador del PRD que propondrá al interior de su grupo parlamentario se trabaje en una propuesta seria y viable para que se impida este traspaso “fastrack” de propiedades, como las que han referido comerciantes y empresarios de Chihuahua y el Estado de México.
“Imagínese la impotencia de que su propiedad, vehículos y otras pertenencias sean cedidas con el aval de un notario público, que posiblemente ignore que se está prestando para legitimar un delito que lesiona severamente a nuestra sociedad, pero si no es así debe ser castigado”, acotó.
Le causó extrañeza que haya celeridad en este tipo de trámites, ya que a su módulo de atención ciudadana han llegado quejas de habitantes de Gustavo A. Madero, sobre el tortuguismo que al que se enfrentan en las notarías.
“Me aseguraron que hace más de un año y hasta dos que iniciaron la escrituración de sus propiedades y aún siguen esperando que les sea entregado su título debidamente legalizado, y ¿cómo es que un secuestrador obtiene tan rápido un bien ajeno?”, dijo.
Por tal motivo, Nazario Norberto demandó que estos casos sean investigados exhaustivamente para corrobar que no existe contubernio entre secuestradores y notarios, al tiempo que los bienes “traspasados” retornen a sus legítimos dueños una vez que los delincuentes sean aprehendidos.
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