Ignacio Arellano Mora
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) manifestó que lo expresado éste miércoles por el subsecretario de Fomento a los Agronegocios, Jeffrey Max Jones, a medios de comunicación al término de la inauguración del Primer Foro “Enfoque de la Política Agroalimentaria en un Escenario de Crisis Global” no corresponde a la posición de esta dependencia.
En un comunicado de prensa, la Secretaría señaló que “no fue afortunada la declaración del subsecretario Jones al recurrir a comparaciones que no contribuyen en lo absoluto a la comprensión y atención de los temas que interesan a la Secretaría y los agentes del sector”.
Más adelante, precisó que “la Sagarpa reitera su compromiso de trabajo con las unidades productivas, los productores y las familias rurales para construir un campo más rentable y justo, con la participación de todos los integrantes de las cadenas agroalimentarias”.
“Igualmente, comparte y respalda plenamente el objetivo de combatir al crimen organizado y brindar mejores condiciones de seguridad a las familias mexicanas”, concluyó.
29 de octubre de 2009
Aseguran a 37 indocumentados centroamericanos en Hidalgo
Ignacio Arellano Mora
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con elementos federales y de Fuerza de Tarea de la Coordinación de Seguridad Estatal, implementó un operativo en donde un grupo de 37 indocumentados de origen centroamericano fue asegurado cerca de la estación ferroviaria de Irolo, en el municipio de Tepeapulco.
Reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, que fue sobre la carretera Ciudad Sahagún-Otumba, en el kilómetro 2+500, a la altura de las vías de Irolo, donde fueron detectados los indocumentados de origen salvadoreño, hondureño, nicaragüense y guatemalteco.
Personal del Instituto Nacional de Migración (INM), en coordinación con elementos federales y de Fuerza de Tarea de la Coordinación de Seguridad Estatal, implementó un operativo en donde un grupo de 37 indocumentados de origen centroamericano fue asegurado cerca de la estación ferroviaria de Irolo, en el municipio de Tepeapulco.
Reportó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, que fue sobre la carretera Ciudad Sahagún-Otumba, en el kilómetro 2+500, a la altura de las vías de Irolo, donde fueron detectados los indocumentados de origen salvadoreño, hondureño, nicaragüense y guatemalteco.
Recibe DF trato más injusto en materia presupuestal: Marcelo Ebrard
Aurora Cordero Pérez
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, declaró que en los últimos 15 años la Ciudad de México es la entidad que ha recibido el trato “más injusto de todo el país”, ya que ha sido excluido deliberadamente de diversos fondos, por lo que diputados locales, federales, jefes delegacionales y funcionarios de la entidad conformaron un frente común.
“No se propone un trato privilegiado. Lo que se propone simple y llanamente, es que haya un trato justo a la Ciudad de México… ¿Por qué decimos un trato justo?... porque no lo ha habido”, reclamó el jefe capitalino.
Luego de sostener una reunión con diputados, jefes delegacionales y funcionarios, Marcelo Ebrard agregó que el Distrito Federal ha sido excluido de diversos fondos, se le ha reducido su participación por todas las vías, incluida la reducción de la estimación en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB).
Al Distrito Federal, argumentó Ebrard Casaubon, se le han reducido los recursos indispensables para continuar su marcha y cumplir los objetivos. “Se busca defender a la ciudad, a sus habitantes, no es justo que se tomen decisiones que les afecten”.
En el evento, resaltó que no tiene planeado el incremento generalizado de impuestos en la capital nacional, sin embargo, aclaró que esperarán la decisión del Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos y el presupuesto del próximo año para tomar una decisión al respecto.
“El incremento generalizado de los impuestos no es la idea inicial del gobierno de la Ciudad, pero tendremos que ver que decisiones que toma el Congreso de la Unión para poder presentar nuestro paquete a la Asamblea Legislativa”, declaró Ebrard Casaubon.
Marcelo Ebrard precisó que es necesario que conozcan el monto que le corresponde a la capital en el ejercicio del 2010, toda vez que de “eso depende que política de impuestos, aprovechamientos y derechos vayamos a seguir”.
VAMOS A TRATAR DE HACER LA REPRESENTACION
Al hacer uso de la palabra, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez, expresó que lo entablado en la reunión es una discusión de carácter político en defensa de los territorios que gobierna ese partido.
“Y no sólo a los gobiernos en si, sino a los intereses de los ciudadanos y el interés de la Ciudad de México que ha visto mermados sus ingresos derivados de una política de socavamiento impulsada desde el gobierno federal”, sostuvo el diputado.
Explicó que formarán mesas de trabajo para defender los recursos e intereses del Distrito Federal.
“Vamos a tratar de hacer valer la representación popular en la Cámara de Diputados”, concluyó.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, declaró que en los últimos 15 años la Ciudad de México es la entidad que ha recibido el trato “más injusto de todo el país”, ya que ha sido excluido deliberadamente de diversos fondos, por lo que diputados locales, federales, jefes delegacionales y funcionarios de la entidad conformaron un frente común.
“No se propone un trato privilegiado. Lo que se propone simple y llanamente, es que haya un trato justo a la Ciudad de México… ¿Por qué decimos un trato justo?... porque no lo ha habido”, reclamó el jefe capitalino.
Luego de sostener una reunión con diputados, jefes delegacionales y funcionarios, Marcelo Ebrard agregó que el Distrito Federal ha sido excluido de diversos fondos, se le ha reducido su participación por todas las vías, incluida la reducción de la estimación en su contribución al Producto Interno Bruto (PIB).
Al Distrito Federal, argumentó Ebrard Casaubon, se le han reducido los recursos indispensables para continuar su marcha y cumplir los objetivos. “Se busca defender a la ciudad, a sus habitantes, no es justo que se tomen decisiones que les afecten”.
En el evento, resaltó que no tiene planeado el incremento generalizado de impuestos en la capital nacional, sin embargo, aclaró que esperarán la decisión del Congreso de la Unión en la Ley de Ingresos y el presupuesto del próximo año para tomar una decisión al respecto.
“El incremento generalizado de los impuestos no es la idea inicial del gobierno de la Ciudad, pero tendremos que ver que decisiones que toma el Congreso de la Unión para poder presentar nuestro paquete a la Asamblea Legislativa”, declaró Ebrard Casaubon.
Marcelo Ebrard precisó que es necesario que conozcan el monto que le corresponde a la capital en el ejercicio del 2010, toda vez que de “eso depende que política de impuestos, aprovechamientos y derechos vayamos a seguir”.
VAMOS A TRATAR DE HACER LA REPRESENTACION
Al hacer uso de la palabra, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas Rodríguez, expresó que lo entablado en la reunión es una discusión de carácter político en defensa de los territorios que gobierna ese partido.
“Y no sólo a los gobiernos en si, sino a los intereses de los ciudadanos y el interés de la Ciudad de México que ha visto mermados sus ingresos derivados de una política de socavamiento impulsada desde el gobierno federal”, sostuvo el diputado.
Explicó que formarán mesas de trabajo para defender los recursos e intereses del Distrito Federal.
“Vamos a tratar de hacer valer la representación popular en la Cámara de Diputados”, concluyó.
Llegar a 4 millones de créditos al concluir el sexenio: Infonavit
Ignacio Arellano Mora
El director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás Setién, informó que de enero del 2006 a septiembre del 2009, se han otorgado un millón 355 mil créditos para vivienda, por lo que la meta al concluir el sexenio es de cuatro millones de créditos.
En reunión con diputados de la Comisión de Vivienda, Borrás Setién aseguró que del 2006 al 2009 llevamos un millón 355 mil créditos, por lo que es muy probable que al terminar el sexenio actual tengamos cuatro millones de créditos. Lo que explica la penetración importante de Infonavit entre los trabajadores”.
El funcionario anunció que de la totalidad de los créditos otorgados para vivienda en el país, el 60 por ciento son concedidos por el Infonavit desde el 2001 a la actualidad; sin embargo, indicó que existe una preocupación del estado financiero del Instituto, por lo que se ha reducido la tasa vencida.
“Tan sólo durante la administración del Presidente Felipe Calderón, la actividad crediticia del Instituto se ha traducido en una derrama económica superior a 390 mil millones de pesos”, enfatizó.
En ese sentido, Víctor Borras aseveró que en el 2001 se tenía una cartera vencida alta del 20 por ciento, “pero con el tiempo la hemos reducido, hasta tener una cartera, en septiembre del 2009, del 4.8 por ciento”.
El titular del Infonavit subrayó que se ha logrado abatir la cartera vencida con un enfoque social, ya que se implementó la cobranza social que permite recuperar los créditos proporcionados, así como atender las necesidades de los trabajadores.
Víctor Manuel Borras Setién reveló que el 60 por ciento de los ingresos del Infonavit, en la actualidad, provienen de la recuperación de cartera, de ahí la importancia de mantener vigente ésta respetando la dignidad de los acreditados.
Por lo anterior, destacó que se ha duplicado la administración de la cartera que utiliza el Infonavit, ya que en el 2001 valía 221 mil 139 pesos y en este año vale 562 mil 911 pesos.
El director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás Setién, informó que de enero del 2006 a septiembre del 2009, se han otorgado un millón 355 mil créditos para vivienda, por lo que la meta al concluir el sexenio es de cuatro millones de créditos.
En reunión con diputados de la Comisión de Vivienda, Borrás Setién aseguró que del 2006 al 2009 llevamos un millón 355 mil créditos, por lo que es muy probable que al terminar el sexenio actual tengamos cuatro millones de créditos. Lo que explica la penetración importante de Infonavit entre los trabajadores”.
El funcionario anunció que de la totalidad de los créditos otorgados para vivienda en el país, el 60 por ciento son concedidos por el Infonavit desde el 2001 a la actualidad; sin embargo, indicó que existe una preocupación del estado financiero del Instituto, por lo que se ha reducido la tasa vencida.
“Tan sólo durante la administración del Presidente Felipe Calderón, la actividad crediticia del Instituto se ha traducido en una derrama económica superior a 390 mil millones de pesos”, enfatizó.
En ese sentido, Víctor Borras aseveró que en el 2001 se tenía una cartera vencida alta del 20 por ciento, “pero con el tiempo la hemos reducido, hasta tener una cartera, en septiembre del 2009, del 4.8 por ciento”.
El titular del Infonavit subrayó que se ha logrado abatir la cartera vencida con un enfoque social, ya que se implementó la cobranza social que permite recuperar los créditos proporcionados, así como atender las necesidades de los trabajadores.
Víctor Manuel Borras Setién reveló que el 60 por ciento de los ingresos del Infonavit, en la actualidad, provienen de la recuperación de cartera, de ahí la importancia de mantener vigente ésta respetando la dignidad de los acreditados.
Por lo anterior, destacó que se ha duplicado la administración de la cartera que utiliza el Infonavit, ya que en el 2001 valía 221 mil 139 pesos y en este año vale 562 mil 911 pesos.
Ratifican diputados perredistas su apoyo al amparo del SME
Aurora Cordero Pérez
El PRD en la Cámara de Diputados refrendó su apoyo al amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), contra el decreto del Ejecutivo Federal por el que extingue a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), acción apoyada por 66 mil trabajadores activos y jubilados.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibieron de Raúl Carranca e Ignacio Burgoa Llanos un proyecto de controversia constitucional para que sea analizada por el grupo plural de San Lázaro la viabilidad de presentar dicho recurso ante la Corte.
Acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, los juristas acudieron a la Cámara de Diputados para entregar el proyecto de controversia, que aseguraron "es viable por diversas violaciones a la Constitución por parte del titular del Ejecutivo federal".
El abogado Raúl Carrancá y Rivas señaló que presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón, al considerarlo inconstitucional e ilegal que rompe el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Explicó que el decreto del Poder Ejecutivo “pasó por alto al Congreso de la Unión”, al no consultar al Poder Legislativo para decidir extinguir a Luz y Fuerza del Centro, la cual es una persona jurídica y moral creada por la legislación en materia eléctrica que llevó a cabo el propio Congreso de la Unión.
“El titular del Poder Ejecutivo violó la fracción décima del artículo 73 constitucional y evidentemente esto trae como consecuencia la ruptura del equilibrio de Poderes, porque el Ejecutivo está invadiendo facultades exclusivas del Poder Legislativo sobre esto descansa el cuerpo motor de la controversia constitucional que mucho se alimenta de los argumentos del amparo porque el amparo y la controversia son primos hermanos”, puntualizó.
Asimismo, detalló que el decreto es inconstitucional e ilegal porque es un acto de autoridad, ya que el titular del Ejecutivo Federal “no fundamentó ni motivó, como lo ordena la Constitución, su decreto”, por lo que, Carrancá y Rivas enfatizó este documento se desvanece y la autoridad carece de apoyo constitucional y legal.
“Hemos manifestado ante el Poder Judicial que se privó al sindicato y afiliados del derecho de audiencia e impide que la clase trabajadora pueda ser oída por la autoridad correspondiente. Nadie puede ser privado de sus derechos sino después de haber sido escuchado o vencido en juicio”, acotó.
CONTINUARÁN LAS FALLAS
En su momento, Martin Esparza líder de la SME comentó que es inadmisible la decisión del Gobierno Federal para extinguir la CLyFC, toda vez que uno de los fundamentos principales del decreto fue en sentido económico, es decir para evitar incrementar los impuestos de los mexicanos, sin embargo, se aprobaron nuevos gravámenes y han logrado afectar a todo el país.
Por lo anterior, advirtió que de no revertir el decreto presidencial, continuarán las fallas en el suministro de energía eléctrica toda vez que no cuentan con el personal necesario que conozca los procesos del sistema eléctrico, en este contexto “habrá pérdidas importantes en el sector”.
Los apagones, y las múltiples fallas eléctricas, señaló, ocurren por la falta de mantenimiento y la mala condición de las instalaciones, aunado a ello las lluvias también son ocasionan que haya un suministro de energía irregular, pues el sistema de protección de las subestaciones es muy delicado y tiene que ser reemplazado.
Por ello, confió en que después de presentar el amparo colectivo ante el Poder judicial de la Federación se hagan los ajustes necesarios para que los miles de trabajadores que laboran en el sector eléctrico continúen con sus actividades.
El PRD en la Cámara de Diputados refrendó su apoyo al amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), contra el decreto del Ejecutivo Federal por el que extingue a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (CLyFC), acción apoyada por 66 mil trabajadores activos y jubilados.
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) recibieron de Raúl Carranca e Ignacio Burgoa Llanos un proyecto de controversia constitucional para que sea analizada por el grupo plural de San Lázaro la viabilidad de presentar dicho recurso ante la Corte.
Acompañados por el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, los juristas acudieron a la Cámara de Diputados para entregar el proyecto de controversia, que aseguraron "es viable por diversas violaciones a la Constitución por parte del titular del Ejecutivo federal".
El abogado Raúl Carrancá y Rivas señaló que presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial contra el decreto emitido por el Presidente Felipe Calderón, al considerarlo inconstitucional e ilegal que rompe el equilibrio entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Explicó que el decreto del Poder Ejecutivo “pasó por alto al Congreso de la Unión”, al no consultar al Poder Legislativo para decidir extinguir a Luz y Fuerza del Centro, la cual es una persona jurídica y moral creada por la legislación en materia eléctrica que llevó a cabo el propio Congreso de la Unión.
“El titular del Poder Ejecutivo violó la fracción décima del artículo 73 constitucional y evidentemente esto trae como consecuencia la ruptura del equilibrio de Poderes, porque el Ejecutivo está invadiendo facultades exclusivas del Poder Legislativo sobre esto descansa el cuerpo motor de la controversia constitucional que mucho se alimenta de los argumentos del amparo porque el amparo y la controversia son primos hermanos”, puntualizó.
Asimismo, detalló que el decreto es inconstitucional e ilegal porque es un acto de autoridad, ya que el titular del Ejecutivo Federal “no fundamentó ni motivó, como lo ordena la Constitución, su decreto”, por lo que, Carrancá y Rivas enfatizó este documento se desvanece y la autoridad carece de apoyo constitucional y legal.
“Hemos manifestado ante el Poder Judicial que se privó al sindicato y afiliados del derecho de audiencia e impide que la clase trabajadora pueda ser oída por la autoridad correspondiente. Nadie puede ser privado de sus derechos sino después de haber sido escuchado o vencido en juicio”, acotó.
CONTINUARÁN LAS FALLAS
En su momento, Martin Esparza líder de la SME comentó que es inadmisible la decisión del Gobierno Federal para extinguir la CLyFC, toda vez que uno de los fundamentos principales del decreto fue en sentido económico, es decir para evitar incrementar los impuestos de los mexicanos, sin embargo, se aprobaron nuevos gravámenes y han logrado afectar a todo el país.
Por lo anterior, advirtió que de no revertir el decreto presidencial, continuarán las fallas en el suministro de energía eléctrica toda vez que no cuentan con el personal necesario que conozca los procesos del sistema eléctrico, en este contexto “habrá pérdidas importantes en el sector”.
Los apagones, y las múltiples fallas eléctricas, señaló, ocurren por la falta de mantenimiento y la mala condición de las instalaciones, aunado a ello las lluvias también son ocasionan que haya un suministro de energía irregular, pues el sistema de protección de las subestaciones es muy delicado y tiene que ser reemplazado.
Por ello, confió en que después de presentar el amparo colectivo ante el Poder judicial de la Federación se hagan los ajustes necesarios para que los miles de trabajadores que laboran en el sector eléctrico continúen con sus actividades.
Improcedente, acción de inconstitucionalidad por Decreto de extinción de la CLyFC
Ignacio Arellano Mora
En la segunda reunión del grupo de trabajo que analiza la viabilidad jurídica del decreto presidencial que extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los legisladores federales determinaron que no es procedente una acción de inconstitucionalidad, toda vez que este recurso sólo se utiliza frente a normas de carácter general como son leyes y tratados contrarios a la Carta Magna.
Así lo informó el presidente del órgano legislativo, Alfonso Navarrete Prida, del PRI, quien explicó que la decisión del Ejecutivo Federal corresponde a un “acto diverso”, por lo que se enfocarán en las próximas reuniones a analizar la posibilidad de interponer una controversia constitucional.
Se analizará, argumentó el diputado del PRI, en próximas reuniones la segunda opción jurídica, que es la pertinencia o no de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional.
“Si es que se considera que el decreto presidencial invadió facultades jurídicas que le corresponden al Legislativo y que están protegidas a través de esta figura jurídica”, dijo el legislador.
En la reunión de trabajo, los legisladores acordaron recibir para escuchar su posición a los actores que así lo solicitarán, por lo que mañana a las 9 horas recibirán a cinco integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que para el jueves 5 de noviembre la instancia debe de tener una resolución general sobre el tema.
En la segunda reunión del grupo de trabajo que analiza la viabilidad jurídica del decreto presidencial que extinguió a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los legisladores federales determinaron que no es procedente una acción de inconstitucionalidad, toda vez que este recurso sólo se utiliza frente a normas de carácter general como son leyes y tratados contrarios a la Carta Magna.
Así lo informó el presidente del órgano legislativo, Alfonso Navarrete Prida, del PRI, quien explicó que la decisión del Ejecutivo Federal corresponde a un “acto diverso”, por lo que se enfocarán en las próximas reuniones a analizar la posibilidad de interponer una controversia constitucional.
Se analizará, argumentó el diputado del PRI, en próximas reuniones la segunda opción jurídica, que es la pertinencia o no de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional.
“Si es que se considera que el decreto presidencial invadió facultades jurídicas que le corresponden al Legislativo y que están protegidas a través de esta figura jurídica”, dijo el legislador.
En la reunión de trabajo, los legisladores acordaron recibir para escuchar su posición a los actores que así lo solicitarán, por lo que mañana a las 9 horas recibirán a cinco integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ya que para el jueves 5 de noviembre la instancia debe de tener una resolución general sobre el tema.
Presentan su proyecto de presupuesto para el campo en 2010
Aurora Cordero Pérez
La Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado federal Cruz López Aguilar, presentó su propuesta sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Programa Especial Concurrente 2010.
En reunión de trabajo de la Comisión, el legislador explicó que se plantea que el PEF para el Desarrollo Rural Sustentable sea de por lo menos 265 mil 847.3 millones de pesos, es decir mantener el aprobado en 2009 considerando un 4 por ciento de inflación, lo que significaría 28 mil mdp adicionales al Proyecto del Ejecutivo.
Sin embargo, no se descarta un segundo escenario en que se plantea un incremento del 10 por ciento a los programas productivos, 33 mil 780.7 mdp adicionales al presupuesto 2009, para un total de 271 mil 628 mdp, ya que se reconoce el valor contracíclico que tiene el sector rural, el cual es generador de empleos e ingresos, subrayó.
Señaló que en su propuesta para el presupuesto rural 2010, los programas que más incremento recibirían se ubican en la vertiente de Competitividad y se verían más favorecidos los de Atención a Problemas Estructurales; Adquisición de Activos Productivos; Apoyos Directos al Campo; Infraestructura Rural; Financiamiento y Aseguramiento Rural.
