Ignacio Arellano Mora
El vicecoordinador de la fracción del PAN, Carlos Alberto Pérez Cuevas, afirmó que a los gobernadores involucrados en las llamadas telefónicas, se les puede fincar responsabilidades y dar seguimiento en una investigación de oficio, toda vez que éstos no se han deslindado de los hechos, además afirmó que es tiempo de revisar la reforma electoral para fortalecer el castigo a los responsables de desviar recursos públicos para fines electorales.
“No he escuchado a ninguno negar los hechos, se han ido por las circunstancias de decir que se les ha espiado y escuchado. Y ahí está el elemento suficiente para que cualquier autoridad de oficio pueda iniciar una investigación profunda”, declaró el legislador.
Previo al inicio de la reunión de la Junta de Coordinación Política, el diputado del PAN aclaró que las autoridades gubernamentales y dependencias se han deslindado de ser los responsables de difundir las llamadas telefónicas.
“Y si hubiese duda, tienen su derecho de pedir que se investigue y se finquen responsabilidades, pero el tema central es que nadie ha negado los hechos”, declaró el diputado.
CANCELAR LAS ELECCIONES
A pesar de lo anterior, el diputado Pérez Cuevas dijo que no se deben cancelar las elecciones en los estados en los que se han detectado irregularidades en el manejo del gasto público. “Es un tema que es muy crudo y duro, lamentablemente hemos visto las manos de muchos actores políticos metidas en los procesos electorales pero debemos apostarle a lo ciudadanos”, afirmó.
Llegó el momento de revisar la reforma electoral, subrayó, pues se deben tener elementos más claros para fincar responsabilidades por el manejo de recursos en beneficio de partidos políticos en las elecciones.
A pregunta expresa si era más delito el espionaje que el desvío de recursos, el legislador comentó que cualquier “tema que esté fuera de la ley que se investigue y se finquen las responsabilidades.
“Hay mil maneras de cómo llegaron las grabaciones, algunos dijeron que de forma anónima, ya dirá la opinión pública si cree o no y los órganos de gobierno se han deslindado de ese tema”, declaró.
En ese sentido, reveló que cuando fue presidente de la Cámara de Diputados del Estado de México, eran intervenidas sus llamadas telefónicas por una cédula de escucha.
“Puede ser que de manera ilegal haya muchos espiando a otros. No dudo ni tantito que nuestras conversaciones puedan ser intervenidas. Estoy tranquilo porque lo que comento en los teléfonos es lo mismo que comento en cualquier lugar”, dijo.
INICIAR UNA INVESTIGACIÓN A FONDO
Poco antes, la presidenta de la Comisión del Distrito Federal, la legisladora panista Gabriela Cuevas Barron, coincidió en que se debe iniciar una investigación a fondo a cada una de las personas que posiblemente desvíen recursos a favor de candidatos del PRI en las elecciones estatales.
“No podemos asumir que toda llamada o que toda filtración sea cierta o sea falsa, pero sí podemos y debemos exigir que cualquier conducta de los funcionarios públicos sea investigada”, dijo.
Subrayó que el PRI pretende enmarcar en un contexto de ilegalidad la grabación de las conversaciones para formar “una cortina de humo, porque es perdernos en la forma, no podemos partir de que las llamadas sean buenas o malas. Lo mínimo es pedir una investigación”.
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