Ignacio Arellano Mora
El presidente del grupo de trabajo que analiza la viabilidad del Decreto Presidencial que extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el diputado federal Alfonso Navarrete Prida, del PRI, informó que este miércoles los legisladores sostendrán su quinta y última reunión en la que emitirán una posición en torno a la medida del Ejecutivo, sin embargo, de no llegar a un consenso se someterá a consideración del Pleno.
Afirmó que de aprobarse la controversia constitucional, el Gobierno Federal debe reconocer nuevamente al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
¿Cabe la posibilidad de que entonces el decreto de extinción “se le caiga” al gobierno, y tenga nuevamente que reconocer al sindicato?
“Jurídicamente esa es una posibilidad. Cualquier acto de autoridad está sujeto al control de la constitucionalidad, y si en un amparo se gana por parte de los quejosos y se demuestra que ese acto violó garantías individuales, el acto queda sin efecto”, respondió el legislador del PRI.
La idea de su servidor, sustentó el legislador mexiquense Navarrete Prida, es que el Pleno lo decida. “Los grupos de trabajo no tienen una reglamentación definida, solamente el trabajo de las comisiones, y dado las posiciones tan polarizadas, lo más sano es estudiar meticulosamente cada uno de los argumentos, y si no hay consenso, llegar al Pleno con las dos posiciones”, puntualizó.
El diputado por el Estado de México, Alfonso Navarrete agregó que las posiciones deben estar analizadas para que la posible discusión en el Pleno se centre en el “por qué sí o no de la controversia constitucional, y esa sí será una responsabilidad del grupo de trabajo, hacer una mecánica que le permita precisamente al Pleno, pronunciarse sobre este particular”, acotó.
Explicó que el grupo de trabajo ha recibido el expediente administrativo que sirvió para decretar la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza de parte del Presidente de la República, así como documentación del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Igualmente, abundó el priista, información que han hecho llegar asociaciones de abogados, colegios de abogados, barras de abogados; análisis generado por los diputados y por la dirección general jurídica.
Empero, aclaró: “este grupo de trabajo no es una instancia jurisdiccional, no es una instancia judicial. Lo estamos haciendo en el mejor de los ánimos para que los derechos de terceros, como el amparo, lo que ha tramitado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, queden intactos”.
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