Aclaró que de esta manera se incrementan los apoyos a la Agricultura Comercial para satisfacer el mercado interno a la agricultura campesina en su producción familiar y en su inversión productiva.
De igual manera, se fortalece la parte consultiva del gasto y se da un fuerte impulso al federalismo para reconocer las diversas realidades regionales; se fortalece la inversión de largo plazo y el complemento sustantivo a los apoyos públicos, que es el financiamiento, añadió.
Cruz López precisó que se debe iniciar la negociación en comisiones unidas; “somos siete comisiones unidas las que tenemos que ver con el campo mexicano. Debemos reunirnos con las mesas directivas de las otras comisiones, con el objeto de someter a consideración el planteamiento y ver cuál es la propuesta que ellos traen”.
EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
Más adelante, la Comisión aprobó seis puntos de acuerdo, entre los que destaca uno para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la Comisión Federal de Competencia para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla.
El documento refiere que de acuerdo al Programa de las Américas del International Realtions Center (IRC) el incremento en el precio de la tortilla en México se debe, principalmente, al acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales.
Precisó que en el primer trimestre del 2007 el precio del maíz aumentó más del 50 por ciento, incremento que se reflejó en el precio del kilo de tortilla, llegando hasta 15 pesos en diversas zonas del país. “Este incremento se debe, entre otras cosas, a las prácticas monopólicas en la cadena productiva de maíz- tortilla”.
Añadió: “esto genera un daño directo en la alimentación de 19 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, y a un total de 70 millones de consumidores, incluida la clase media”
LECHE DE FÓRMULA LÁCTEA
Otro, exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de Economía y de Desarrollo Social, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, informe acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, comprende leche de fórmula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.
De igual forma se exhorta a la Profeco a que publique una lista de los productos que contengan fórmulas lácteas, a fin de que no se siga confundiendo al consumidor, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que use únicamente leche de vaca fluida en la entrega de los desayunos escolares.
Asimismo se aprobó la propuesta del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo sobre la creación de un IEPS para las fórmulas lácteas a fin de reforzar la producción nacional y disminuir la importación de sueros de queso.
NO REDUCIR FINANCIAMIENTO AL CAMPO
También, se aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Sagarpa a que implementen acciones conjuntas encaminadas a que el financiamiento del campo nacional no se reduzca ni se incrementen las tasas de interés debido a la actual coyuntura económica a nivel mundial.
Asimismo exhortar al ejecutivo a implementar programas y acciones encaminadas a elevar la productividad agrícola.
COMPARECENCIAS DE SAGARPA Y ECONOMÍA
La Comisión consideró viable la solicitud para que comparezcan los titulares de Sagarpa y de Economía a fin de que expliquen detalladamente sobre la decisión de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por la entrega de los subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de los Estados Unidos.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MAÍZ
Asimismo, se determinó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento de mejora regulatoria del anteproyecto del acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a las bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz.
Además, solicitó a Sagarpa informe acerca de las solicitudes recibidas para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado por centros experimentales autorizados, así como de las medidas y acciones que se tomarán para proteger a semillas criollas ante la introducción de variedades genéticamente modificadas.
COMBATE A LA MOSCA DE LA FRUTA EN SAN LUIS POTOSÍ
Se aprobó exhortar a la Sagarpa y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, para que revise y replantee la estrategia de combate a la mosca de la fruta, llevada a cabo en la Huasteca y la zona media de San Luis Potosí.
La Comisión de Agricultura y Ganadería, que preside el diputado federal Cruz López Aguilar, presentó su propuesta sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Programa Especial Concurrente 2010.
En reunión de trabajo de la Comisión, el legislador explicó que se plantea que el PEF para el Desarrollo Rural Sustentable sea de por lo menos 265 mil 847.3 millones de pesos, es decir mantener el aprobado en 2009 considerando un 4 por ciento de inflación, lo que significaría 28 mil mdp adicionales al Proyecto del Ejecutivo.
Sin embargo, no se descarta un segundo escenario en que se plantea un incremento del 10 por ciento a los programas productivos, 33 mil 780.7 mdp adicionales al presupuesto 2009, para un total de 271 mil 628 mdp, ya que se reconoce el valor contracíclico que tiene el sector rural, el cual es generador de empleos e ingresos, subrayó.
Señaló que en su propuesta para el presupuesto rural 2010, los programas que más incremento recibirían se ubican en la vertiente de Competitividad y se verían más favorecidos los de Atención a Problemas Estructurales; Adquisición de Activos Productivos; Apoyos Directos al Campo; Infraestructura Rural; Financiamiento y Aseguramiento Rural.
Aclaró que de esta manera se incrementan los apoyos a la Agricultura Comercial para satisfacer el mercado interno a la agricultura campesina en su producción familiar y en su inversión productiva.
De igual manera, se fortalece la parte consultiva del gasto y se da un fuerte impulso al federalismo para reconocer las diversas realidades regionales; se fortalece la inversión de largo plazo y el complemento sustantivo a los apoyos públicos, que es el financiamiento, añadió.
Cruz López precisó que se debe iniciar la negociación en comisiones unidas; “somos siete comisiones unidas las que tenemos que ver con el campo mexicano. Debemos reunirnos con las mesas directivas de las otras comisiones, con el objeto de someter a consideración el planteamiento y ver cuál es la propuesta que ellos traen”.
EVITAR PRÁCTICAS MONOPÓLICAS
Más adelante, la Comisión aprobó seis puntos de acuerdo, entre los que destaca uno para exhortar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público; Economía; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como la Comisión Federal de Competencia para que tomen las medidas necesarias a fin de evitar las prácticas monopólicas en la cadena productiva maíz-tortilla.
El documento refiere que de acuerdo al Programa de las Américas del International Realtions Center (IRC) el incremento en el precio de la tortilla en México se debe, principalmente, al acaparamiento y la especulación del maíz blanco por parte de los grandes monopolios agroindustriales.
Precisó que en el primer trimestre del 2007 el precio del maíz aumentó más del 50 por ciento, incremento que se reflejó en el precio del kilo de tortilla, llegando hasta 15 pesos en diversas zonas del país. “Este incremento se debe, entre otras cosas, a las prácticas monopólicas en la cadena productiva de maíz- tortilla”.
Añadió: “esto genera un daño directo en la alimentación de 19 millones de mexicanos en pobreza alimentaria, y a un total de 70 millones de consumidores, incluida la clase media”
LECHE DE FÓRMULA LÁCTEA
Otro, exhorta al Ejecutivo Federal, por medio de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, de Economía y de Desarrollo Social, así como de la Procuraduría Federal del Consumidor, informe acerca de la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-155-SCFI-2003, comprende leche de fórmula láctea y producto lácteo combinado, denominaciones, especificaciones fisicoquímicas, información comercial y métodos de prueba.
De igual forma se exhorta a la Profeco a que publique una lista de los productos que contengan fórmulas lácteas, a fin de que no se siga confundiendo al consumidor, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que use únicamente leche de vaca fluida en la entrega de los desayunos escolares.
Asimismo se aprobó la propuesta del diputado Javier Bernardo Usabiaga Arroyo sobre la creación de un IEPS para las fórmulas lácteas a fin de reforzar la producción nacional y disminuir la importación de sueros de queso.
NO REDUCIR FINANCIAMIENTO AL CAMPO
También, se aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Sagarpa a que implementen acciones conjuntas encaminadas a que el financiamiento del campo nacional no se reduzca ni se incrementen las tasas de interés debido a la actual coyuntura económica a nivel mundial.
Asimismo exhortar al ejecutivo a implementar programas y acciones encaminadas a elevar la productividad agrícola.
COMPARECENCIAS DE SAGARPA Y ECONOMÍA
La Comisión consideró viable la solicitud para que comparezcan los titulares de Sagarpa y de Economía a fin de que expliquen detalladamente sobre la decisión de no sumarse a la queja que el gobierno de Canadá presentó ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), por la entrega de los subsidios agrícolas indiscriminados a los productores de maíz de los Estados Unidos.
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN ESPECIAL DEL MAÍZ
Asimismo, se determinó exhortar a la Secretaría de la Función Pública a verificar la transparencia del procedimiento de mejora regulatoria del anteproyecto del acuerdo por el que se establecen las disposiciones jurídicas relativas a las bioseguridad que conforman el régimen de protección especial del maíz.
Además, solicitó a Sagarpa informe acerca de las solicitudes recibidas para cultivo experimental de maíz genéticamente modificado por centros experimentales autorizados, así como de las medidas y acciones que se tomarán para proteger a semillas criollas ante la introducción de variedades genéticamente modificadas.
COMBATE A LA MOSCA DE LA FRUTA EN SAN LUIS POTOSÍ
Se aprobó exhortar a la Sagarpa y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), a través de la Dirección General de Sanidad Vegetal, para que revise y replantee la estrategia de combate a la mosca de la fruta, llevada a cabo en la Huasteca y la zona media de San Luis Potosí.
Fortalecer el presupuesto de la SRA en lugar de desaparecerla
Ignacio Arellano Mora
Diputados federales integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria se pronunciaron por aumentar los recursos presupuestales del sector, toda vez que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 hay una disminución de mil 780.4 millones de pesos respecto a 2009.
El presidente de este grupo legislativo, Óscar García Barrón, del PRI, explicó que el Ejecutivo propuso recursos por cuatro mil 387.6 millones de pesos, por lo que planteó aumentar esa cifra, al menos a seis mil 168 millones de pesos.
Indicó que dicho incremento es necesario para fortalecer los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) como el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos (FAPA), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y Jóvenes Emprendedores.
“Debemos fortalecerla y ampliarle recursos más que estar pensando en desaparecerla, porque la SRA es la institución que a través de los años ha dado certeza jurídica al patrimonio familiar de los campesinos”, puntualizó.
En reunión de trabajo, el diputado Felipe Cervera Hernández, del PRI, aseguró que la comisión debe concentrarse en la creación del presupuesto de la dependencia. “La mayoría de quienes estamos aquí vemos la necesidad de su permanencia y, por lo mismo, debemos que abocarnos a crear su presupuesto, incrementarlo, en su caso, y defenderlo”.
A su vez, Teófilo Manuel García Corpus, del PRI, afirmó que la comisión deberá analizar el contenido de la iniciativa y tomar una posición al respecto.
No obstante, subrayó, aunque desapareciera la SRA, esta Comisión seguirá funcionando y el presupuesto para atender la materia agraria va a seguir existiendo, por ello es conveniente poner el tema del presupuesto y defenderlo para que no disminuya.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN, propuso trabajar este tema en conferencia con la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República.
El diputado Filemón Navarro Aguilar, del PRD, aseguró que el debate de este tema “es innegable, tenemos que darlo al interior de esta comisión involucrando a los actores del sector agrario; pero no podemos ir a esa discusión porque no conocemos a fondo el documento”.
Advirtió que no se puede posponer mucho tiempo el tema porque debe ir de manera conjunta con el presupuesto. “Si se decide su permanencia o ampliarle facultades, dependiendo de eso delinearemos el presupuesto para la secretaría, por eso hay que entrar a un debate más profundo”.
Reiteró que es necesaria su permanencia porque aún existen muchos pendientes por resolver en materia agraria.
De su misma bancada, Luis Hernández Cruz añadió que se debe analizar la iniciativa de la desaparición de la dependencia “y si hay consenso para defenderla y darle más funciones, tenemos poco tiempo para hacerlo y lograr darle más presupuesto”.
García Barrón indicó que la propuesta presupuestal será analizada, primero por la mesa directiva de esta comisión para presentar, posteriormente, un anteproyecto al pleno de la misma, hacer modificaciones y comentarios de los diputados, debatirla y votarla para, finalmente, hacer una propuesta formal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en tiempo y forma.
Diputados federales integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria se pronunciaron por aumentar los recursos presupuestales del sector, toda vez que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2010 hay una disminución de mil 780.4 millones de pesos respecto a 2009.
El presidente de este grupo legislativo, Óscar García Barrón, del PRI, explicó que el Ejecutivo propuso recursos por cuatro mil 387.6 millones de pesos, por lo que planteó aumentar esa cifra, al menos a seis mil 168 millones de pesos.
Indicó que dicho incremento es necesario para fortalecer los programas de la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) como el Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos (FAPA), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) y Jóvenes Emprendedores.
“Debemos fortalecerla y ampliarle recursos más que estar pensando en desaparecerla, porque la SRA es la institución que a través de los años ha dado certeza jurídica al patrimonio familiar de los campesinos”, puntualizó.
En reunión de trabajo, el diputado Felipe Cervera Hernández, del PRI, aseguró que la comisión debe concentrarse en la creación del presupuesto de la dependencia. “La mayoría de quienes estamos aquí vemos la necesidad de su permanencia y, por lo mismo, debemos que abocarnos a crear su presupuesto, incrementarlo, en su caso, y defenderlo”.
A su vez, Teófilo Manuel García Corpus, del PRI, afirmó que la comisión deberá analizar el contenido de la iniciativa y tomar una posición al respecto.
No obstante, subrayó, aunque desapareciera la SRA, esta Comisión seguirá funcionando y el presupuesto para atender la materia agraria va a seguir existiendo, por ello es conveniente poner el tema del presupuesto y defenderlo para que no disminuya.
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas, del PAN, propuso trabajar este tema en conferencia con la Comisión de Reforma Agraria del Senado de la República.
El diputado Filemón Navarro Aguilar, del PRD, aseguró que el debate de este tema “es innegable, tenemos que darlo al interior de esta comisión involucrando a los actores del sector agrario; pero no podemos ir a esa discusión porque no conocemos a fondo el documento”.
Advirtió que no se puede posponer mucho tiempo el tema porque debe ir de manera conjunta con el presupuesto. “Si se decide su permanencia o ampliarle facultades, dependiendo de eso delinearemos el presupuesto para la secretaría, por eso hay que entrar a un debate más profundo”.
Reiteró que es necesaria su permanencia porque aún existen muchos pendientes por resolver en materia agraria.
De su misma bancada, Luis Hernández Cruz añadió que se debe analizar la iniciativa de la desaparición de la dependencia “y si hay consenso para defenderla y darle más funciones, tenemos poco tiempo para hacerlo y lograr darle más presupuesto”.
García Barrón indicó que la propuesta presupuestal será analizada, primero por la mesa directiva de esta comisión para presentar, posteriormente, un anteproyecto al pleno de la misma, hacer modificaciones y comentarios de los diputados, debatirla y votarla para, finalmente, hacer una propuesta formal a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en tiempo y forma.
Vergonzoso, suponer que campesinos deben aprender del narco: Jiménez Merino
Aurora Cordero Pérez
Luego de reprobar las declaraciones del subsecretario Agronegocios de la Sagarpa, de que los campesinos deben aprender del narco, el coordinador del sector agrario del PRI, Alberto Jiménez Merino, emplazó al procurador general de la República, a pronunciarse sobre esa posición, la que consideró vergonzosa.
Al calificar como irresponsable la aseveración del subsecretario Jeffrey Jones Jones, de que los campesinos mexicanos deben aprender la lógica de mercado del narcotráfico, pues ellos “saben cómo usarlo”, Jiménez Merino reprobó que se tenga ese pensamiento, en lugar de proponer el desarrollo del campo, a través de vías inteligentes.
“Me parece que es irresponsable y vergonzoso que se exprese que se tiene que aprender del narcotráfico y creo que debieran preguntarle al Procurador General de la República si eso es adecuado”, dijo en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Reprobamos completamente cualquier actividad ilícita y me parece que debemos impulsar el desarrollo por vías inteligentes, por vías que permitan aprovechar los recursos naturales y generar riqueza, y eso es posible”, aseguró el ex rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
Asimismo, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla agregó que “los diputados del PRI y de la CNC estamos empeñados en poder impulsar el desarrollo de México”.
Y propuso: “hay que seguir desarrollando las cadenas productivas, hay que fortalecer las cadenas productivas, de suministro; hay que desarrollar la infraestructura de almacenamiento; fortalecer al desarrollo de capacidades. Es indispensable que nuestra gente tenga conocimientos básicos y creo que se debe aprender de productores exitosos, que afortunadamente hay muchos en este país, pero están haciendo falta mecanismos de transferencia de conocimientos”, concluyó.
Luego de reprobar las declaraciones del subsecretario Agronegocios de la Sagarpa, de que los campesinos deben aprender del narco, el coordinador del sector agrario del PRI, Alberto Jiménez Merino, emplazó al procurador general de la República, a pronunciarse sobre esa posición, la que consideró vergonzosa.
Al calificar como irresponsable la aseveración del subsecretario Jeffrey Jones Jones, de que los campesinos mexicanos deben aprender la lógica de mercado del narcotráfico, pues ellos “saben cómo usarlo”, Jiménez Merino reprobó que se tenga ese pensamiento, en lugar de proponer el desarrollo del campo, a través de vías inteligentes.
“Me parece que es irresponsable y vergonzoso que se exprese que se tiene que aprender del narcotráfico y creo que debieran preguntarle al Procurador General de la República si eso es adecuado”, dijo en entrevista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
“Reprobamos completamente cualquier actividad ilícita y me parece que debemos impulsar el desarrollo por vías inteligentes, por vías que permitan aprovechar los recursos naturales y generar riqueza, y eso es posible”, aseguró el ex rector de la Universidad Autónoma Chapingo.
Asimismo, el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla agregó que “los diputados del PRI y de la CNC estamos empeñados en poder impulsar el desarrollo de México”.
Y propuso: “hay que seguir desarrollando las cadenas productivas, hay que fortalecer las cadenas productivas, de suministro; hay que desarrollar la infraestructura de almacenamiento; fortalecer al desarrollo de capacidades. Es indispensable que nuestra gente tenga conocimientos básicos y creo que se debe aprender de productores exitosos, que afortunadamente hay muchos en este país, pero están haciendo falta mecanismos de transferencia de conocimientos”, concluyó.
Costará 3 mil 104 millones de pesos Cédula de Identidad Ciudadana
Ignacio Arellano Mora
El costo total de la Cédula de Identidad Ciudadana será de poco más de 3 mil 104 millones de pesos, que sujeto a la aprobación presupuestal, se distribuirá a lo largo de los ejercicios fiscales 2009-2012 expidiendo con ello 80 millones de cédulas al término de la presente administración, así lo informó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré Romero.
Durante la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que preside la diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, del PAN, el subsecretario enumeró los beneficios de contar con una identificación de este tipo.
Dijo que servirá para agilizar y simplificar trámites burocráticos, facilitará la acreditación de las personas correspondientes a los diversos programas sociales, evitando con ello duplicidad en el otorgamiento de beneficios.
La Cédula será una herramienta veraz que reconocerá a la población vulnerable fortaleciendo el adecuado diseño de las políticas públicas; a su vez, el registro de las diez huellas dactilares y las fotografías del iris de ambos ojos garantizará la identificación de menores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, en caso de emergencia.
Asimismo, agilizará el reconocimiento de la nacionalidad de los migrantes mexicanos en el exterior, permitiendo mayor atención y seguridad para nuestros ciudadanos.
También, permitirá la disminución de actos ilícitos, entre ellos, la creación de identidades falsas o la suplantación, sumando con ello la identificación oportuna de quien intente delinquir.
Se evitarán abusos de poder por medio del personal de las instituciones de procuración de justicia y subrayó que dentro de los beneficios económicos se cuenta el ahorro en programas y servicios gubernamentales.
Asimismo, la oportunidad de integrar padrones de contribuyentes más confiables y fortalecer las finanzas públicas.
Alejandro Poiré Romero manifestó ante los diputados que esta cédula también promoverá el crecimiento económico de nuestro país y será una identificación que tenga desde un recién nacido hasta una persona de edad avanzada.
Además, se contó con la participación de la Coordinadora Jurídica del Instituto Nacional de Migración, María del Carmen del Río Yelmi y de la Coordinadora Nacional del Programa Paisano, Itzel Nayeli Ortiz Zaragoza, quienes manifestaron ante los legisladores la importancia de crear una nueva Ley General de Migración y la protección y coordinación del próximo flujo de paisanos en el periodo comprendido de noviembre 2009 a enero 2010.
María del Carmen del Río Yelmi llamó necesario y urgente actualizar el marco jurídico en materia migratoria haciendo énfasis en la integración y respeto irrestricto a los derechos humanos de los connacionales. En el anteproyecto de Ley, la funcionaria planteó la posibilidad de eliminar el hecho de que la Secretaría de Gobernación sea la instancia que otorgue los permisos para contraer matrimonio, divorcio y adopción. “Es necesario la capacitación y el perfil de autoridades migratorias que tengan perspectivas hacia el respeto a los derechos humanos”.
Exhortó a vigilar a los agentes federales de migración, a rediseñar obligaciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para evitar abusos de poder y aterrizar con mayor apego a los derechos humanos la atención médica, psicológica, jurídica y de comunicación a los migrantes.
