Ignacio Arellano Mora
Carlos Salazar Arriaga, secretario general de la Confederación Nacional de Productores de Maíz de México, informó, con preocupación, que en el 2009 por primera vez las importaciones del grano superaron el 30 por ciento del consumo nacional, lo que en divisas alcanzó los 1,247 millones de dólares que representan el 47 por ciento del valor total de las importaciones de cereales.
“Lo anterior provoca incertidumbre junto con los bajos inventarios internacionales de maíz, el crecimiento de la demanda mundial y los usos nuevos del grano”, acotó.
Luego de informar de lo anterior al presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Cruz López Aguilar, agregó que para México todo esto resulta demasiado preocupante, ya que la FAO nos ubica con pérdida de seguridad alimentaria, lo que es provocado por un modelo exportador y de libre mercado pero sobre todo a la mala planificación y a políticas públicas desarticuladas que no logran subsanar estas deficiencias, a pesar del periodo de desgravación de 15 años que venció en 2008.
Salazar Agraria propuso a la Sagarpa que, ante esta situación, se diseñe una estrategia de las políticas públicas para reducir la dependencia alimentaria del exterior y que se usen a plenitud las tierras agrícolas nacionales ya que actualmente no se siembran 7.5 millones de hectáreas, lo que significa el 24.8 por ciento de la superficie agrícola.
Destacó que esta propuesta se dirigió por escrito a la Sagarpa, en concreto a la dirección de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, en donde se destaca la necesidad de elevar los rendimientos y la eficiencia en las zonas de producción de excedentes comercializables.
“Se propone un programa de producción y generación de alimentos, principalmente maíz, que permita dar sustentabilidad alimentaria a la nación, que contemple la sustitución de importaciones como parámetro para medir la suficiencia, el desarrollo productivo el mercado interno”, dijo.
Para ello, consideró que las autoridades deben multiplicar los beneficios que representa el esquema de agricultura por contrato, el que, bajo una estrategia de desarrollo de proveedores y sustitución de importaciones, obliga a la coordinación de más actores y servicios, entre la banca de desarrollo, el seguro agrícola, suministradores de insumos, servicios profesionales especializados y los programas de apoyo de la Sagarpa y de Economía.
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