Por su parte, Nayeli Ortiz Zaragoza recalcó los beneficios del Programa Paisano que “contribuye a generar confianza en el Gobierno mexicano, combate la corrupción, brinda protección de bienes y personas, simplifica trámites y medidas para el ingreso, tránsito y salida del país”.
En cuanto a educación, agregó que el programa ha desarrollado herramientas para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes se encuentran en territorio ajeno y de quienes visitan México.
Ortiz Zaragoza abundó en el programa “Diputada amiga, Diputado amigo”, destinado para la supervisión y vigilancia de los diferentes puntos de observación de afluencia migratoria del país.
Ante ello la Comisión dictaminó presentar al Pleno en la sesión próxima, un punto de acuerdo por el que se propone el establecimiento y la puesta en marcha de manera permanente de dicho programa en la Sexagésima Primera Legislatura.
La diputada presidenta Norma Leticia Salazar Vázquez detalló que la propuesta también solicita a la Junta de Coordinación Política, destine los recursos suficientes para la eficaz ejecución del programa.
El costo total de la Cédula de Identidad Ciudadana será de poco más de 3 mil 104 millones de pesos, que sujeto a la aprobación presupuestal, se distribuirá a lo largo de los ejercicios fiscales 2009-2012 expidiendo con ello 80 millones de cédulas al término de la presente administración, así lo informó el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Poiré Romero.
Durante la segunda reunión de trabajo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que preside la diputada federal Norma Leticia Salazar Vázquez, del PAN, el subsecretario enumeró los beneficios de contar con una identificación de este tipo.
Dijo que servirá para agilizar y simplificar trámites burocráticos, facilitará la acreditación de las personas correspondientes a los diversos programas sociales, evitando con ello duplicidad en el otorgamiento de beneficios.
La Cédula será una herramienta veraz que reconocerá a la población vulnerable fortaleciendo el adecuado diseño de las políticas públicas; a su vez, el registro de las diez huellas dactilares y las fotografías del iris de ambos ojos garantizará la identificación de menores, personas con capacidades diferentes y adultos mayores, en caso de emergencia.
Asimismo, agilizará el reconocimiento de la nacionalidad de los migrantes mexicanos en el exterior, permitiendo mayor atención y seguridad para nuestros ciudadanos.
También, permitirá la disminución de actos ilícitos, entre ellos, la creación de identidades falsas o la suplantación, sumando con ello la identificación oportuna de quien intente delinquir.
Se evitarán abusos de poder por medio del personal de las instituciones de procuración de justicia y subrayó que dentro de los beneficios económicos se cuenta el ahorro en programas y servicios gubernamentales.
Asimismo, la oportunidad de integrar padrones de contribuyentes más confiables y fortalecer las finanzas públicas.
Alejandro Poiré Romero manifestó ante los diputados que esta cédula también promoverá el crecimiento económico de nuestro país y será una identificación que tenga desde un recién nacido hasta una persona de edad avanzada.
Además, se contó con la participación de la Coordinadora Jurídica del Instituto Nacional de Migración, María del Carmen del Río Yelmi y de la Coordinadora Nacional del Programa Paisano, Itzel Nayeli Ortiz Zaragoza, quienes manifestaron ante los legisladores la importancia de crear una nueva Ley General de Migración y la protección y coordinación del próximo flujo de paisanos en el periodo comprendido de noviembre 2009 a enero 2010.
María del Carmen del Río Yelmi llamó necesario y urgente actualizar el marco jurídico en materia migratoria haciendo énfasis en la integración y respeto irrestricto a los derechos humanos de los connacionales. En el anteproyecto de Ley, la funcionaria planteó la posibilidad de eliminar el hecho de que la Secretaría de Gobernación sea la instancia que otorgue los permisos para contraer matrimonio, divorcio y adopción. “Es necesario la capacitación y el perfil de autoridades migratorias que tengan perspectivas hacia el respeto a los derechos humanos”.
Exhortó a vigilar a los agentes federales de migración, a rediseñar obligaciones y responsabilidades de los tres órdenes de gobierno para evitar abusos de poder y aterrizar con mayor apego a los derechos humanos la atención médica, psicológica, jurídica y de comunicación a los migrantes.
Por su parte, Nayeli Ortiz Zaragoza recalcó los beneficios del Programa Paisano que “contribuye a generar confianza en el Gobierno mexicano, combate la corrupción, brinda protección de bienes y personas, simplifica trámites y medidas para el ingreso, tránsito y salida del país”.
En cuanto a educación, agregó que el programa ha desarrollado herramientas para que se conozcan los derechos y obligaciones de quienes se encuentran en territorio ajeno y de quienes visitan México.
Ortiz Zaragoza abundó en el programa “Diputada amiga, Diputado amigo”, destinado para la supervisión y vigilancia de los diferentes puntos de observación de afluencia migratoria del país.
Ante ello la Comisión dictaminó presentar al Pleno en la sesión próxima, un punto de acuerdo por el que se propone el establecimiento y la puesta en marcha de manera permanente de dicho programa en la Sexagésima Primera Legislatura.
La diputada presidenta Norma Leticia Salazar Vázquez detalló que la propuesta también solicita a la Junta de Coordinación Política, destine los recursos suficientes para la eficaz ejecución del programa.
27 de octubre de 2009
Mantener tarifas eléctricas en 2010: Ludivina Menchaca
Ignacio Arellano Mora
La Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado exigió al Ejecutivo Federal detener el aumento de 10 por ciento a las tarifas eléctrica que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció para 2010.
La senadora Ludivina Menchaca precisó que la cancelación de los subsidios en las tarifas domésticas de energía eléctrica ha tenido un impacto social y económico negativo en la población de ingresos medios y bajos del país.
Más de cinco millones de usuarios, agregó, son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo, con aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200% como resultado de la política gubernamental de retiro de subsidios
Menchaca Castellanos comentó que en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los precios de la energía eléctrica se ven sumamente acrecentados por el alto consumo de watts.
Por ello, también propuso regular y reajustar el tabulador de consumo de energía eléctrica para uso doméstico en el sureste del país, con el fin de reducir costos y apoyar la economía de los usuarios de la zona.
La legisladora por Quintana Roo indicó que todas las tarifas, estén o no subsidiadas, tienen un alza mensual según la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, su precio va en aumento constante.
Concluyó que en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se presentan en promedio mil 300 quejas al mes contra de CFE, y la mayoría de estas se deben a los abultados precios del servicio.
La Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado exigió al Ejecutivo Federal detener el aumento de 10 por ciento a las tarifas eléctrica que la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció para 2010.
La senadora Ludivina Menchaca precisó que la cancelación de los subsidios en las tarifas domésticas de energía eléctrica ha tenido un impacto social y económico negativo en la población de ingresos medios y bajos del país.
Más de cinco millones de usuarios, agregó, son afectados con incrementos constantes en sus facturaciones del consumo, con aumentos bimestrales que llegan a ser superiores a 200% como resultado de la política gubernamental de retiro de subsidios
Menchaca Castellanos comentó que en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los precios de la energía eléctrica se ven sumamente acrecentados por el alto consumo de watts.
Por ello, también propuso regular y reajustar el tabulador de consumo de energía eléctrica para uso doméstico en el sureste del país, con el fin de reducir costos y apoyar la economía de los usuarios de la zona.
La legisladora por Quintana Roo indicó que todas las tarifas, estén o no subsidiadas, tienen un alza mensual según la inflación y el incremento en los precios de los combustibles, su precio va en aumento constante.
Concluyó que en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se presentan en promedio mil 300 quejas al mes contra de CFE, y la mayoría de estas se deben a los abultados precios del servicio.
Entregará SME información de los acuerdos de la Junta de Gobierno
Aurora Cordero Pérez
A pesar de que dicha información fue considerada confidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entregará a los diputados federales la información de los acuerdos de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El dirigente de los electricistas, Martín Esparza, señaló que cuenta con los datos que requieren los legisladores para presentar la controversia constitucional contra la liquidación de la empresa.
Agregó que en la solicitud se pedían los reportes sobre la fibra óptica y la concesión de una red pública de telecomunicaciones, así como una tecnología desarrollada por el SME, pero les fue negada por ser confidencial, de acuerdo a la Ley de Transparencia.
Esparza Flores externó que el SME entregará las minutas que se elaboraron en todas las reuniones de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, en la cual el gremio participaba con tres trabajadores.
"Tenemos toda la información de cómo se ha administrado en los últimos años la empresa, porque el sindicato forma parte de la Junta de Gobierno, y tenemos todas las carpetas de esas reuniones, con los acuerdos y los vamos a hacer llegar a la Cámara de Diputados, porque no es información confidencial", insistió.
Más adelante, Esparza detalló que en las carpetas hay información de la concesión de WL Comunicaciones, que se entregó en 2009, los primeros convenios firmados entre esa empresa y LyFC, así como la solicitud de la concesión de la red pública que pidió el SME.
Asimismo, comentó el líder de los electricistas, la última reunión de la Junta de Gobierno se efectuó en junio y en ella se autorizó descontar al Estado de México 2,000 millones de pesos de adeudos.
En tanto, para Hidalgo el descuento acordado fue de 549 millones de pesos y a Morelos 232 millones de pesos, "adeudos históricos por alumbrado público y sus dependencias".
PRESENTARÁ DENUNCIA POR DESPIDO INJUSTIFICADO
Por otro lado, dio que presentarán el próximo miércoles una denuncia contra el Gobierno Federal por despido injustificado de las poco más de 44 mil personas que laboraban en Luz y Fuerza del Centro.
El dirigente del SME, dio a conocer que paralelamente a esa demanda se presentará un amparo el mismo día contra el decreto de extinción de la citada empresa. Esto, previo a que el próximo viernes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje defina si se da por terminada o no la relación laboral del sindicato con la empresa.
Esparza reiteró que es previsible que se dé por concluida por parte de la junta la relación laboral, y eso evidenciará que el asunto es político, y para favorecer a empresas privadas, toda vez que la materia de trabajo aún existe, además de que está establecido en el contrato colectivo, que el propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, firmó.
Insistió en que el citado contrato está vigente y que el Ejecutivo Federal se extralimita en sus facultades, porque también apoyarán la controversia constitucional que promueven diputados del PRD y PT en contra del gobierno de Felipe Calderón.
Asimismo, el líder de electricistas subrayó que el próximo viernes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sostendrán su argumento legal de que no puede darse por concluida la relación laboral, pues además del contrato colectivo vigente, ahí están las estaciones y subestaciones que dan servicio.
"No van a quitar las plantas de generación, para decir que no existe materia de trabajo", insistió.
Por último, aseguró que han sido sacados vehículos, herramienta, material y documentos de instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por gente resguardada por elementos de la policía federal, por lo que advirtió que se debe poner atención a "ese saqueo".
A pesar de que dicha información fue considerada confidencial, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entregará a los diputados federales la información de los acuerdos de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
El dirigente de los electricistas, Martín Esparza, señaló que cuenta con los datos que requieren los legisladores para presentar la controversia constitucional contra la liquidación de la empresa.
Agregó que en la solicitud se pedían los reportes sobre la fibra óptica y la concesión de una red pública de telecomunicaciones, así como una tecnología desarrollada por el SME, pero les fue negada por ser confidencial, de acuerdo a la Ley de Transparencia.
Esparza Flores externó que el SME entregará las minutas que se elaboraron en todas las reuniones de la Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, en la cual el gremio participaba con tres trabajadores.
"Tenemos toda la información de cómo se ha administrado en los últimos años la empresa, porque el sindicato forma parte de la Junta de Gobierno, y tenemos todas las carpetas de esas reuniones, con los acuerdos y los vamos a hacer llegar a la Cámara de Diputados, porque no es información confidencial", insistió.
Más adelante, Esparza detalló que en las carpetas hay información de la concesión de WL Comunicaciones, que se entregó en 2009, los primeros convenios firmados entre esa empresa y LyFC, así como la solicitud de la concesión de la red pública que pidió el SME.
Asimismo, comentó el líder de los electricistas, la última reunión de la Junta de Gobierno se efectuó en junio y en ella se autorizó descontar al Estado de México 2,000 millones de pesos de adeudos.
En tanto, para Hidalgo el descuento acordado fue de 549 millones de pesos y a Morelos 232 millones de pesos, "adeudos históricos por alumbrado público y sus dependencias".
PRESENTARÁ DENUNCIA POR DESPIDO INJUSTIFICADO
Por otro lado, dio que presentarán el próximo miércoles una denuncia contra el Gobierno Federal por despido injustificado de las poco más de 44 mil personas que laboraban en Luz y Fuerza del Centro.
El dirigente del SME, dio a conocer que paralelamente a esa demanda se presentará un amparo el mismo día contra el decreto de extinción de la citada empresa. Esto, previo a que el próximo viernes la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje defina si se da por terminada o no la relación laboral del sindicato con la empresa.
Esparza reiteró que es previsible que se dé por concluida por parte de la junta la relación laboral, y eso evidenciará que el asunto es político, y para favorecer a empresas privadas, toda vez que la materia de trabajo aún existe, además de que está establecido en el contrato colectivo, que el propio secretario del Trabajo, Javier Lozano, firmó.
Insistió en que el citado contrato está vigente y que el Ejecutivo Federal se extralimita en sus facultades, porque también apoyarán la controversia constitucional que promueven diputados del PRD y PT en contra del gobierno de Felipe Calderón.
Asimismo, el líder de electricistas subrayó que el próximo viernes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sostendrán su argumento legal de que no puede darse por concluida la relación laboral, pues además del contrato colectivo vigente, ahí están las estaciones y subestaciones que dan servicio.
"No van a quitar las plantas de generación, para decir que no existe materia de trabajo", insistió.
Por último, aseguró que han sido sacados vehículos, herramienta, material y documentos de instalaciones de Luz y Fuerza del Centro por gente resguardada por elementos de la policía federal, por lo que advirtió que se debe poner atención a "ese saqueo".
No hay división en el PRI, afirmó Navarrete Prida
Aurora Cordero Pérez
El diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, negó que al interior de su partido exista división en torno a la Ley de Ingresos, por el contrario, dijo que por tener un amplio margen de correligionarios, en municipios, estados y legisladores en ambas cámaras, toma más tiempo el llegar a acuerdos, por lo que esperan la resolución de los senadores a más tardar este miércoles.
“Los señores senadores tendrán todas las facultades para analizar con amplitud de criterio la Ley de Ingresos que se les ha remitido como cámara revisora y esperaremos la respuesta que ellos den para ver qué Ley tendrá México para el próximo año”, declaró.
Por ningún motivo, abundó Navarrete Prida, vamos a permitir, que haya fracturas o divisiones que impliquen el riesgo siquiera de hablar de un rompimiento, el miércoles la Cámara de Senadores emitirá su opinión y nosotros actuaremos en consecuencia con toda unidad.
En relación a si ya existe un acuerdo para revertir el aumento del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado, el legislador dijo que hasta este momento ningún senador puede emitir con certeza una posición al respecto; sin embargo, dijo que acatarán la decisión de la cámara revisora.
¿Están peleados o no los priistas?
“No. Estamos muy unidos, ustedes lo verán esta misma semana. El PRI es un partido extraordinariamente amplio, por lo tanto hay diversas opiniones. Ya no es un PRI lineal, es un PRI horizontal y por lo tanto, se tarda más tiempo en procesar acuerdos”, respondió.
Reconoció que existe un severo problema de carácter financiero en la economía del país, situación a la el PRI dio la salida más responsable. “La más benéfica en términos de protección a la sociedad, dentro de lo que se podía hacer al interior del paquete fiscal “, consideró.
Navarrete Prida explicó que el boquete económico que el gobierno federal tiene para el próximo año pueda subsanarse, sin generar un daño a la sociedad en general, al aumentar el IVA en un punto porcentual. “Si existieran alternativas distintas, las tendrán que discutir los senadores”, precisó.
El diputado federal del PRI, Alfonso Navarrete Prida, negó que al interior de su partido exista división en torno a la Ley de Ingresos, por el contrario, dijo que por tener un amplio margen de correligionarios, en municipios, estados y legisladores en ambas cámaras, toma más tiempo el llegar a acuerdos, por lo que esperan la resolución de los senadores a más tardar este miércoles.
“Los señores senadores tendrán todas las facultades para analizar con amplitud de criterio la Ley de Ingresos que se les ha remitido como cámara revisora y esperaremos la respuesta que ellos den para ver qué Ley tendrá México para el próximo año”, declaró.
Por ningún motivo, abundó Navarrete Prida, vamos a permitir, que haya fracturas o divisiones que impliquen el riesgo siquiera de hablar de un rompimiento, el miércoles la Cámara de Senadores emitirá su opinión y nosotros actuaremos en consecuencia con toda unidad.
En relación a si ya existe un acuerdo para revertir el aumento del uno por ciento al Impuesto al Valor Agregado, el legislador dijo que hasta este momento ningún senador puede emitir con certeza una posición al respecto; sin embargo, dijo que acatarán la decisión de la cámara revisora.
¿Están peleados o no los priistas?
“No. Estamos muy unidos, ustedes lo verán esta misma semana. El PRI es un partido extraordinariamente amplio, por lo tanto hay diversas opiniones. Ya no es un PRI lineal, es un PRI horizontal y por lo tanto, se tarda más tiempo en procesar acuerdos”, respondió.
Reconoció que existe un severo problema de carácter financiero en la economía del país, situación a la el PRI dio la salida más responsable. “La más benéfica en términos de protección a la sociedad, dentro de lo que se podía hacer al interior del paquete fiscal “, consideró.
Navarrete Prida explicó que el boquete económico que el gobierno federal tiene para el próximo año pueda subsanarse, sin generar un daño a la sociedad en general, al aumentar el IVA en un punto porcentual. “Si existieran alternativas distintas, las tendrán que discutir los senadores”, precisó.
Este jueves acudirá a San Lázaro Marcelo Ebrard
Ignacio Arellano Mora
El secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, informó que este jueves acudirá a la Cámara de Diputados el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, quien sostendrá una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a las 13:00 horas, para presentar sus proyectos presupuestales para la capital.
Delgado Carrillo dijo: “se establecerá que los diputados consideren el marco en que se ha desenvuelto la economía de la ciudad, que cada vez tiene menos recursos, producto del pacto fiscal y de las fórmulas de participación en donde se penaliza a la ciudad su falta de crecimiento poblacional”.
El funcionario reiteró que es necesario enterar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, de la caída de participaciones presupuestales que ha tenido la ciudad. “Por esa razón, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistirá a dicho órgano legislativo”, explicó.
Mario Delgado señaló que se planteará la categoría de capitalidad, como el costo de alojar a los tres Poderes de la Unión en el Distrito Federal, seguridad pública y comunicaciones.
“Presentará peticiones sobre rubros asociados a la capitalidad de la ciudad, como: comunicaciones, seguridad pública, protección civil, entre otros”, agregó.
Además, el encargado de las finanzas en la capital del país comentó que Ebrard Casaubón acudirá acompañado por empresarios, diputados locales, delegados, representantes de órganos autónomos locales y “de todos aquellos que han coincidido en torno al acuerdo por la economía de la Ciudad de México”.
En su oportunidad, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) anunció que en su fracción parlamentaria conformará un equipo económico para dar seguimiento a la Ley de Ingresos, la cual se discute en el Senado de la República, con el objetivo de estar al tanto de la situación presupuestal tanto en la ciudad como en los estados y municipios gobernados por el PRD.
“Vamos a llevar una coordinación con alrededor de 350 presidentes municipales, seis gobernadores y diputados locales de las 32 entidades, que también plantean una mecánica distinta para la distribución de los recursos federales”, enfatizó.
Indicó que trabajarán en una fórmula que permita incrementar la participación de los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que actualmente es del 20 por ciento, por lo que propondremos que suba al 25 por ciento.
El secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado Carrillo, informó que este jueves acudirá a la Cámara de Diputados el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, quien sostendrá una reunión con integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a las 13:00 horas, para presentar sus proyectos presupuestales para la capital.
Delgado Carrillo dijo: “se establecerá que los diputados consideren el marco en que se ha desenvuelto la economía de la ciudad, que cada vez tiene menos recursos, producto del pacto fiscal y de las fórmulas de participación en donde se penaliza a la ciudad su falta de crecimiento poblacional”.
El funcionario reiteró que es necesario enterar a los integrantes de la Comisión de Presupuesto, de la caída de participaciones presupuestales que ha tenido la ciudad. “Por esa razón, el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, asistirá a dicho órgano legislativo”, explicó.
Mario Delgado señaló que se planteará la categoría de capitalidad, como el costo de alojar a los tres Poderes de la Unión en el Distrito Federal, seguridad pública y comunicaciones.
“Presentará peticiones sobre rubros asociados a la capitalidad de la ciudad, como: comunicaciones, seguridad pública, protección civil, entre otros”, agregó.
Además, el encargado de las finanzas en la capital del país comentó que Ebrard Casaubón acudirá acompañado por empresarios, diputados locales, delegados, representantes de órganos autónomos locales y “de todos aquellos que han coincidido en torno al acuerdo por la economía de la Ciudad de México”.
En su oportunidad, el diputado Agustín Guerrero Castillo (PRD) anunció que en su fracción parlamentaria conformará un equipo económico para dar seguimiento a la Ley de Ingresos, la cual se discute en el Senado de la República, con el objetivo de estar al tanto de la situación presupuestal tanto en la ciudad como en los estados y municipios gobernados por el PRD.
“Vamos a llevar una coordinación con alrededor de 350 presidentes municipales, seis gobernadores y diputados locales de las 32 entidades, que también plantean una mecánica distinta para la distribución de los recursos federales”, enfatizó.
Indicó que trabajarán en una fórmula que permita incrementar la participación de los estados y municipios en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que actualmente es del 20 por ciento, por lo que propondremos que suba al 25 por ciento.
Crear una Comisión Especial de Puertos y Marina Mercante: Gudiño Corro
Ignacio Arellano Mora
La diputada federal Carolina Gudiño Corro presentará en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para la creación de una Comisión Especial de Puertos y Marina Mercantes.
La legisladora federal agregó que “ello es de una gran necesidad, debido que contamos con más de cien puertos en todo el país, 107 para ser exactos”.
La diputada por el Estado de Veracruz manifestó que “se tienen un ingreso económico para el país muy importante del cual depende también miles de familias en toda la República Mexicana”.
“Hay varios temas que todavía que hay que trabajar, que tiene que ver con el tema de las administraciones portuarias integrales, de la participación que deben tener los estados y municipios, de la ampliación de algunos puertos que son muy importantes como es el caso de Veracruz, Coatzacoalcos y de algunos puertos más en otras entidades”, acotó.
Todo ello, agregó está enfocado a defender y todos los temas que tiene que ver en materia de puertos, por su puesto de defender la marina mercante.
Son 107 puertos, en donde varía la población de trabajadores y tan sólo el puerto de Veracruz son cerca de mil de trabajadores, “serán beneficiados con ambas propuestas tanto la iniciativa de reforma de la Ley del Trabajo y la del Seguro Social, como el del Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercantes”.
Expresó que en el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.
En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.
Apuntó que “sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas”.
Indicó que existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.
Señaló que las administraciones portuarias integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.
APROVECHAMIENTO DE LOS LITORALES
Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. “El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira”.
Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo Federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.
Por ello, comentó, “México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos”.
LOS PRINCIAPLES PUERTOS CURSAN DISTINTAS ETAPAS
Manifestó que los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. “Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad”.
La nación tiene además, dijo, “puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera”.
CARECEN DE UNA INFRAESCRUTURA
Resaltó que las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.
En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial.
“En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional”.
FORTALECER LOS INTERCAMBIOS
Por su ubicación geográfica, aclaró, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales.
Ante tal dinámica, expresó, “el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país”.
Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.
FEDERALISMO AUTÉNTICO
Más adelante, detalló, con la visión de un federalismo auténtico, se deberá impulsar, desde el Congreso Federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.
La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores: “participación de los estados y ayuntamientos en la Administraciones Portuarias Integrales; autonomía de las actividades de las Administraciones Portuarias Integrales; participación de la inversión privada en las Administraciones Portuarias Integrales; transferencia de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina; administración de recintos portuarios y costeros; modernización de las aduanas marítimas; nuevas reglas para el establecimiento de recintos fiscalizados; estratégicos y zonas de actividades logísticas; seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario; rescate de la marina mercante; y desarrollo de astilleros”.
PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL
Por lo que, propone la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a: seguridad nacional; equilibrio ecológico; protección al medio ambiente; generación de empleos; crecimiento y desarrollo económico portuario e industrial; turismo; atracción de inversión extranjera; comercio internacional; aduanas; recintos fiscales y recintos portuarios; zonas de actividades logísticas; pesca; e infraestructura portuaria especializada.
Continúo, “otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas”.
Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y mas fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.
IMPULSAR LOS ACUERDOS
A su vez, apuntó, “desde la comisión, cuya creación se propongo, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos: ampliación del puerto de Veracruz, Veracruz; ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, destinados a la conformación del corredor transítsmico; administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal; revisión de los términos del Convenio de Colaboración Fiscal en materia de zonas federales marítimo-terrestres; expansión de la escalera náutica del Pacífico; desarrollo de la escalera náutica del Golfo; construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar; construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionadas a la extracción petrolera, petroquímica y refinación”.
LOS PUERTOS HA TOMADO UNA NUEVA RELEVANCIA
En el marco de la economía globalizada, anunció la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. “Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral. “Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida”.
Asimismo, manifestó “modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones”.
Precisó la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que “el desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario”. Por ello, la política veracruzana propondrá en el Punto de Acuerdo crear la Comisión Especial de puertos y marina mercante.
En donde se otorguen los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.
Por último, la diputas priista Carolina Gudiño Corro resaltó que “la duración de la Comisión Especial de puertos y marina mercante comprenderá desde la aprobación del acuerdo hasta el término de la LXI Legislatura”.
La diputada federal Carolina Gudiño Corro presentará en la Cámara de Diputados un Punto de Acuerdo para la creación de una Comisión Especial de Puertos y Marina Mercantes.
La legisladora federal agregó que “ello es de una gran necesidad, debido que contamos con más de cien puertos en todo el país, 107 para ser exactos”.
La diputada por el Estado de Veracruz manifestó que “se tienen un ingreso económico para el país muy importante del cual depende también miles de familias en toda la República Mexicana”.
“Hay varios temas que todavía que hay que trabajar, que tiene que ver con el tema de las administraciones portuarias integrales, de la participación que deben tener los estados y municipios, de la ampliación de algunos puertos que son muy importantes como es el caso de Veracruz, Coatzacoalcos y de algunos puertos más en otras entidades”, acotó.
Todo ello, agregó está enfocado a defender y todos los temas que tiene que ver en materia de puertos, por su puesto de defender la marina mercante.
Son 107 puertos, en donde varía la población de trabajadores y tan sólo el puerto de Veracruz son cerca de mil de trabajadores, “serán beneficiados con ambas propuestas tanto la iniciativa de reforma de la Ley del Trabajo y la del Seguro Social, como el del Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial de Puertos y Marina Mercantes”.
Expresó que en el mundo, los litorales constituyen un elemento de gran influencia en el desarrollo; los puertos y las playas son ejes que articulan la inversión y el progreso. En las mayores economías del mundo el desarrollo costero ha tenido un papel importante como medida de impulso a la actividad económica.
En México el amplio potencial portuario y costero, y su dinámica económica y poblacional se localizan en las zonas altas. Diecisiete entidades federativas cuentan con 11,122 kilómetros de litorales en el Océano Pacífico y el Golfo de México, y en ellas se concentra más del 15 por ciento de la población; las zonas costeras registran las mayores tasas de crecimiento poblacional del país, y aportan cerca del 36 por ciento del producto interno bruto. No obstante, menos del 3 por ciento de la población económicamente activa se dedica a actividades relacionadas con la explotación litoral.
Apuntó que “sólo destacan como actividades económicas relacionadas con el sector, el turismo en sus diferentes modalidades como: el náutico, sol y playa, cultural, rural, deportivo, entre muchas más; la pesca de altura y ribereña; así como la acuacultura; y la transportación de mercancías a través de puertos comerciales de altura o de cabotaje; en materia industrial, el desarrollo en rubros como astilleros, industrias pesadas, petroquímica entre otras, son las actividades preponderantes del sector. No así la industria de la transformación, ya que de los 338 parques industriales del país, sólo nueve están ubicados en las costas”.
Indicó que existen 107 puertos de los cuales sólo 24 tienen actividades relevantes y de estos, 19 son concesionados a las Administraciones Portuarias Integrales con participación patrimonial al cien por ciento de la federación, relegando a los estados y municipios a formar parte únicamente como miembros de sus consejos de administración, pero excluidos de las asambleas de socios ya que se trata de empresas constituidas bajo la Ley de Sociedades Mercantiles como sociedades anónimas de capital variable.
Señaló que las administraciones portuarias integrales federales son: Ensenada, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Salina Cruz, Puerto Madero, Altamira, Tampico, Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Progreso, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Dos Bocas, esta última creada en noviembre de 1999.
APROVECHAMIENTO DE LOS LITORALES
Éstas, a su vez, ceden parcialmente sus derechos a la inversión privada para su explotación logrando un gran dinamismo. “El 80 por ciento del comercio exterior del país pasa por las Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Ensenada y Altamira”.
Actualmente, los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Veracruz han constituido sociedades mercantiles de participación 100 por ciento estatal, y han obtenido del Ejecutivo Federal las concesiones de las Administraciones Portuarias Integrales para el aprovechamiento de sus litorales.
Por ello, comentó, “México goza de una gran biodiversidad y riqueza en recursos naturales con una baja vocación hacia las actividades marítimas y portuarias. Las zonas costeras de México se vinculan a los grandes sistemas lagunares, hermosos arrecifes, dunas, selvas tropicales y lugares de una increíble belleza natural, que por sus características y ubicación geográfica presentan amplias posibilidades para el desarrollo y bienestar de millones de mexicanos”.
LOS PRINCIAPLES PUERTOS CURSAN DISTINTAS ETAPAS
Manifestó que los principales puertos de México cursan distintas etapas: unos en proceso de consolidación y otros con problemas de congestionamiento de carga, saturación causada por la diferente integración con otras modalidades de trasporte y por las restricciones de crecimiento por encontrarse rodeados de zonas urbanas. “Del mismo modo, existen problemas operativos de carga, descarga, estiba y de seguridad”.
La nación tiene además, dijo, “puertos turísticos y pesqueros, la industria del turismo se considera estratégica por su amplio potencial para generar las divisas que demanda la sociedad, por su gran capacidad para generar empleos y por los efectos multiplicadores que tiene en otros sectores de la economía, también por ser un fuerte inductor de capacitación de inversión extranjera”.
CARECEN DE UNA INFRAESCRUTURA
Resaltó que las posibilidades de desarrollo de la actividad turística en distintos puertos del país, se ven frenadas por carecer de una infraestructura de transporte y de servicios turísticos adecuada y de calidad, también por la falta de una planeación que precise estrategias en cuanto a la coordinación del turismo, tanto nacional como extranjero, con los diversos lugares turísticos cercanos de las zonas portuarias.
En cuanto a los puertos pesqueros, a pesar de la importancia que esta actividad reviste y los enormes recursos potenciales a explorar, se desarrolla con límites que impiden mayor crecimiento. Es de destacar el tamaño y la reducción de su capacidad en captura de las embarcaciones de su flota, los métodos, las técnicas, las artes de pesca tradicionales; los problemas de organización, de comercialización y de financiamiento: la insuficiente infraestructura de apoyo, como adecuados atracaderos, centros de recepción, conservación y frigorífico, así como la escasa capacidad de procesamiento industrial.
“En términos generales, es conveniente señalar y atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población. La modernización de los puertos ubicados en el litoral mexicano resulta altamente prioritaria: pues de estos depende un considerable porcentaje de desarrollo de la economía nacional”.
FORTALECER LOS INTERCAMBIOS
Por su ubicación geográfica, aclaró, México debe fortalecer los intercambios comerciales y de inversión hacia los mercados de éste y otros continentes a través de sus puertos de altura o bien, la interacción hacia los mercados locales.
Ante tal dinámica, expresó, “el crecimiento de México requiere de una infraestructura portuaria acorde a las expectativas de desarrollo, y que permita aprovechar las enormes oportunidades de inversión y de turismo, a fin de fortalecer la productividad que de manera integral asegure la continuidad y el crecimiento del país”.
Todo ello, sin duda representa un gran reto que necesariamente se debe afrontar, delineando conjuntamente los gobiernos federal, estatales y municipales; estrategias, objetivos y metas que permitan el logro de un desarrollo sustentable y armónico de los puertos ubicados en el litoral mexicano. Las directrices que se fijen deben elaborarse interpretando la realidad social del país, por ello, no es correcto ni viable, tratar de impulsar la economía gravando lesivamente los medios de producción de sectores tan estratégicos como el marítimo; se debe fomentar el desarrollo de la industria para garantizar la existencia de una contribución futura, mas no usufructuar el mercado en perjuicio de los ciudadanos y a favor de los extranjeros.
FEDERALISMO AUTÉNTICO
Más adelante, detalló, con la visión de un federalismo auténtico, se deberá impulsar, desde el Congreso Federal, la participación de las entidades federativas y sus municipios, el fortalecimiento del sector portuario y rescate de la marina mercante para lograr beneficios directos de la globalización económica.
La temática particular que han impulsado, en los últimos años, los gobiernos estatales y municipales, así como los diversos actores: “participación de los estados y ayuntamientos en la Administraciones Portuarias Integrales; autonomía de las actividades de las Administraciones Portuarias Integrales; participación de la inversión privada en las Administraciones Portuarias Integrales; transferencia de las capitanías de puerto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina; administración de recintos portuarios y costeros; modernización de las aduanas marítimas; nuevas reglas para el establecimiento de recintos fiscalizados; estratégicos y zonas de actividades logísticas; seguimiento a los proyectos de desarrollo portuario; rescate de la marina mercante; y desarrollo de astilleros”.
PROPONE LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL
Por lo que, propone la creación de una Comisión Especial de puertos y marina mercante en la Cámara de Diputados, con la finalidad de impulsar y dar seguimiento a los proyectos relacionados con la materia y vinculados a: seguridad nacional; equilibrio ecológico; protección al medio ambiente; generación de empleos; crecimiento y desarrollo económico portuario e industrial; turismo; atracción de inversión extranjera; comercio internacional; aduanas; recintos fiscales y recintos portuarios; zonas de actividades logísticas; pesca; e infraestructura portuaria especializada.
Continúo, “otro fundamento para la creación de esta comisión, es la necesidad de reformular tanto las estrategias para la Administración de las Aduanas Marítimas como la conveniencia de emitir lineamientos administrativos específicos en materia administración de aduanas marítimas; pues se requiere , de manera urgente, modernizar los procedimientos y controles del tránsito marítimo, esto no es un asunto sólo de seguridad nacional, deben de promoverse esquemas eficientes para su funcionamiento en un mundo competitivo, en el cual la seguridad y el tiempo de traslado de la mercancía, inciden en forma determinante en los costos, precios y rendimientos. Estudios recientes demuestran que en la próxima década, la capacidad de los puertos mexicanos actuales se verá rebasada. Por ello son necesarias nuevas reglas para establecer recintos fiscalizados estratégicos y zonas de actividades logísticas”.
Además, se necesita en la organización interna de esta soberanía, un órgano especializado que fomente la productividad del sector marítimo a través de la confección de políticas públicas que garanticen la dinámica comercial en los puertos de la República Mexicana, y sobre todo, que en esta dinámica se impulse la contratación de embarcaciones nacionales, para que funcionen como vehículos de la economía mediante el transporte de mercancías, con lo cual, habrá mayor capital y mas fuentes de empleo, ambas premisas indispensables para el desarrollo de la nación.
IMPULSAR LOS ACUERDOS
A su vez, apuntó, “desde la comisión, cuya creación se propongo, se pueden impulsar los acuerdos entre los diversos actores para concretar en el corto y mediano plazo los siguientes proyectos: ampliación del puerto de Veracruz, Veracruz; ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán; ampliación de los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca, destinados a la conformación del corredor transítsmico; administración de recintos costeros de influencia estatal y municipal; revisión de los términos del Convenio de Colaboración Fiscal en materia de zonas federales marítimo-terrestres; expansión de la escalera náutica del Pacífico; desarrollo de la escalera náutica del Golfo; construcción de recintos refrigerados y de empaque para productos pesqueros del mar; construcción de terminales industriales metal mecánicas relacionadas a la extracción petrolera, petroquímica y refinación”.
LOS PUERTOS HA TOMADO UNA NUEVA RELEVANCIA
En el marco de la economía globalizada, anunció la importancia de los puertos ha tomado una nueva relevancia. “Las ciudades costeras se encuentran ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de diversas actividades económicas que se gestan alrededor de su litoral. “Alcanzar el desarrollo portuario y de la marina mercante de México en el reconocimiento y superación de necesidades sociales y económicas, implica la realización de auténticas políticas públicas que rijan el desarrollo del litoral y posibilite la modernización del país y necesariamente el logro de mejores niveles de vida”.
Asimismo, manifestó “modernizar los puertos ubicados en el litoral resulta altamente prioritario, es conveniente atender la falta de integración de la producción pesquera e industrial, así como el sector turístico, que contrasta con el crecimiento dinámico de la población, impulsar el cabotaje en ríos y la participación privada en las inversiones”.
Precisó la legisladora por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que “el desarrollo de los puertos depende de que se comprenda la importancia y trascendencia del impacto socioeconómico y territorial, que la actividad portuaria ejerce sobre la ciudad y el desarrollo sustentable de su zona de influencia más cercana, debemos implantar una estrategia regional, en la cual, la directriz se sitúe en el Ejecutivo estatal, para lograr una descentralización real y una efectiva desconcentración de las decisiones que en el marco del nuevo federalismo otorguen más facultades a las Entidades Federativas; por esto y con el objeto de lograr los proyectos estratégicos planteados en materia de desarrollo portuario”. Por ello, la política veracruzana propondrá en el Punto de Acuerdo crear la Comisión Especial de puertos y marina mercante.
En donde se otorguen los recursos financieros, materiales y humanos necesarios para su debido funcionamiento.
Por último, la diputas priista Carolina Gudiño Corro resaltó que “la duración de la Comisión Especial de puertos y marina mercante comprenderá desde la aprobación del acuerdo hasta el término de la LXI Legislatura”.
Instalan grupo de trabajo que analiza decreto de extinción de CLyFC
Ignacio Arellano Mora
Durante la instalación del grupo de trabajo que analiza el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los diputados que integran éste órgano acordaron solicitar a las dependencias federales la información correspondiente al decreto presidencial para liquidar a los trabajadores de la CLyFC, con el fin de conocer los argumentos jurídicos, técnicos, económicos y sociales.
El grupo resolvió sin prejuzgar las alternativas jurídicas que la Ley permite para alcanzar una conclusión que pueda ser presentada al pleno en un plazo de 12 días hábiles después de publicado el decreto, asimismo establecieron escuchar los distintos análisis de carácter jurídico que le permita a la sociedad tener certeza de constitucionalidad o no del decreto de liquidación de extinción de la CLyFC el pasado 10 de octubre del 2009.
El diputado federal Jesús Alfonso Navarrete Prida, del PRI, presidente de dicho grupo de trabajo, informó que éste órgano legislativo tendrá como fin exclusivo analizar, estudiar y proponer al pleno, en un plazo perentorio la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad al decreto presidencial.
El legislador mexiquense Navarrete Prida puntualizó que de no llegar a ningún acuerdo dentro de las reuniones de trabajo, se presentarán ante el Pleno dos propuestas resolutivas, la primera que esté a favor de una controversia constitucional y la segunda por la acción de inconstitucionalidad.
“Lo mejor sería que llegáremos a un acuerdo único y presentarlo al Pleno, pero de no encontrarlo presentaremos dos propuestas para que sean votadas”, dijo.
El diputado Navarrete Prida comentó que el director Jurídico de la Cámara de Diputados, Juan Alberto Galván, funcionará como apoyo para el grupo de trabajo durante el resolutivo que se emita ante el pleno del Palacio legislativo de San Lázaro.
En su intervención, los diputados del partido de Acción Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Roberto Gil Zuarth manifestaron que el decreto que liquida a LyFC resiste controversias, pues el gobierno federal “no está violentando la ley”; Sin embargo, reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo a fin de establecer acuerdos que ayuden a enfrentar las acciones jurídicas conforme lo mandata la Ley.
En tanto, diputados del PRD y PT manifestaron que el caso de los más de 40 mil trabajadores liquidados debe ser defendido con una controversia constitucional que revierta el decreto del gobierno federal, pero es importante escuchar jurídicamente a las partes involucradas, es decir, “al gobierno, al Sindicato Mexicano de Electricistas y la opinión de los expertos”, comentó Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).
Durante la instalación del grupo de trabajo que analiza el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los diputados que integran éste órgano acordaron solicitar a las dependencias federales la información correspondiente al decreto presidencial para liquidar a los trabajadores de la CLyFC, con el fin de conocer los argumentos jurídicos, técnicos, económicos y sociales.
El grupo resolvió sin prejuzgar las alternativas jurídicas que la Ley permite para alcanzar una conclusión que pueda ser presentada al pleno en un plazo de 12 días hábiles después de publicado el decreto, asimismo establecieron escuchar los distintos análisis de carácter jurídico que le permita a la sociedad tener certeza de constitucionalidad o no del decreto de liquidación de extinción de la CLyFC el pasado 10 de octubre del 2009.
El diputado federal Jesús Alfonso Navarrete Prida, del PRI, presidente de dicho grupo de trabajo, informó que éste órgano legislativo tendrá como fin exclusivo analizar, estudiar y proponer al pleno, en un plazo perentorio la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad al decreto presidencial.
El legislador mexiquense Navarrete Prida puntualizó que de no llegar a ningún acuerdo dentro de las reuniones de trabajo, se presentarán ante el Pleno dos propuestas resolutivas, la primera que esté a favor de una controversia constitucional y la segunda por la acción de inconstitucionalidad.
“Lo mejor sería que llegáremos a un acuerdo único y presentarlo al Pleno, pero de no encontrarlo presentaremos dos propuestas para que sean votadas”, dijo.
El diputado Navarrete Prida comentó que el director Jurídico de la Cámara de Diputados, Juan Alberto Galván, funcionará como apoyo para el grupo de trabajo durante el resolutivo que se emita ante el pleno del Palacio legislativo de San Lázaro.
En su intervención, los diputados del partido de Acción Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Roberto Gil Zuarth manifestaron que el decreto que liquida a LyFC resiste controversias, pues el gobierno federal “no está violentando la ley”; Sin embargo, reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo a fin de establecer acuerdos que ayuden a enfrentar las acciones jurídicas conforme lo mandata la Ley.
En tanto, diputados del PRD y PT manifestaron que el caso de los más de 40 mil trabajadores liquidados debe ser defendido con una controversia constitucional que revierta el decreto del gobierno federal, pero es importante escuchar jurídicamente a las partes involucradas, es decir, “al gobierno, al Sindicato Mexicano de Electricistas y la opinión de los expertos”, comentó Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).
Se inauguró hospital general en Tlaxcala
Ignacio Arellano Mora
La influenza A (H1/N1) es una enfermedad con un comportamiento similar al de la estacional, sin embargo, es muy importante que la población participe con la ejecución de las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y acudir de inmediato al médico ante una enfermedad respiratoria, ya que si se trata en los primeros tres días es curable.
Puntualizó lo anterior el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, al inaugurar el Hospital General de Calpulalpan, Tlaxcala, en donde dijo que los enfermos con problemas respiratorios no deben automedicarse ni muchos menos tomar antibióticos si no tienen la absoluta seguridad de que su enfermedad tiene origen bacteriano.
De igual forma, sugirió a los pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad mórbida y presentan síntomas de influenza, como la fiebre superior a 38 grados centígrados, no esperar el resultado de las pruebas para iniciar el tratamiento inmediato.
Recordó que las pruebas de laboratorio ya no se aplican a todos los enfermos de influenza porque el mayor conocimiento de la enfermedad muestra que es innecesario, además, los diagnósticos son cada vez más acertados.
“Con el apoyo de médicos, enfermeras y demás profesionales del ramo, así como de la población vamos a poder vencer este gran desafío, enfatizó, pero debemos preocuparnos por hacer bien las cosas sin causar pánico”, enfatizó.
Ante el gobernador de la entidad, Héctor Israel Ortiz Ortiz; secretario estatal de Salud, Constantino Vicente Quiroz Pérez, así como del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Julián Francisco Velásquez y Llorente, Córdova Villalobos afirmó que en la actualidad, todos los gobiernos estatales reconocen que el Seguro Popular es una vía para contar con recursos económicos para atender a las personas, construir grandes hospitales y contratar personal.
Mediante los recursos del Seguro Popular, detalló, en 2008 se regularizó a 45 mil empleados del sector y este año a otros 25 mil, con todas las prestaciones laborales de ley, lo que es un hecho sin precedente en México.
Resaltó que esta medida es muy importante para los trabajadores de la salud, ya que no se les podía exigir calidad y dedicación cuando su ingreso, en muchos casos, era insuficiente y tenían inestabilidad laboral, “necesitamos garantizarles estabilidad en el trabajo y una remuneración acorde con sus funciones para que ejerzan con tranquilidad su labor”.
De ahí que el Seguro Popular no sea sólo una credencial y una póliza, sino una realidad que se ve e infraestructura, contratación de personal y abasto de medicamentos, que es de 95.5% con surtimiento completo de recetas en todo el sector, y en algunos estados llega a 99.9%.
Otro de los beneficios del Seguro Popular, añadió, es el Programa de Embarazo Saludable, en el que todas las mujeres y su familia tienen derecho a servicios médicos sin que les ocasione empobrecimiento por la atención que reciben.
También, todos los menores de 18 años con cáncer tienen garantizada la atención integral mediante el Seguro Popular, evitando así que fallezca debido a falta de recursos, “antes, si un niño tenía la desgracia de padecer leucemia, los padres gastaban lo que no tenían, finalmente no alcanzaba para cubrir el tratamiento y el pequeño moría”, cuando 80 por ciento de los casos de leucemia se curan con un tratamiento oportuno, concluyó.
La influenza A (H1/N1) es una enfermedad con un comportamiento similar al de la estacional, sin embargo, es muy importante que la población participe con la ejecución de las medidas de prevención como el lavado frecuente de manos y acudir de inmediato al médico ante una enfermedad respiratoria, ya que si se trata en los primeros tres días es curable.
Puntualizó lo anterior el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, al inaugurar el Hospital General de Calpulalpan, Tlaxcala, en donde dijo que los enfermos con problemas respiratorios no deben automedicarse ni muchos menos tomar antibióticos si no tienen la absoluta seguridad de que su enfermedad tiene origen bacteriano.
De igual forma, sugirió a los pacientes que tienen, por ejemplo, obesidad mórbida y presentan síntomas de influenza, como la fiebre superior a 38 grados centígrados, no esperar el resultado de las pruebas para iniciar el tratamiento inmediato.
Recordó que las pruebas de laboratorio ya no se aplican a todos los enfermos de influenza porque el mayor conocimiento de la enfermedad muestra que es innecesario, además, los diagnósticos son cada vez más acertados.
“Con el apoyo de médicos, enfermeras y demás profesionales del ramo, así como de la población vamos a poder vencer este gran desafío, enfatizó, pero debemos preocuparnos por hacer bien las cosas sin causar pánico”, enfatizó.
Ante el gobernador de la entidad, Héctor Israel Ortiz Ortiz; secretario estatal de Salud, Constantino Vicente Quiroz Pérez, así como del presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Julián Francisco Velásquez y Llorente, Córdova Villalobos afirmó que en la actualidad, todos los gobiernos estatales reconocen que el Seguro Popular es una vía para contar con recursos económicos para atender a las personas, construir grandes hospitales y contratar personal.
Mediante los recursos del Seguro Popular, detalló, en 2008 se regularizó a 45 mil empleados del sector y este año a otros 25 mil, con todas las prestaciones laborales de ley, lo que es un hecho sin precedente en México.
Resaltó que esta medida es muy importante para los trabajadores de la salud, ya que no se les podía exigir calidad y dedicación cuando su ingreso, en muchos casos, era insuficiente y tenían inestabilidad laboral, “necesitamos garantizarles estabilidad en el trabajo y una remuneración acorde con sus funciones para que ejerzan con tranquilidad su labor”.
De ahí que el Seguro Popular no sea sólo una credencial y una póliza, sino una realidad que se ve e infraestructura, contratación de personal y abasto de medicamentos, que es de 95.5% con surtimiento completo de recetas en todo el sector, y en algunos estados llega a 99.9%.
Otro de los beneficios del Seguro Popular, añadió, es el Programa de Embarazo Saludable, en el que todas las mujeres y su familia tienen derecho a servicios médicos sin que les ocasione empobrecimiento por la atención que reciben.
También, todos los menores de 18 años con cáncer tienen garantizada la atención integral mediante el Seguro Popular, evitando así que fallezca debido a falta de recursos, “antes, si un niño tenía la desgracia de padecer leucemia, los padres gastaban lo que no tenían, finalmente no alcanzaba para cubrir el tratamiento y el pequeño moría”, cuando 80 por ciento de los casos de leucemia se curan con un tratamiento oportuno, concluyó.
El seguro popular tendrá servicios de salud en todo el país
Aurora Cordero Pérez
Las más de 10 millones de familias beneficiarias del Seguro Popular, aproximadamente 30 millones de personas, podrán hacer uso de los servicios de salud en cualquiera de las 32 entidades federativas, como parte del convenio signado entre la Secretaría de Salud, a cargo del doctor José Ángel Córdova Villalobos; la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que encabeza Salomón Chertorivski Woldenberg, y los servicios estatales de salud de los 31 estados y el Distrito Federal.
El objetivo del convenio es garantizar la prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular en toda la República Mexicana , quienes tendrán las prestaciones, intervenciones y los servicios médicos considerados dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud que se encuentre vigente (Causes).
Los Servicios Estatales se compensarán económicamente por la prestación de la atención a los beneficiarios de otras entidades federativas.
Con la firma del “Convenio de colaboración y coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica” entre las 32 entidades federativas para la atención de los beneficiarios y afiliados del Seguro Popular”, se atiende el compromiso establecido por el Presidente de la República en el Tercer Informe de Gobierno, de avanzar hacia la cobertura universal de Salud y garantizar a los afiliados del Seguro Popular la prestación de servicios médicos en cualquier lugar dentro del territorio nacional.
De esta forma, los beneficiarios recibirán atención médica en entidades federativas diferentes a la de su residencia por razones de distancia o tiempo de traslado, porque se encuentre en tránsito o por urgencia médica.
En esta modalidad, de enero a septiembre de 2009 se atendieron más de 18 mil pacientes con un costo de más de 126 millones de pesos en entidades distintas a las de su afiliación.
La portabilidad ha tenido un gran impacto en la atención del embarazo, ya que más del 45 por ciento de las intervenciones interestatales estuvieron relacionadas con la atención del parto y puerperio fisiológico, cesáreas y puerperio quirúrgico, recién nacidos y servicio prenatal en embarazo normoevolutivo.
Chertorivski Woldenberg explicó que la portabilidad en materia de servicios del Seguro Popular representa un paso importante hacia la cobertura universal y la atención oportuna de la población afiliada.
De esta forma, dijo, los jornaleros mixtecos tendrán la certeza de que si se enferman en los campos agrícolas del noroeste, serán atendidos en cualquier hospital que preste servicios al Seguro Popular.
“Las familias de los pescadores ribereños podrán ingresar a los centros de salud más cercanos, sin importar que se encuentren en otro estado de la República y los migrantes en búsqueda de una mejor calidad de vida contarán con servicios médicos en Tijuana, Reynosa u otra ciudad de tránsito”, concluyó.
Las más de 10 millones de familias beneficiarias del Seguro Popular, aproximadamente 30 millones de personas, podrán hacer uso de los servicios de salud en cualquiera de las 32 entidades federativas, como parte del convenio signado entre la Secretaría de Salud, a cargo del doctor José Ángel Córdova Villalobos; la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (Seguro Popular), que encabeza Salomón Chertorivski Woldenberg, y los servicios estatales de salud de los 31 estados y el Distrito Federal.
El objetivo del convenio es garantizar la prestación de los servicios médicos a los beneficiarios del Seguro Popular en toda la República Mexicana , quienes tendrán las prestaciones, intervenciones y los servicios médicos considerados dentro del Catálogo Universal de Servicios de Salud que se encuentre vigente (Causes).
Los Servicios Estatales se compensarán económicamente por la prestación de la atención a los beneficiarios de otras entidades federativas.
Con la firma del “Convenio de colaboración y coordinación en materia de prestación de servicios médicos y compensación económica” entre las 32 entidades federativas para la atención de los beneficiarios y afiliados del Seguro Popular”, se atiende el compromiso establecido por el Presidente de la República en el Tercer Informe de Gobierno, de avanzar hacia la cobertura universal de Salud y garantizar a los afiliados del Seguro Popular la prestación de servicios médicos en cualquier lugar dentro del territorio nacional.
De esta forma, los beneficiarios recibirán atención médica en entidades federativas diferentes a la de su residencia por razones de distancia o tiempo de traslado, porque se encuentre en tránsito o por urgencia médica.
En esta modalidad, de enero a septiembre de 2009 se atendieron más de 18 mil pacientes con un costo de más de 126 millones de pesos en entidades distintas a las de su afiliación.
La portabilidad ha tenido un gran impacto en la atención del embarazo, ya que más del 45 por ciento de las intervenciones interestatales estuvieron relacionadas con la atención del parto y puerperio fisiológico, cesáreas y puerperio quirúrgico, recién nacidos y servicio prenatal en embarazo normoevolutivo.
Chertorivski Woldenberg explicó que la portabilidad en materia de servicios del Seguro Popular representa un paso importante hacia la cobertura universal y la atención oportuna de la población afiliada.
De esta forma, dijo, los jornaleros mixtecos tendrán la certeza de que si se enferman en los campos agrícolas del noroeste, serán atendidos en cualquier hospital que preste servicios al Seguro Popular.
“Las familias de los pescadores ribereños podrán ingresar a los centros de salud más cercanos, sin importar que se encuentren en otro estado de la República y los migrantes en búsqueda de una mejor calidad de vida contarán con servicios médicos en Tijuana, Reynosa u otra ciudad de tránsito”, concluyó.
Pactaron gobierno, cañeros e industriales acuerdo en precio del azúcar
Ignacio Arellano Mora
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que con base en el consenso de la cadena productiva quedó determinado el precio de referencia para la tonelada de azúcar en 6,579.20 pesos, el cual servirá para determinar el precio de la caña en cada uno de los ingenios.
Durante la Octava Sesión de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, efectuada en la sede de la Sagarpa , los integrantes de la cadena de la agroindustria azucarera pactaron el precio de referencia para el azúcar, mismo que tendrá efecto para establecer el precio de liquidación de la caña al cierre de la zafra 2008-2009, así como para el pago de las preliquidaciones del arranque de la zafra 2009-2010 que está por iniciar.
Participaron, en este importante acuerdo, en un clima de cordialidad y respeto, los representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; las uniones nacionales de productores de caña afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR); la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana , y secretarios de Desarrollo Agropecuario de estados cañeros.
Por parte del Gobierno Federal, participaron los representantes de las secretarías de Agricultura, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público.
Los dirigentes de los productores de caña subrayaron la trascendencia del acuerdo, al señalar que por vez primera, desde que se estableció la fórmula de cálculo para la determinación del precio de referencia del azúcar, se tiene un referente con toda oportunidad.
Esto permitirá que se inicie la próxima zafra sin amenazas de paro, en un marco de certidumbre, tanto para los productores de la gramínea como para los dueños de los ingenios.
El trabajo de coordinación al interior del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para la fijación del precio de referencia beneficia la relación comercial entre todos los eslabones que integran la agroindustria azucarera del país.
De igual manera, se fortalece el marco de las acciones que se realizan en torno al Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC), que en el mediano plazo permitirá elevar la producción y productividad de caña y azúcar.
Los miembros de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar acordaron solicitar a la Secretaría de Economía (SE) la publicación del acuerdo alcanzado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) informó que con base en el consenso de la cadena productiva quedó determinado el precio de referencia para la tonelada de azúcar en 6,579.20 pesos, el cual servirá para determinar el precio de la caña en cada uno de los ingenios.
Durante la Octava Sesión de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, efectuada en la sede de la Sagarpa , los integrantes de la cadena de la agroindustria azucarera pactaron el precio de referencia para el azúcar, mismo que tendrá efecto para establecer el precio de liquidación de la caña al cierre de la zafra 2008-2009, así como para el pago de las preliquidaciones del arranque de la zafra 2009-2010 que está por iniciar.
Participaron, en este importante acuerdo, en un clima de cordialidad y respeto, los representantes de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera; las uniones nacionales de productores de caña afiliados a la Confederación Nacional Campesina (CNC) y a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR); la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera del Senado; el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana , y secretarios de Desarrollo Agropecuario de estados cañeros.
Por parte del Gobierno Federal, participaron los representantes de las secretarías de Agricultura, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Hacienda y Crédito Público.
Los dirigentes de los productores de caña subrayaron la trascendencia del acuerdo, al señalar que por vez primera, desde que se estableció la fórmula de cálculo para la determinación del precio de referencia del azúcar, se tiene un referente con toda oportunidad.
Esto permitirá que se inicie la próxima zafra sin amenazas de paro, en un marco de certidumbre, tanto para los productores de la gramínea como para los dueños de los ingenios.
El trabajo de coordinación al interior del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar para la fijación del precio de referencia beneficia la relación comercial entre todos los eslabones que integran la agroindustria azucarera del país.
De igual manera, se fortalece el marco de las acciones que se realizan en torno al Programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar (PRONAC), que en el mediano plazo permitirá elevar la producción y productividad de caña y azúcar.
Los miembros de la Junta Directiva del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar acordaron solicitar a la Secretaría de Economía (SE) la publicación del acuerdo alcanzado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Aumentó déficit agroalimentario 455% durante los gobiernos panistas: CNC
Ignacio Arellano Mora
La Confederación Nacional Campesina (CNC) denunció que el déficit de la balanza agroalimentaria en tan sólo dos años creció 4,483 millones de dólares, un 187.6 por ciento con respecto a 2006 y un 455.6 por ciento con relación al año 2000, período que comprende a los gobiernos panistas
Cruz López Aguilar, presidente de la CNC , manifestó que la cifra causa preocupación y alarma, sobre todo si se considera que si bien se ha incrementado la producción nacional de maíz, así también lo ha hecho el consumo y las importaciones de este grano en 2008 llegaron a 9.1 millones de toneladas, lo que significa que en tan sólo los dos primeros años del actual gobierno aumentaron 1.5 millones de toneladas cuando los precios internacionales fueron los más altos de la historia.
El también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recordó que las importaciones del grano crecieron de 5.3 millones de toneladas en el 2000 a 7.6 millones de toneladas en el 2006, esto es, 2.3 millones de toneladas en un sexenio.
En el marco de la discusión del documento “Análisis y Criterios de Integración de la Propuesta sobre Presupuesto de Egresos de la Federación para el campo Mexicano (PEC) 2010, el dirigente aseguró que en el caso de las oleaginosas la situación es mucho más delicada.
“El consumo nacional es de alrededor de 4.3 millones de toneladas e importamos cerca de 4 millones de toneladas anuales, con el agravante de que por el precio internacional de estos productos, su importe es comparable con el valor de las importaciones de maíz”, afirmó.
Por eso es que la CNC , destacó, demanda 271, 933.1 millones de pesos de presupuesto al campo para el próximo año, 10 por ciento más al de 2008, pues México debe acatar el llamado “urgente” del Grupo de los 20, del que nuestro país forma parte, a todas las naciones con el objeto de que la agricultura sustentable, la seguridad alimentaria y la nutrición, ocupen puestos clave en las agendas políticas a nivel nacional, regional y mundial.
Más, agregó, si se ha reconocido oficialmente que de 2006 al 2008, la Pobreza Alimentaria nacional, creció en 5 millones de habitantes, de los cuales 2.8 viven de las zonas rurales, por lo que hoy son 12.2 millones en pobreza extrema en el campo.
En contraparte, argumentó el líder de la CNC , el presupuesto para el programa Oportunidades en este mismo periodo se incrementó de 11 mil 891 millones de pesos a 18 mil millones de pesos, es decir, en 6 mil 109 millones de pesos, 51.4 por ciento del presupuesto del 2006.
“Conclusión: el incremento de los presupuestos a los programas sociales-asistenciales, no disminuye la pobreza y ésta sigue creciendo, en las zonas rurales principalmente”, expresó.
Cruz López Aguilar lamentó que para 2010 el Ejecutivo pretenda disminuir fundamentalmente las vertientes de Competitividad, Infraestructura y Financiera, en cerca de 20 mil 400 millones de pesos y se los incremente a las vertientes Social, Salud y Educativa.
Por tal motivo, agregó, la diputación de la CNC lucha junto con otros grupos parlamentarios que en el presupuesto al campo se impulsen los programas estructurales de comercialización, infraestructura e inversión, mismo que fueron reducidos para trasladarlos al combate asistencialista de la pobreza.
La Confederación Nacional Campesina (CNC) denunció que el déficit de la balanza agroalimentaria en tan sólo dos años creció 4,483 millones de dólares, un 187.6 por ciento con respecto a 2006 y un 455.6 por ciento con relación al año 2000, período que comprende a los gobiernos panistas
Cruz López Aguilar, presidente de la CNC , manifestó que la cifra causa preocupación y alarma, sobre todo si se considera que si bien se ha incrementado la producción nacional de maíz, así también lo ha hecho el consumo y las importaciones de este grano en 2008 llegaron a 9.1 millones de toneladas, lo que significa que en tan sólo los dos primeros años del actual gobierno aumentaron 1.5 millones de toneladas cuando los precios internacionales fueron los más altos de la historia.
El también presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados recordó que las importaciones del grano crecieron de 5.3 millones de toneladas en el 2000 a 7.6 millones de toneladas en el 2006, esto es, 2.3 millones de toneladas en un sexenio.
En el marco de la discusión del documento “Análisis y Criterios de Integración de la Propuesta sobre Presupuesto de Egresos de la Federación para el campo Mexicano (PEC) 2010, el dirigente aseguró que en el caso de las oleaginosas la situación es mucho más delicada.
“El consumo nacional es de alrededor de 4.3 millones de toneladas e importamos cerca de 4 millones de toneladas anuales, con el agravante de que por el precio internacional de estos productos, su importe es comparable con el valor de las importaciones de maíz”, afirmó.
Por eso es que la CNC , destacó, demanda 271, 933.1 millones de pesos de presupuesto al campo para el próximo año, 10 por ciento más al de 2008, pues México debe acatar el llamado “urgente” del Grupo de los 20, del que nuestro país forma parte, a todas las naciones con el objeto de que la agricultura sustentable, la seguridad alimentaria y la nutrición, ocupen puestos clave en las agendas políticas a nivel nacional, regional y mundial.
Más, agregó, si se ha reconocido oficialmente que de 2006 al 2008, la Pobreza Alimentaria nacional, creció en 5 millones de habitantes, de los cuales 2.8 viven de las zonas rurales, por lo que hoy son 12.2 millones en pobreza extrema en el campo.
En contraparte, argumentó el líder de la CNC , el presupuesto para el programa Oportunidades en este mismo periodo se incrementó de 11 mil 891 millones de pesos a 18 mil millones de pesos, es decir, en 6 mil 109 millones de pesos, 51.4 por ciento del presupuesto del 2006.
“Conclusión: el incremento de los presupuestos a los programas sociales-asistenciales, no disminuye la pobreza y ésta sigue creciendo, en las zonas rurales principalmente”, expresó.
Cruz López Aguilar lamentó que para 2010 el Ejecutivo pretenda disminuir fundamentalmente las vertientes de Competitividad, Infraestructura y Financiera, en cerca de 20 mil 400 millones de pesos y se los incremente a las vertientes Social, Salud y Educativa.
Por tal motivo, agregó, la diputación de la CNC lucha junto con otros grupos parlamentarios que en el presupuesto al campo se impulsen los programas estructurales de comercialización, infraestructura e inversión, mismo que fueron reducidos para trasladarlos al combate asistencialista de la pobreza.
Protege TEDF a ex contador mayor de la ALDF
Ignacio Arellano Mora
“Oscuro e incongruente”, fue calificado por ciudadanos recurrentes el veredicto de “desechamiento improcedente” emitido por la Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), ya que al presentar en tiempo y forma un recurso de revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, la institución respondió con artimañas jurídicas para proteger aparentemente varios funcionarios que ocupan importantes carteras dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), coludiéndose en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que incluso uno de ellos ya fue detenido por la PGR acusado por el delito de peculado y malversación de fondos.
El recurso de revisión que emitió la dirección general jurídica del IEDF en contra del proceso de revisión y que contraviene la Ley en referencia, se suscribe en el expediente TEDF-OIP-305/2009, donde aparentemente conforme a su “veredicto”, pretende proteger a funcionarios que en el reciente pasado fueron sancionados por la Ley Federal de Transparencia y de los Servidores Públicos.
La respuesta de la institución fue “salomónica” ya que infringió con fundamentos antijurídicos al expresar su negativa a la transparencia, es decir, rechazó desplegar la interpósita demanda en contra de un funcionario de nombre Carlos Nava y otros.
Lo medular de esta investigación es en el sentido de que el IEDF hizo una erogación exageradamente millonaria que raya en la insolencia de actos de corrupción, es decir, que utilizó del erario federal más de 1.4 millones de pesos para remodelar y amueblar las oficinas de dos de sus cinco magistrados.
La Secretaría Administrativa del TEDF pagó un millón 370 mil pesos a la empresa Industrias Jafher por los muebles de las oficinas de los magistrados Armando Maitret y Miguel Covián, así como para su personal de confianza.
De acuerdo con información emitida en la página de Transparencia del Tribunal, la compra se llevó a cabo en abril mediante adjudicación directa del contrato TEDF/DRMS/AD/014/2009 que emitió la Secretaría Administrativa , a cargo de Carlos Nava.
Los muebles “con chapa de madera” costaron 164 mil 466 pesos, monto que de acuerdo con la Subdirección de Recursos Materiales, representó un incremento de ciento por ciento con respecto al valor en que se adquirieron artículos con las mismas características en 2008.
EXAGERACIÓN DE SOBREPRECIOS
La exageración de sobreprecios también se incurrió en la compra de dos sillas, cuyo precio fue de 102 mil 016 pesos, que en comparación con las adquiridas en 2008 también tuvieron un incremento de ciento por ciento.
El Tribunal adquirió además dos mesas para la sala de juntas con un costo de 45 mil 804 pesos; así como una sala de espera general con valor de 162 mil 058 pesos.
En el recurso de revisión, se demanda la aclaración porqué se compraron cuatro módulos operativos para igual número de usuarios con un valor de 160 mil 660 pesos; el mobiliario para seis oficinas de los secretarios de estudio y cuenta con un valor de 185 mil 880 pesos. En tanto, los muebles para las oficinas de seis secretarios auxiliares costaron 144 mil 216 pesos.
El contrato incluyó la reparación y adecuación de la mesa de juntas modular utilizada por los cinco magistrados, cuyo costo ascendió a 62 mil 180 pesos. En el acuerdo que autoriza la adquisición se explica que para el pago de los muebles se empleó un millón 129 mil 138 pesos de la partida “mobiliario” del presupuesto 2009 del Tribunal; en tanto que 71 mil 507 corresponden a saldos de la venta de vehículos propiedad del Órgano. Los 169 mil 370 pesos restantes correspondieron a la partida de impuestos y gastos fedatarios del presupuesto del TEDF.
Esas no son las únicas adquisiciones del órgano en lo que va del año, pues la Secretaría Administrativa adquirió 28 cubiertas de cristal para mesas de madera y 30 mesas de cristal en 88 mil 37.1 pesos con el proveedor Israel Vargas.
De igual forma el Tribunal erogó 269 mil 715 pesos en la colocación de mosquiteros y película reflecta en sus ventanas, limpieza de vidrios; impermeabilización de su terraza y mantenimiento de su planta de emergencia.
El Consejo Mexicano de la Publicidad en sendos comerciales televisivos, solicitó públicamente a la sociedad llamar “corruptos” y “ladrones” a quienes participan en esas actividades para enriquecerse ilícitamente.
Es de extrañarse que en el TEDF se desconozcan ingenuamente o se les olvide el pasado real de Carlos Nava Pérez, ya que se tiene el antecedente que Javier Castillo Ayala, ex contralor del IEDF y ex contador mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue precisamente el jefe de Carlos Nava Pérez cuando ocupó el cargo de Director General de Administración y Finanzas, Director General de Auditoría al Sector Paraestatal, Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (1994-1999) y Contaduría Mayor de Hacienda del Palacio Legislativo de San Lázaro (1991-1994), “cuando precisamente la corrupción y el cinismo operó en la entonces CMHF”:
Aparentemente, Carlos Nava junto con su compañero y presunto cómplice Luis Humberto Sangino Rovira, éste recibió las denuncias en su contra, para que él mismo las resolviera en contra de ambos, por acuerdo de la Contaduría Mayor.
Se menciona también que es evidente que en el TEDF ética y posiblemente legalmente, no era correcto las actividades de estos dos funcionarios debido a sus antecedentes de corrupción juntos en el TEDF, por lo que es urgente que Carlos Nava explique si informó al Pleno del TEDF de esa anómala situación.
En la edición del viernes 15 de junio de 2007, el periódico “ La Jornada ” publicó parte de la lista de más de 50 personas que aparecen como “aviadores” y destaca que una de las secretarias del empresario argentino Carlos Ahumada cobraba en 2003; y con la clave 07, aparece LH Sanguino, cuyas iniciales coinciden con el nombre del ex contador mayor Luis Humberto, y con la clave 11, Carlos Nava, también ex contador mayor.
DESCOMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
El grado de descomposición administrativa llevada a cabo por esos presuntos funcionarios corruptos, fue cuando el contador mayor de Hacienda de la ALDF , Carlos Nava, recobró su libertad bajo fianza del Reclusorio Norte, luego de dejar en prenda 1.4 millones de pesos.
El juez primero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en la Ciudad de México, Tereso Ramos Hernández, le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, tuvo que concederle la libertad bajo fianza debido a que el delito de ejercicio abusivo de funciones que se le atribuyó fue cometido en 1996, cuando todavía no se consideraba como grave.
De acuerdo con la averiguación previa que cumplimentó la Procuraduría General de la República (PGR), en junio de 1996, Carlos Nava Pérez utilizó a su esposa para ganar una licitación pública que le produjo un beneficio económico de 585 mil 770 pesos.
Carlos Nava incurrió presuntamente en el ilícito al participar en una licitación convocada por la delegación Xochimilco para la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos de carga y transportación, sin tener derecho a ello por ser funcionario público, al ocupar en ese momento el cargo de director general de Auditoría al sector paraestatal de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Para ganar dicha licitación, Carlos Nava manipuló a su cónyuge al designarla como la administradora única de la empresa denominada Ranasa de Hidalgo, S. A. de C. V., de la cual era socio. Desde el 14 de julio de 2000, el Ministerio Público Federal consignó la averiguación previa 918/DAMJ/99, y solicitó una orden de aprehensión en contra de Carlos Nava, accionista y tesorero de la empresa Ranasa.
Pero el 18 de octubre de 2000, el juzgado primero de distrito, dentro de la causa auxiliar 123/000, negó la orden de aprehensión. Dicha resolución fue apelada por el MP, por lo que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito libró la orden de aprehensión que cumplimentó la PGR el 15 de marzo de ese año, cuando Carlos Nava fue detenido.
De acuerdo con la causa auxiliar 123/2000, también existió orden de aprehensión en contra de Raúl González y Guadalupe Ramírez, dos cercanos colaboradores de Nava. Los hechos fueron denunciados por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, de la anterior legislatura ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
El juez federal Tereso Ramos les fijó una fianza de 600 mil pesos para garantizar los gastos del proceso judicial, 210 mil pesos por la multa que se le impuso, así como 585 mil 770 pesos para garantizar la posible reparación del daño.
Después de observar e investigar las múltiples actividades en pro de sus negocios personales y familiares, así como encubrir la corrupción en la Comisión Mayor de Hacienda (CMH) de la ALDF , no se descartó que la PGR siga investigando a estos malos funcionarios, pues se presume que han cometido un sistemático enriquecimiento inexplicable, junto con varios de sus colaboradores que todavía laboran en el TEDF y con un pasado oscuro, protegidos a través de actos de simulación y de fiscalización por la ALDF.
Al cabo del tiempo, aun no se explica un sentido ético por parte de los titulares del IEDF la propuesta y nombramientos de estos funcionarios con sus antecedentes, pero eso no es “ofensivo” para el TEDF, sino que el particular que promovió el recurso de revisión está demandando transparencia, acto que no se ha cumplido por parte del INFODF.
INCUMPLIMIENTO PETITORIO
El IEDF en forma desagradable incurrió en la omisión al negarse para dar respuesta a 15 importantes y torales puntos petitorios en la solicitud de Información promovida, donde se demanda que detallara sobre todos los estudios de mercado realizados por la institución, así como la de sus colaboradores desde la llegada de Carlos Nava Pérez; detallar por número consecutivo acerca de todos los contratos firmados y autorizados por este mismo funcionario desde su llegada.
Fundamentalmente se exige a través de las leyes mexicanas, que diera a conocer qué contralor o subalternos sobre la revisión citando nombres fechas y razón de todos los contratos; la cronología exacta de los montos pagados y la adquisición con precios unitarios en todas las licitaciones e invitaciones, así como los procesos de adjudicaciones directas.
El IEDF se negó a proporcionar las razones sociales de todas las empresas o particulares contratadas con la compra realizadas; nombre de los propietarios de las empresas contratadas con su escritura constitutiva y sus datos de cada una de ellas; las declaraciones patrimoniales de Carlos Nava Pérez y sus colaboradores; copia de todos los documentos que acrediten el cumplimiento a todas sus obligaciones de transparencia de su área desde su llegada incluidas las del Contralor en su momento.
El IEDF también expresó su omisión sobre la negativa de informar cuántos funcionarios han sido sancionados, el monto económico de las sanciones emitidas y cuántas fueron saldadas por presuntos responsables desde la creación de dicha Institución.
Se dio incumplimiento a la solicitud de todas las auditorias practicadas por la Contraloría respectiva; cuántos funcionarios han sido sancionados económicamente, el monto y tipo de sanción; así como de todos los asuntos recibidos de la Contaduría Mayor de la ALDF y la Auditoría Superior de la Federación , si fuese el caso.
El acuerdo del no ejercicio de la acción penal que ejerció la PGR contra Carlos Nava Pérez; que diera a conocer el acuerdo de archivo de las denuncias penales y administrativas en contra de éste funcionario y sus más cercanos colaboradores; nombre, cargo y razón de los funcionarios del Tribunal que contrataron a “este ejemplar funcionario corrupto” o montos que han recibido por sus compras con sobreprecios y dirigidas a sus empresas, familiares y socios de presunto enriquecimiento ilícito”.
“Oscuro e incongruente”, fue calificado por ciudadanos recurrentes el veredicto de “desechamiento improcedente” emitido por la Tribunal Electoral del Distrito Federal (TEDF), ya que al presentar en tiempo y forma un recurso de revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, la institución respondió con artimañas jurídicas para proteger aparentemente varios funcionarios que ocupan importantes carteras dentro del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), coludiéndose en actos de corrupción y enriquecimiento ilícito, que incluso uno de ellos ya fue detenido por la PGR acusado por el delito de peculado y malversación de fondos.
El recurso de revisión que emitió la dirección general jurídica del IEDF en contra del proceso de revisión y que contraviene la Ley en referencia, se suscribe en el expediente TEDF-OIP-305/2009, donde aparentemente conforme a su “veredicto”, pretende proteger a funcionarios que en el reciente pasado fueron sancionados por la Ley Federal de Transparencia y de los Servidores Públicos.
La respuesta de la institución fue “salomónica” ya que infringió con fundamentos antijurídicos al expresar su negativa a la transparencia, es decir, rechazó desplegar la interpósita demanda en contra de un funcionario de nombre Carlos Nava y otros.
Lo medular de esta investigación es en el sentido de que el IEDF hizo una erogación exageradamente millonaria que raya en la insolencia de actos de corrupción, es decir, que utilizó del erario federal más de 1.4 millones de pesos para remodelar y amueblar las oficinas de dos de sus cinco magistrados.
La Secretaría Administrativa del TEDF pagó un millón 370 mil pesos a la empresa Industrias Jafher por los muebles de las oficinas de los magistrados Armando Maitret y Miguel Covián, así como para su personal de confianza.
De acuerdo con información emitida en la página de Transparencia del Tribunal, la compra se llevó a cabo en abril mediante adjudicación directa del contrato TEDF/DRMS/AD/014/2009 que emitió la Secretaría Administrativa , a cargo de Carlos Nava.
Los muebles “con chapa de madera” costaron 164 mil 466 pesos, monto que de acuerdo con la Subdirección de Recursos Materiales, representó un incremento de ciento por ciento con respecto al valor en que se adquirieron artículos con las mismas características en 2008.
EXAGERACIÓN DE SOBREPRECIOS
La exageración de sobreprecios también se incurrió en la compra de dos sillas, cuyo precio fue de 102 mil 016 pesos, que en comparación con las adquiridas en 2008 también tuvieron un incremento de ciento por ciento.
El Tribunal adquirió además dos mesas para la sala de juntas con un costo de 45 mil 804 pesos; así como una sala de espera general con valor de 162 mil 058 pesos.
En el recurso de revisión, se demanda la aclaración porqué se compraron cuatro módulos operativos para igual número de usuarios con un valor de 160 mil 660 pesos; el mobiliario para seis oficinas de los secretarios de estudio y cuenta con un valor de 185 mil 880 pesos. En tanto, los muebles para las oficinas de seis secretarios auxiliares costaron 144 mil 216 pesos.
El contrato incluyó la reparación y adecuación de la mesa de juntas modular utilizada por los cinco magistrados, cuyo costo ascendió a 62 mil 180 pesos. En el acuerdo que autoriza la adquisición se explica que para el pago de los muebles se empleó un millón 129 mil 138 pesos de la partida “mobiliario” del presupuesto 2009 del Tribunal; en tanto que 71 mil 507 corresponden a saldos de la venta de vehículos propiedad del Órgano. Los 169 mil 370 pesos restantes correspondieron a la partida de impuestos y gastos fedatarios del presupuesto del TEDF.
Esas no son las únicas adquisiciones del órgano en lo que va del año, pues la Secretaría Administrativa adquirió 28 cubiertas de cristal para mesas de madera y 30 mesas de cristal en 88 mil 37.1 pesos con el proveedor Israel Vargas.
De igual forma el Tribunal erogó 269 mil 715 pesos en la colocación de mosquiteros y película reflecta en sus ventanas, limpieza de vidrios; impermeabilización de su terraza y mantenimiento de su planta de emergencia.
El Consejo Mexicano de la Publicidad en sendos comerciales televisivos, solicitó públicamente a la sociedad llamar “corruptos” y “ladrones” a quienes participan en esas actividades para enriquecerse ilícitamente.
Es de extrañarse que en el TEDF se desconozcan ingenuamente o se les olvide el pasado real de Carlos Nava Pérez, ya que se tiene el antecedente que Javier Castillo Ayala, ex contralor del IEDF y ex contador mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue precisamente el jefe de Carlos Nava Pérez cuando ocupó el cargo de Director General de Administración y Finanzas, Director General de Auditoría al Sector Paraestatal, Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (1994-1999) y Contaduría Mayor de Hacienda del Palacio Legislativo de San Lázaro (1991-1994), “cuando precisamente la corrupción y el cinismo operó en la entonces CMHF”:
Aparentemente, Carlos Nava junto con su compañero y presunto cómplice Luis Humberto Sangino Rovira, éste recibió las denuncias en su contra, para que él mismo las resolviera en contra de ambos, por acuerdo de la Contaduría Mayor.
Se menciona también que es evidente que en el TEDF ética y posiblemente legalmente, no era correcto las actividades de estos dos funcionarios debido a sus antecedentes de corrupción juntos en el TEDF, por lo que es urgente que Carlos Nava explique si informó al Pleno del TEDF de esa anómala situación.
En la edición del viernes 15 de junio de 2007, el periódico “ La Jornada ” publicó parte de la lista de más de 50 personas que aparecen como “aviadores” y destaca que una de las secretarias del empresario argentino Carlos Ahumada cobraba en 2003; y con la clave 07, aparece LH Sanguino, cuyas iniciales coinciden con el nombre del ex contador mayor Luis Humberto, y con la clave 11, Carlos Nava, también ex contador mayor.
DESCOMPOSICIÓN ADMINISTRATIVA
El grado de descomposición administrativa llevada a cabo por esos presuntos funcionarios corruptos, fue cuando el contador mayor de Hacienda de la ALDF , Carlos Nava, recobró su libertad bajo fianza del Reclusorio Norte, luego de dejar en prenda 1.4 millones de pesos.
El juez primero de distrito en materia de procesos penales federales, con sede en la Ciudad de México, Tereso Ramos Hernández, le dictó auto de formal prisión. Sin embargo, tuvo que concederle la libertad bajo fianza debido a que el delito de ejercicio abusivo de funciones que se le atribuyó fue cometido en 1996, cuando todavía no se consideraba como grave.
De acuerdo con la averiguación previa que cumplimentó la Procuraduría General de la República (PGR), en junio de 1996, Carlos Nava Pérez utilizó a su esposa para ganar una licitación pública que le produjo un beneficio económico de 585 mil 770 pesos.
Carlos Nava incurrió presuntamente en el ilícito al participar en una licitación convocada por la delegación Xochimilco para la contratación de servicios de arrendamiento de vehículos de carga y transportación, sin tener derecho a ello por ser funcionario público, al ocupar en ese momento el cargo de director general de Auditoría al sector paraestatal de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Para ganar dicha licitación, Carlos Nava manipuló a su cónyuge al designarla como la administradora única de la empresa denominada Ranasa de Hidalgo, S. A. de C. V., de la cual era socio. Desde el 14 de julio de 2000, el Ministerio Público Federal consignó la averiguación previa 918/DAMJ/99, y solicitó una orden de aprehensión en contra de Carlos Nava, accionista y tesorero de la empresa Ranasa.
Pero el 18 de octubre de 2000, el juzgado primero de distrito, dentro de la causa auxiliar 123/000, negó la orden de aprehensión. Dicha resolución fue apelada por el MP, por lo que el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito libró la orden de aprehensión que cumplimentó la PGR el 15 de marzo de ese año, cuando Carlos Nava fue detenido.
De acuerdo con la causa auxiliar 123/2000, también existió orden de aprehensión en contra de Raúl González y Guadalupe Ramírez, dos cercanos colaboradores de Nava. Los hechos fueron denunciados por los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PVEM, de la anterior legislatura ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam).
El juez federal Tereso Ramos les fijó una fianza de 600 mil pesos para garantizar los gastos del proceso judicial, 210 mil pesos por la multa que se le impuso, así como 585 mil 770 pesos para garantizar la posible reparación del daño.
Después de observar e investigar las múltiples actividades en pro de sus negocios personales y familiares, así como encubrir la corrupción en la Comisión Mayor de Hacienda (CMH) de la ALDF , no se descartó que la PGR siga investigando a estos malos funcionarios, pues se presume que han cometido un sistemático enriquecimiento inexplicable, junto con varios de sus colaboradores que todavía laboran en el TEDF y con un pasado oscuro, protegidos a través de actos de simulación y de fiscalización por la ALDF.
Al cabo del tiempo, aun no se explica un sentido ético por parte de los titulares del IEDF la propuesta y nombramientos de estos funcionarios con sus antecedentes, pero eso no es “ofensivo” para el TEDF, sino que el particular que promovió el recurso de revisión está demandando transparencia, acto que no se ha cumplido por parte del INFODF.
INCUMPLIMIENTO PETITORIO
El IEDF en forma desagradable incurrió en la omisión al negarse para dar respuesta a 15 importantes y torales puntos petitorios en la solicitud de Información promovida, donde se demanda que detallara sobre todos los estudios de mercado realizados por la institución, así como la de sus colaboradores desde la llegada de Carlos Nava Pérez; detallar por número consecutivo acerca de todos los contratos firmados y autorizados por este mismo funcionario desde su llegada.
Fundamentalmente se exige a través de las leyes mexicanas, que diera a conocer qué contralor o subalternos sobre la revisión citando nombres fechas y razón de todos los contratos; la cronología exacta de los montos pagados y la adquisición con precios unitarios en todas las licitaciones e invitaciones, así como los procesos de adjudicaciones directas.
El IEDF se negó a proporcionar las razones sociales de todas las empresas o particulares contratadas con la compra realizadas; nombre de los propietarios de las empresas contratadas con su escritura constitutiva y sus datos de cada una de ellas; las declaraciones patrimoniales de Carlos Nava Pérez y sus colaboradores; copia de todos los documentos que acrediten el cumplimiento a todas sus obligaciones de transparencia de su área desde su llegada incluidas las del Contralor en su momento.
El IEDF también expresó su omisión sobre la negativa de informar cuántos funcionarios han sido sancionados, el monto económico de las sanciones emitidas y cuántas fueron saldadas por presuntos responsables desde la creación de dicha Institución.
Se dio incumplimiento a la solicitud de todas las auditorias practicadas por la Contraloría respectiva; cuántos funcionarios han sido sancionados económicamente, el monto y tipo de sanción; así como de todos los asuntos recibidos de la Contaduría Mayor de la ALDF y la Auditoría Superior de la Federación , si fuese el caso.
El acuerdo del no ejercicio de la acción penal que ejerció la PGR contra Carlos Nava Pérez; que diera a conocer el acuerdo de archivo de las denuncias penales y administrativas en contra de éste funcionario y sus más cercanos colaboradores; nombre, cargo y razón de los funcionarios del Tribunal que contrataron a “este ejemplar funcionario corrupto” o montos que han recibido por sus compras con sobreprecios y dirigidas a sus empresas, familiares y socios de presunto enriquecimiento ilícito”.
Niño y niñas víctimas de explotación sexual en Estados Unidos
Aurora Cordero Pérez
De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre trata de personas, durante 2009, en nuestro país habría cerca de 20 mil niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, especialmente en zonas turísticas y comerciales.
Por otro lado, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), reportó que durante 2008 solamente iniciaron 24 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales únicamente dos han sido consignadas.
Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.
Así lo señaló, la diputada Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza (NA), al presentar reformas al artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de omitir de dicha normatividad que se excluya a cualquier persona de ese delito cuando de por medio haya consentimiento de la víctima.
La legisladora explicó que la actual ley establece que cuando se comprueba que hubo consentimiento de la víctima no existe delito que perseguir, lo cual atenta con lo dispuesto en instrumentos internacionales a los que México está inscrito.
Destacó que así los traficantes, proxenetas, reclutadores y todos aquellos explotadores que concierten, exploten o dirijan a otra persona hacia la prostitución, aun con su consentimiento serían sancionados. “En numerosos casos, esta gente utiliza el argumento del consentimiento como instrumento de defensa para librarse del castigo”.
Pinedo Alonso dijo que con las modificaciones se lograría dar mayor certeza jurídica, “debido a que hasta mayo de 2009, veintidós estados del país y el Distrito Federal habían promulgado la legislación que criminaliza algunas formas de trata de seres humanos a nivel local. Sin embargo, no se reportaron sentencias o castigos importantes contra tratantes de personas en el último año, a pesar de que el gobierno federal abrió 24 investigaciones”.
Informó que de acuerdo con la El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , en 21 de las 32 entidades mexicanas se han detectado actividades de "turismo sexual" y de una importante incidencia de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.
“ La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres sostiene que México ocupa el quinto lugar mundial respecto de esas víctimas, y que al menos 250 mil niños y adolescentes están inmersos en el comercio sexual”.
La legisladora puntualizó que actualmente México es catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual comercial y trabajo forzado. “Los grupos considerados más vulnerables son mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados”.
Estos grupos, agregó, son objeto de trata dentro del mismo país para explotación sexual comercial, llevados mediante engaños con ofertas falsas de trabajo desde sus regiones rurales hacia zonas urbanas, fronterizas y turísticas.
“La mayoría de las víctimas provenientes de otros países que son objeto de explotación sexual comercial vienen de América Central, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; muchos de ellos pasan por México con destino a los Estados Unidos y en menor grado a Canadá y Europa occidental”, aseveró.
Pinedo Alonso recalcó que el turismo sexual infantil continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún y en ciudades en la frontera norte: Tijuana y Ciudad Juárez.
“Viajeros extranjeros que buscan este tipo de servicios llegan en su mayoría de los Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. Redes de crimen organizado llevan a niñas y mujeres mexicanas a los Estados Unidos para su explotación sexual comercial”.
De acuerdo con un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre trata de personas, durante 2009, en nuestro país habría cerca de 20 mil niños, niñas y adolescentes víctimas de explotación sexual, especialmente en zonas turísticas y comerciales.
Por otro lado, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), reportó que durante 2008 solamente iniciaron 24 averiguaciones previas por el delito de trata de personas, de las cuales únicamente dos han sido consignadas.
Entre las víctimas se encuentran mujeres mexicanas y extranjeras, procedentes principalmente de El Salvador, Corea, Argentina, China, Honduras, Perú y Guatemala.
Así lo señaló, la diputada Cora Pinedo Alonso, de Nueva Alianza (NA), al presentar reformas al artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, a fin de omitir de dicha normatividad que se excluya a cualquier persona de ese delito cuando de por medio haya consentimiento de la víctima.
La legisladora explicó que la actual ley establece que cuando se comprueba que hubo consentimiento de la víctima no existe delito que perseguir, lo cual atenta con lo dispuesto en instrumentos internacionales a los que México está inscrito.
Destacó que así los traficantes, proxenetas, reclutadores y todos aquellos explotadores que concierten, exploten o dirijan a otra persona hacia la prostitución, aun con su consentimiento serían sancionados. “En numerosos casos, esta gente utiliza el argumento del consentimiento como instrumento de defensa para librarse del castigo”.
Pinedo Alonso dijo que con las modificaciones se lograría dar mayor certeza jurídica, “debido a que hasta mayo de 2009, veintidós estados del país y el Distrito Federal habían promulgado la legislación que criminaliza algunas formas de trata de seres humanos a nivel local. Sin embargo, no se reportaron sentencias o castigos importantes contra tratantes de personas en el último año, a pesar de que el gobierno federal abrió 24 investigaciones”.
Informó que de acuerdo con la El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia , en 21 de las 32 entidades mexicanas se han detectado actividades de "turismo sexual" y de una importante incidencia de trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual comercial.
“ La Coalición Internacional contra la Trata de Mujeres sostiene que México ocupa el quinto lugar mundial respecto de esas víctimas, y que al menos 250 mil niños y adolescentes están inmersos en el comercio sexual”.
La legisladora puntualizó que actualmente México es catalogado como país de origen, tránsito y destino de víctimas de explotación sexual comercial y trabajo forzado. “Los grupos considerados más vulnerables son mujeres, niños, indígenas y migrantes indocumentados”.
Estos grupos, agregó, son objeto de trata dentro del mismo país para explotación sexual comercial, llevados mediante engaños con ofertas falsas de trabajo desde sus regiones rurales hacia zonas urbanas, fronterizas y turísticas.
“La mayoría de las víctimas provenientes de otros países que son objeto de explotación sexual comercial vienen de América Central, particularmente de Guatemala, Honduras y El Salvador; muchos de ellos pasan por México con destino a los Estados Unidos y en menor grado a Canadá y Europa occidental”, aseveró.
Pinedo Alonso recalcó que el turismo sexual infantil continúa creciendo en México, especialmente en zonas turísticas como Acapulco y Cancún y en ciudades en la frontera norte: Tijuana y Ciudad Juárez.
“Viajeros extranjeros que buscan este tipo de servicios llegan en su mayoría de los Estados Unidos, Canadá y Europa occidental. Redes de crimen organizado llevan a niñas y mujeres mexicanas a los Estados Unidos para su explotación sexual comercial”.
Que caminos rurales sean parte del gasto federalizado de gobiernos locales
Ignacio Arellano Mora
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para infraestructura carretera contempla recursos por 37 mil millones de pesos, mientras que este año se ejercieron 50 mil millones, por lo que será trabajo de la Comisión de Transportes lograr un monto de esta magnitud.
Afirmó el diputado federal Francisco Martín Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transportes, en la reunión con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Oscar De Buen Richkarday.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que el sector enfrenta grandes retos en materia de seguridad, operación eficiente, competitividad de la infraestructura, desarrollo, fortalecimiento y cuidado del ambiente.
Expresó que es indispensable modernizar el sistema nacional de transporte para incrementar la calidad, capacidad y eficiencia de los servicios.
“México tiene que redoblar los esfuerzos en la construcción y modernización de su infraestructura, para que sea un destino a los inversionistas, con costos competitivos para tener acceso a los principales mercados”, dijo.
En este sentido, precisó que se impulsará un marco jurídico acorde a la realidad nacional e internacional para promover el desarrollo del sector y garantizar un transporte eficiente y seguro.
Se manifestó por trabajar en estrecha relación con la SCT para participar proactivamente y atender las cuestiones relacionadas con el presupuesto del sector y su ejercicio.
La diputada Paula Hernández Olmos, del PRI, secretaria de la Comisión , propuso una estricta vigilancia en la aplicación de los recursos públicos para evitar que en el 2010 los gobiernos federal, estatal o municipal incurran en subejercicios.
Manifestó la necesidad de realizar permanentemente reuniones de evaluación para dar seguimiento a la aplicación del gasto público.
A su vez, el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del PAN, señaló que los impuestos deben ser redistribuidos en las zonas donde se generaron y sugirió una revisión de las reglas de operación para fijar montos en los que pudieran participar en los proyectos de la SCT constructoras pequeñas de los diferentes municipios en los estados, “de esa manera vamos a crear más empleos y a fortalecer la economía local”.
El diputado Samuel Herrera Chávez, del PRD, planteó realizar un plan de trabajo en el que se considere el aspecto histórico del transporte en México para analizar el alcance y la visión a futuro del sector.
Pidió que el equipo técnico de la Comisión recabe los datos y propuestas de los diputados para elaborar un proyecto de trabajo integral, en el que se incluya el planteamiento del presupuesto y los aspectos legislativos.
Del PVEM Juan José Guerra Abud afirmó que la conservación de carreteras debe ser un tema prioritario, “no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que las inversiones que ya se hicieron se vengan para abajo”.
Consideró que los grandes ejes carreteros deben ser desarrollados por la SCT porque tiene los conocimientos, la manera y el presupuesto para ello y se sumó a la propuesta de que los caminos rurales sean parte del gasto federalizado entregado a los gobiernos locales.
“Nadie mejor que ellos tiene el conocimiento de lo que se necesita en cada región para atender las propuestas”.
Durante la reunión se aprobó la creación de las subcomisiones de Transporte Ferroviario, Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, e Infraestructura Carretera, esta última quedará dividida en Norte, Centro y Sur del país.
En su intervención, De Buen Richkarday, dijo que el objetivo del programa carretero es aumentar la productividad económica, eliminar desequilibrios regionales y el aislamiento de comunidades rurales, así como contribuir a la generación de empleos y el impulso al desarrollo regional.
En el marco del programa carretero, continuó, se tienen dos fuentes fundamentales de financiamiento: los recursos que aporta el Presupuesto de Egresos de la Federación y, “adicionalmente, en los últimos años ha cobrado creciente importancia el desarrollo de programas de asociación con el sector privado a través de concesiones, proyectos de prestación de servicios y otros métodos de participación, para intensificar las inversiones en el sector carretero y desarrollar más rápido esta infraestructura”.
Dijo que en la parte de obras no presupuestales, es decir, obras realizadas mediante asociaciones público-privadas, se ha logrado un incremento sustantivo de kilometraje de carreteras de altas especificaciones, “llevamos ya alrededor de 850 kilómetros , un poco más de kilómetros de este tipo de carreteras, que son de la mayor importancia para las regiones y para la economía en su conjunto”.
Además de las terminadas hay un programa de 75 obras que se están preparando que permitirán disponer de más de cuatro mil 600 kilómetros de carreteras nuevas.
Sobre el presupuesto para 2010, la SCT integró una propuesta que considera, alrededor de 18 mil millones de pesos para el Programa de Construcción y Modernización; 10 mil 500 millones para el programa de Conservación; seis mil millones para el Programa de Caminos Rurales; mil 700 millones para el Programa de Empleo Temporal y alrededor de 420 millones de pesos para servicios técnicos y estudios, entre otros programas.
En total, explicó, este monto representa el 75 por ciento del presupuesto total inicial autorizado en 2009. “Es decir, los 37 mil 620 millones, comparados con los 50 mil millones de pesos de la autorización inicial y respecto al presupuesto recortado representan alrededor del 90 por ciento”.
Solicitó a la Comisión de Transportes que al asignar los recursos para el sector en 2010 se destinen a programas que ya cuentan con los elementos para agilizar su ejecución, así “el ejercicio presupuestal puede ser ejemplar, rapidísimo y del que rindamos las mejores cuentas posibles”.
Agregó que si los proyectos reciben recursos sin tener esos elementos, se corre el riesgo de que no se apliquen conforme a la autorización que haya emitido la Cámara de Diputados.
Respecto a 2009, informó que se llevó a cabo un ejercicio rápido y oportuno de los recursos. Explicó que al 29 de julio, fecha en que se anunció el recorte de los 50 mil millones autorizados por la Cámara de Diputados para 2009, había 41 mil 426 millones comprometidos en los programas y obras de la Secretaría y “habíamos ejercido un monto de 21 mil 841 millones de pesos”.
Dijo que para este año se ejercerá prácticamente la totalidad del presupuesto que, “tal y como está en este momento, va a ser una cifra del orden de 41 mil 400 millones de pesos”, subrayó.
Respecto al ajuste presupuestal, mencionó que el monto que se tuvo que recortar para el caso del sector fue de ocho mil 126 millones de pesos, y se ajustaron obras de construcción y modernización de carreteras y programas de caminos rurales y alimentadores; obras que no tenían elementos para llevar a cabo las licitaciones; se cancelaron algunas que estaban en proceso, que no representaban todavía un compromiso de la Secretaría y se redujeron las metas en obras contratadas.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 para infraestructura carretera contempla recursos por 37 mil millones de pesos, mientras que este año se ejercieron 50 mil millones, por lo que será trabajo de la Comisión de Transportes lograr un monto de esta magnitud.
Afirmó el diputado federal Francisco Martín Gil Ortiz, presidente de la Comisión de Transportes, en la reunión con el subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Oscar De Buen Richkarday.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, señaló que el sector enfrenta grandes retos en materia de seguridad, operación eficiente, competitividad de la infraestructura, desarrollo, fortalecimiento y cuidado del ambiente.
Expresó que es indispensable modernizar el sistema nacional de transporte para incrementar la calidad, capacidad y eficiencia de los servicios.
“México tiene que redoblar los esfuerzos en la construcción y modernización de su infraestructura, para que sea un destino a los inversionistas, con costos competitivos para tener acceso a los principales mercados”, dijo.
En este sentido, precisó que se impulsará un marco jurídico acorde a la realidad nacional e internacional para promover el desarrollo del sector y garantizar un transporte eficiente y seguro.
Se manifestó por trabajar en estrecha relación con la SCT para participar proactivamente y atender las cuestiones relacionadas con el presupuesto del sector y su ejercicio.
La diputada Paula Hernández Olmos, del PRI, secretaria de la Comisión , propuso una estricta vigilancia en la aplicación de los recursos públicos para evitar que en el 2010 los gobiernos federal, estatal o municipal incurran en subejercicios.
Manifestó la necesidad de realizar permanentemente reuniones de evaluación para dar seguimiento a la aplicación del gasto público.
A su vez, el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza, del PAN, señaló que los impuestos deben ser redistribuidos en las zonas donde se generaron y sugirió una revisión de las reglas de operación para fijar montos en los que pudieran participar en los proyectos de la SCT constructoras pequeñas de los diferentes municipios en los estados, “de esa manera vamos a crear más empleos y a fortalecer la economía local”.
El diputado Samuel Herrera Chávez, del PRD, planteó realizar un plan de trabajo en el que se considere el aspecto histórico del transporte en México para analizar el alcance y la visión a futuro del sector.
Pidió que el equipo técnico de la Comisión recabe los datos y propuestas de los diputados para elaborar un proyecto de trabajo integral, en el que se incluya el planteamiento del presupuesto y los aspectos legislativos.
Del PVEM Juan José Guerra Abud afirmó que la conservación de carreteras debe ser un tema prioritario, “no debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que las inversiones que ya se hicieron se vengan para abajo”.
Consideró que los grandes ejes carreteros deben ser desarrollados por la SCT porque tiene los conocimientos, la manera y el presupuesto para ello y se sumó a la propuesta de que los caminos rurales sean parte del gasto federalizado entregado a los gobiernos locales.
“Nadie mejor que ellos tiene el conocimiento de lo que se necesita en cada región para atender las propuestas”.
Durante la reunión se aprobó la creación de las subcomisiones de Transporte Ferroviario, Transporte Marítimo, Transporte Aéreo, e Infraestructura Carretera, esta última quedará dividida en Norte, Centro y Sur del país.
En su intervención, De Buen Richkarday, dijo que el objetivo del programa carretero es aumentar la productividad económica, eliminar desequilibrios regionales y el aislamiento de comunidades rurales, así como contribuir a la generación de empleos y el impulso al desarrollo regional.
En el marco del programa carretero, continuó, se tienen dos fuentes fundamentales de financiamiento: los recursos que aporta el Presupuesto de Egresos de la Federación y, “adicionalmente, en los últimos años ha cobrado creciente importancia el desarrollo de programas de asociación con el sector privado a través de concesiones, proyectos de prestación de servicios y otros métodos de participación, para intensificar las inversiones en el sector carretero y desarrollar más rápido esta infraestructura”.
Dijo que en la parte de obras no presupuestales, es decir, obras realizadas mediante asociaciones público-privadas, se ha logrado un incremento sustantivo de kilometraje de carreteras de altas especificaciones, “llevamos ya alrededor de 850 kilómetros , un poco más de kilómetros de este tipo de carreteras, que son de la mayor importancia para las regiones y para la economía en su conjunto”.
Además de las terminadas hay un programa de 75 obras que se están preparando que permitirán disponer de más de cuatro mil 600 kilómetros de carreteras nuevas.
Sobre el presupuesto para 2010, la SCT integró una propuesta que considera, alrededor de 18 mil millones de pesos para el Programa de Construcción y Modernización; 10 mil 500 millones para el programa de Conservación; seis mil millones para el Programa de Caminos Rurales; mil 700 millones para el Programa de Empleo Temporal y alrededor de 420 millones de pesos para servicios técnicos y estudios, entre otros programas.
En total, explicó, este monto representa el 75 por ciento del presupuesto total inicial autorizado en 2009. “Es decir, los 37 mil 620 millones, comparados con los 50 mil millones de pesos de la autorización inicial y respecto al presupuesto recortado representan alrededor del 90 por ciento”.
Solicitó a la Comisión de Transportes que al asignar los recursos para el sector en 2010 se destinen a programas que ya cuentan con los elementos para agilizar su ejecución, así “el ejercicio presupuestal puede ser ejemplar, rapidísimo y del que rindamos las mejores cuentas posibles”.
Agregó que si los proyectos reciben recursos sin tener esos elementos, se corre el riesgo de que no se apliquen conforme a la autorización que haya emitido la Cámara de Diputados.
Respecto a 2009, informó que se llevó a cabo un ejercicio rápido y oportuno de los recursos. Explicó que al 29 de julio, fecha en que se anunció el recorte de los 50 mil millones autorizados por la Cámara de Diputados para 2009, había 41 mil 426 millones comprometidos en los programas y obras de la Secretaría y “habíamos ejercido un monto de 21 mil 841 millones de pesos”.
Dijo que para este año se ejercerá prácticamente la totalidad del presupuesto que, “tal y como está en este momento, va a ser una cifra del orden de 41 mil 400 millones de pesos”, subrayó.
Respecto al ajuste presupuestal, mencionó que el monto que se tuvo que recortar para el caso del sector fue de ocho mil 126 millones de pesos, y se ajustaron obras de construcción y modernización de carreteras y programas de caminos rurales y alimentadores; obras que no tenían elementos para llevar a cabo las licitaciones; se cancelaron algunas que estaban en proceso, que no representaban todavía un compromiso de la Secretaría y se redujeron las metas en obras contratadas.
Barco y Camacho ¡a punto de pisar la cárcel!
Ignacio Arellano Mora
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), enumeró un nuevo “pliego de consignaciones” para el ejercicio de la acción penal en contra de Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López, por el delito de administración multimillonariamente fraudulenta que se enmarca en las aclaraciones de la ex Ruta-100, acusó su dirigente camionero urbano Jorge Cuellar Valdez.
Estableció que esos exdirigentes “tienen un pendiente con la justicia”, porque conforme a las indagatorias que no solo el Sutaur ha llevado al cabo puntualmente con autoridades judiciales, se demuestra fehacientemente que detrás del viejo conflicto de la R-100 , coexiste una peligrosa asociación delictuosa de cuello blanco, entre los que “preocupantemente” aparece la maquinación de “ La Familia ” del secretario de Hacienda.
A más de 14 años de su desaparición, y que además alrededor de 600 trabajadores que han fallecido por diferentes causas a quienes en la víspera finalmente se les reconocerá la idea de que “se les hará pronta justicia”, las manifestaciones de júbilo y regocijo comenzaron a aflorar como parte de un colorarlo y plausible de “consumación” por estos hechos históricos de las “mil batallas”.
Entre los sutauristas radia un reconocimiento al Ejecutivo sobre la firme decisión de que Marcelo Ebrard, está completamente decidido por resolver, y de inmediato, el viejo conflicto de la R-100 ; “esperamos que así sea”, externaron.
A más de 14 años de la existencia de este conflicto y que alrededor de 600 trabajadores dejaron esta vida sin conocer que la Ley les reverdeciera el auténtico ángulo de la balanza de la justicia, la demanda se sustentó: “¡Justicia para todos!”…
“ La R-100 mantiene su posición de exigencia, sobre todo por su prestigio”, aunque sentencia: “Somos mexicanos pero no torpes, vamos hasta el final…”.
Y frente a la víspera a los agoreros que “vamos pronto a una nueva Revolución”, destacó que ésta será ‘emplumada’; el Gobierno debe saber que no estamos solos ni estamos jugando. A pesar de que ellos tienen las armas del Ejército, nosotros levantaremos nuestros brazos del poder de triunfo social, al pesar de nuestros muertos.
600 COMPAÑEROS HAN OFRENDADO SUS VIDAS
Será un día feliz para que los gobiernos de Marcelo Ebrard y el de Felipe Calderón, mantengan un desorden más que social, desbordantemente civil que se niegan asumir la recitad del orden democrático.
“Dicen que 14 años no son ‘nada’, pero en ese devenir, 600 compañeros han ofrendado sus vidas. Esta es una lucha épica que perseverará por la reivindicación de los obreros transportistas por siempre”, aseveró el presidente de la Comisión Liquidadora de la ex Ruta-100, Jorge Cuellar Valdez.
El dirigente camionero denunció que han detectado -en el marco de las negociaciones-, “la firme decisión del Ejecutivo local para darle certeza final a la lucha de la R-100 , porque están convencidos que en su régimen no debe prevalecer ni la corrupción, ni la impunidad”.
Si bien aplaudió el hecho que las mesas interinstitucionales en las que participan altos funcionarios del GDF-versus-Ruta 100, para trazar “nuevas estrategias y horizontes de solución”, subrayó su importancia en el sentido que se ha retomado el rumbo de la democracia obrera de la capital del país.
Lamentó, sin embargo, que en este tipo de reuniones “difícilmente” se presente el abogado de la Ciudad (Miguel Ángel Mancera Espinoza). Ungió al funcionario que demuestre sus buenos oficios de justicia a fin de dar a conocer cuál es el estado que guarda esta “fraudulenta investigación de la Ruta 100” , donde “ahora surgen extraordinarias revelaciones y con nombres.
“Únicamente exigimos que prevalezca la existencia de la verdad, pero siempre que predomine la equidad, la igualdad y la justicia”, acotó enérgico.
Recordó que “así como el conflicto de la R-100 ya cumplió más de 14 años sin que jurídicamente se resuelva”, apuntó: “forma parte de una espiral que obedece a la estructura y perfecta impunidad, misma que se ha caracterizado a través del tiempo con el bestial asesinato político del Magistrado Abraham Polo Uscanga. De eso nadie se olvida, en virtud de que al Estado no que hay que decírselo…”.
Remarcó: “para que nadie reconociera la verdad, todo lo secretan. Polo, nuestro amigo, fue el primer mexicano que nos defendió y ofrendó su vida por el movimiento de la R-100. ¿Luego de él, quién”.
“El Jurista -ilustró el líder de masas camioneras-, el gran abogado Uscanga –y de quien dijo que desde el siempre vetusto edificio de Insurgentes Sur 700 en cual tenía su despacho, cómo el fenómeno de la corrupción ha ido carcomido el sistema de justicia en el Distrito Federal”, avizoró su muerte.
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
En el documento difundido por el Sindicato Único de Trabajadores de la Ruta 100, se advierte que la PGJDF , consignó el ejercicio de la acción penal por el delito de administración fraudulenta cometido en contra de trabajadores de la R-100.
Entre los probables responsables se encuentran Carlos Septiem Michel, quien fungía como delegado fiduciario de la institución crediticia IXE-Banco, y los dirigentes del extinto SUTAUR Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y Arturo Mendoza Larraguível, entre otros.
Los choferes de la R-100 no se muestran conformes con la consignación, ya que consideran que, a pesar de haber demostrado fraude del que fueron objeto, “se abre la puerta” para que “no se toque” al Consejo de Administración de ese Grupo Financiero, en donde por cierto, se hallan involucrados los hermanos del Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así como al intocable Comité Técnico de Fideicomiso. IXE, cuyo slogan reza: “El Banco que da la cara”, “guarda silencio”, relató Cuellar Valdez.
OPERACIONES INUSUALES
Por “posibles operaciones inusuales, relevantes o preocupantes”, la PGJDF solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que “proporcione la información de todos los movimientos que se registren en el Sistema Financiero (1995-2009) de once personas físicas y siete morales. Entre estas últimas se encuentra IXE Banco, el Grupo Financiero donde prestan sus servicios profesionales y que paralelamente son accionistas, hermanos y sobrinos del propio titular de Hacienda, Agustín Carstens Carstens.
La petición judicial se formula en la averiguación previa FDS/C520/01-07, y acumuladas, abierta en la PGJDF contra IXE y contra la antigua dirigencia del extinto Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros de la Ruta 100, quienes supuestamente habrían incurrido en los delitos de fraude y lavado de dinero. Los denunciantes son los trabajadores que se dicen estafados y que están organizados en el Grupo Periférico de Extrabajadores de la R-100 .
La solicitud de la PGJDF a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no se realiza de manera directa: el oficio 404/300/140/09-02, está dirigido a César Peniche, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y de Falsificación o alteración de Moneda de la PGR. De acuerdo con la normatividad, será ésta Unidad la que solicite la información a la SHCP para, a su vez, entregarla a la PGJDF. El oficio argumenta que la información solicitada es “necesaria para la debida integración de la presente averiguación previa”.
Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, asesor jurídico y líder de la R-100 , respectivamente; Arturo Mendoza Larraguível, quien junto con su hermano Jorge, fungía como asesor de la dirigencia del Sutaur; José Ernesto Ávila Velázquez, Eulalio Durán Morán, José Fernando García Guzmán, Ricardo Guillermo Barco Ortiz, Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Velázquez Mendoza, Miguel Reyes Rojas y Carlos Septiem Michel (éste último, delegado Fiduciario de IXE Banco), forman parte del Grupo de Personas Físicas de las que se solicita información de sus actividades financieras y fiscales de 1995-2009, por su probable participación en la Comisión de Delitos Financieros.
SOLICITA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS
Las personas Morales de las que también el Sutaur solicita información respecto de sus actividades financieras y fiscales durante dicho periodo, son: IXE Banco, así como de todas sus empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/100-4: Grupo Metropolitano de Transporte; Corporativo de Transporte; Autotransportes Urbanos “Siglo Nuevo”; Servicios Metropolitanos de Transporte “17 de Marzo”; Transportes Urbanos “Nuevo Milenio”; Sistema de Transportes en Taxis; y Talleres de Servicios de Diesel.
En todo este tinglado delincuencial, el Sutaur advirtió que durante una década, los trabajadores vivieron engaños con el discurso de que las empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/1004 eran suyas. En mayo de 1996, cuando se disolvió R-100, cada trabajador destinó el 30 por ciento de su liquidación a la constitución de los Fideicomisos. La promesa fue la creación de fondos de ahorro para beneficio de los trabajadores y la constitución de empresas, de las que serían dueños, es decir, que los siete mil 13 asalariados lograron reunir, entonces, 147 millones 564 mil pesos.
De acuerdo con el padrón de los socios del Fideicomiso F/100-7 en poder de Banco IXE, cientos de trabajadores entregaron más de 100 mil pesos cada uno, en la víspera de la extraordinaria devaluación, cuando el tipo de cambio se ubicaba en 7.3 pesor por dólar.
Según se desprende del documento en referencia intitulado Relación de Socios Actuales del Fideicomiso F/100-7 y membretado por la Administradora de Fondos Populares, S. C. –cuyo apoderado legal es Jorge Mendoza Larraguível-, el promedio de dinero entregado por cada trabajador fue de dos mil pesos corrientes de mayo de 1996.
Al respecto, Sutaur hace referencia que nunca recibieron utilidades de las empresas constituidas por su patrimonio. “Cuando comenzaron a organizarse para protestar por lo que siempre hemos considerado nuestro patrimonio, vilmente nos lo robaron. Fuimos despedidos.
La R-100 tiene su historia; no solo es una copia de la que encabezó Demetrio Vallejo, aferrado y tenaz; sino en contra del empellón antidemocrático laborista, y que a pesar de ello, fue víctima de una tormentosa persecución política inaudita.
“Hoy vivimos tiempos diferenciados, pero que no nos separan de esas vivencias que aun sufrimos. Somos democráticos, nadie hará decaer nuestros ánimos de lucha”, alertó el dirigente camionero.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), enumeró un nuevo “pliego de consignaciones” para el ejercicio de la acción penal en contra de Gabino Camacho Barrera y Ricardo Barco López, por el delito de administración multimillonariamente fraudulenta que se enmarca en las aclaraciones de la ex Ruta-100, acusó su dirigente camionero urbano Jorge Cuellar Valdez.
Estableció que esos exdirigentes “tienen un pendiente con la justicia”, porque conforme a las indagatorias que no solo el Sutaur ha llevado al cabo puntualmente con autoridades judiciales, se demuestra fehacientemente que detrás del viejo conflicto de la R-100 , coexiste una peligrosa asociación delictuosa de cuello blanco, entre los que “preocupantemente” aparece la maquinación de “ La Familia ” del secretario de Hacienda.
A más de 14 años de su desaparición, y que además alrededor de 600 trabajadores que han fallecido por diferentes causas a quienes en la víspera finalmente se les reconocerá la idea de que “se les hará pronta justicia”, las manifestaciones de júbilo y regocijo comenzaron a aflorar como parte de un colorarlo y plausible de “consumación” por estos hechos históricos de las “mil batallas”.
Entre los sutauristas radia un reconocimiento al Ejecutivo sobre la firme decisión de que Marcelo Ebrard, está completamente decidido por resolver, y de inmediato, el viejo conflicto de la R-100 ; “esperamos que así sea”, externaron.
A más de 14 años de la existencia de este conflicto y que alrededor de 600 trabajadores dejaron esta vida sin conocer que la Ley les reverdeciera el auténtico ángulo de la balanza de la justicia, la demanda se sustentó: “¡Justicia para todos!”…
“ La R-100 mantiene su posición de exigencia, sobre todo por su prestigio”, aunque sentencia: “Somos mexicanos pero no torpes, vamos hasta el final…”.
Y frente a la víspera a los agoreros que “vamos pronto a una nueva Revolución”, destacó que ésta será ‘emplumada’; el Gobierno debe saber que no estamos solos ni estamos jugando. A pesar de que ellos tienen las armas del Ejército, nosotros levantaremos nuestros brazos del poder de triunfo social, al pesar de nuestros muertos.
600 COMPAÑEROS HAN OFRENDADO SUS VIDAS
Será un día feliz para que los gobiernos de Marcelo Ebrard y el de Felipe Calderón, mantengan un desorden más que social, desbordantemente civil que se niegan asumir la recitad del orden democrático.
“Dicen que 14 años no son ‘nada’, pero en ese devenir, 600 compañeros han ofrendado sus vidas. Esta es una lucha épica que perseverará por la reivindicación de los obreros transportistas por siempre”, aseveró el presidente de la Comisión Liquidadora de la ex Ruta-100, Jorge Cuellar Valdez.
El dirigente camionero denunció que han detectado -en el marco de las negociaciones-, “la firme decisión del Ejecutivo local para darle certeza final a la lucha de la R-100 , porque están convencidos que en su régimen no debe prevalecer ni la corrupción, ni la impunidad”.
Si bien aplaudió el hecho que las mesas interinstitucionales en las que participan altos funcionarios del GDF-versus-Ruta 100, para trazar “nuevas estrategias y horizontes de solución”, subrayó su importancia en el sentido que se ha retomado el rumbo de la democracia obrera de la capital del país.
Lamentó, sin embargo, que en este tipo de reuniones “difícilmente” se presente el abogado de la Ciudad (Miguel Ángel Mancera Espinoza). Ungió al funcionario que demuestre sus buenos oficios de justicia a fin de dar a conocer cuál es el estado que guarda esta “fraudulenta investigación de la Ruta 100” , donde “ahora surgen extraordinarias revelaciones y con nombres.
“Únicamente exigimos que prevalezca la existencia de la verdad, pero siempre que predomine la equidad, la igualdad y la justicia”, acotó enérgico.
Recordó que “así como el conflicto de la R-100 ya cumplió más de 14 años sin que jurídicamente se resuelva”, apuntó: “forma parte de una espiral que obedece a la estructura y perfecta impunidad, misma que se ha caracterizado a través del tiempo con el bestial asesinato político del Magistrado Abraham Polo Uscanga. De eso nadie se olvida, en virtud de que al Estado no que hay que decírselo…”.
Remarcó: “para que nadie reconociera la verdad, todo lo secretan. Polo, nuestro amigo, fue el primer mexicano que nos defendió y ofrendó su vida por el movimiento de la R-100. ¿Luego de él, quién”.
“El Jurista -ilustró el líder de masas camioneras-, el gran abogado Uscanga –y de quien dijo que desde el siempre vetusto edificio de Insurgentes Sur 700 en cual tenía su despacho, cómo el fenómeno de la corrupción ha ido carcomido el sistema de justicia en el Distrito Federal”, avizoró su muerte.
EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
En el documento difundido por el Sindicato Único de Trabajadores de la Ruta 100, se advierte que la PGJDF , consignó el ejercicio de la acción penal por el delito de administración fraudulenta cometido en contra de trabajadores de la R-100.
Entre los probables responsables se encuentran Carlos Septiem Michel, quien fungía como delegado fiduciario de la institución crediticia IXE-Banco, y los dirigentes del extinto SUTAUR Ricardo Barco López, Gabino Camacho Barrera y Arturo Mendoza Larraguível, entre otros.
Los choferes de la R-100 no se muestran conformes con la consignación, ya que consideran que, a pesar de haber demostrado fraude del que fueron objeto, “se abre la puerta” para que “no se toque” al Consejo de Administración de ese Grupo Financiero, en donde por cierto, se hallan involucrados los hermanos del Secretario de Hacienda, Agustín Carstens, así como al intocable Comité Técnico de Fideicomiso. IXE, cuyo slogan reza: “El Banco que da la cara”, “guarda silencio”, relató Cuellar Valdez.
OPERACIONES INUSUALES
Por “posibles operaciones inusuales, relevantes o preocupantes”, la PGJDF solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, que “proporcione la información de todos los movimientos que se registren en el Sistema Financiero (1995-2009) de once personas físicas y siete morales. Entre estas últimas se encuentra IXE Banco, el Grupo Financiero donde prestan sus servicios profesionales y que paralelamente son accionistas, hermanos y sobrinos del propio titular de Hacienda, Agustín Carstens Carstens.
La petición judicial se formula en la averiguación previa FDS/C520/01-07, y acumuladas, abierta en la PGJDF contra IXE y contra la antigua dirigencia del extinto Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros de la Ruta 100, quienes supuestamente habrían incurrido en los delitos de fraude y lavado de dinero. Los denunciantes son los trabajadores que se dicen estafados y que están organizados en el Grupo Periférico de Extrabajadores de la R-100 .
La solicitud de la PGJDF a la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP no se realiza de manera directa: el oficio 404/300/140/09-02, está dirigido a César Peniche, titular de la Unidad Especializada en la Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y de Falsificación o alteración de Moneda de la PGR. De acuerdo con la normatividad, será ésta Unidad la que solicite la información a la SHCP para, a su vez, entregarla a la PGJDF. El oficio argumenta que la información solicitada es “necesaria para la debida integración de la presente averiguación previa”.
Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, asesor jurídico y líder de la R-100 , respectivamente; Arturo Mendoza Larraguível, quien junto con su hermano Jorge, fungía como asesor de la dirigencia del Sutaur; José Ernesto Ávila Velázquez, Eulalio Durán Morán, José Fernando García Guzmán, Ricardo Guillermo Barco Ortiz, Leonel Villafuerte Zavala, Gerardo Velázquez Mendoza, Miguel Reyes Rojas y Carlos Septiem Michel (éste último, delegado Fiduciario de IXE Banco), forman parte del Grupo de Personas Físicas de las que se solicita información de sus actividades financieras y fiscales de 1995-2009, por su probable participación en la Comisión de Delitos Financieros.
SOLICITA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS
Las personas Morales de las que también el Sutaur solicita información respecto de sus actividades financieras y fiscales durante dicho periodo, son: IXE Banco, así como de todas sus empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/100-4: Grupo Metropolitano de Transporte; Corporativo de Transporte; Autotransportes Urbanos “Siglo Nuevo”; Servicios Metropolitanos de Transporte “17 de Marzo”; Transportes Urbanos “Nuevo Milenio”; Sistema de Transportes en Taxis; y Talleres de Servicios de Diesel.
En todo este tinglado delincuencial, el Sutaur advirtió que durante una década, los trabajadores vivieron engaños con el discurso de que las empresas constituidas con los fideicomisos F/100-7 y F/1004 eran suyas. En mayo de 1996, cuando se disolvió R-100, cada trabajador destinó el 30 por ciento de su liquidación a la constitución de los Fideicomisos. La promesa fue la creación de fondos de ahorro para beneficio de los trabajadores y la constitución de empresas, de las que serían dueños, es decir, que los siete mil 13 asalariados lograron reunir, entonces, 147 millones 564 mil pesos.
De acuerdo con el padrón de los socios del Fideicomiso F/100-7 en poder de Banco IXE, cientos de trabajadores entregaron más de 100 mil pesos cada uno, en la víspera de la extraordinaria devaluación, cuando el tipo de cambio se ubicaba en 7.3 pesor por dólar.
Según se desprende del documento en referencia intitulado Relación de Socios Actuales del Fideicomiso F/100-7 y membretado por la Administradora de Fondos Populares, S. C. –cuyo apoderado legal es Jorge Mendoza Larraguível-, el promedio de dinero entregado por cada trabajador fue de dos mil pesos corrientes de mayo de 1996.
Al respecto, Sutaur hace referencia que nunca recibieron utilidades de las empresas constituidas por su patrimonio. “Cuando comenzaron a organizarse para protestar por lo que siempre hemos considerado nuestro patrimonio, vilmente nos lo robaron. Fuimos despedidos.
La R-100 tiene su historia; no solo es una copia de la que encabezó Demetrio Vallejo, aferrado y tenaz; sino en contra del empellón antidemocrático laborista, y que a pesar de ello, fue víctima de una tormentosa persecución política inaudita.
“Hoy vivimos tiempos diferenciados, pero que no nos separan de esas vivencias que aun sufrimos. Somos democráticos, nadie hará decaer nuestros ánimos de lucha”, alertó el dirigente camionero.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)