Aurora Cordero Pérez
La Comisión Especial de la Cámara de Diputados para investigar los Feminicidios se reunirá con funcionarios federales y estatales con el fin de dar seguimiento a la Sentencia del Campo Algodonero, luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado mexicano cometió diversas violaciones a los derechos humanos en relación con los asesinatos de Claudia González, Laura Ramos y Esmeralda Herrera.
La presidenta de este grupo de trabajo legislativo y diputada federal del PRD, Teresa Incháustegui Romero dio a conocer que dicho encuentro se realizará en San Lázaro del lunes 21 al miércoles 23 de junio, así como el 7 de julio, contando con la presencia de funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Procuraduría General de la República (PGR), del Gobierno del Estado de Chihuahua, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como de la Procuraduría del Distrito Federal (PGJDF).
La legisladora perredista Incháustegui Romero detalló así los objetivos de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones que han Emprendido las Autoridades Competentes en Relación a los Feminicidios Registrados en México.
Agregó que es importante que en el país todos los asesinatos de mujeres se clarifiquen –como lo es el caso del Campo Algodonero-, “ya que la ausencia de acciones por parte de la autoridad, muestra que no se responde a la demanda de seguridad y acceso a una vida libre de violencia de las mujeres en las condiciones actuales”.
Aseguró que aunado a las muertes registradas en lugares como Ciudad Juárez y el Estado de México, el número de desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres se ha incrementado notablemente durante el Gobierno de Felipe Calderón.
La legisladora del PRD señaló que estos hechos están “invisibilizados y ensombrecidos por la otra ola de muertos y ejecuciones que hay diariamente por la violencia generalizada. Hablamos de un montón de muertos en México, pero esto como que pasa de noche y ya no es noticia, por lo que es importante que nosotras no hagamos mutis ante esta situación”.
La diputada Incháustegui Romero expresó su preocupación, ya que durante los tres años de administración de Calderón Hinojosa no ha habido una respuesta a esta situación, ni existe un programa o diagnóstico. “No sabemos nada, es muy angustioso que ante tantas desapariciones y muertes no existan acciones concretas”. La ausencia de éstas, expresó, representa que se trata de actos aplazados y desplazados de la realidad de las políticas públicas, tanto de los gobiernos locales y como del federal.
Comentó además que “se desconoce si en el Banco de Desaparecidos que maneja la Secretaría de Seguridad Pública están realmente tipificados los casos de violencia contra las mujeres y desapariciones”.
Exhortó a las integrantes de la Comisión Especial a que este tipo de encuentros con funcionarios federales y estatales puedan forjar un mecanismo de evaluación, y se incorpore el contexto actual, consultando a académicos y redes de investigadores, “ya que en el transcurso de diez años ha cambiado mucho la situación con respecto a los primeros informes presentados por las anteriores comisiones que han trabajado este mismo tema en San Lázaro”.
Precisó Incháustegui Romero que lo importante es determinar y valorar la realidad del día de hoy en nuestro país sobre este tema tan delicado, desarrollar algunas estrategias de investigación y obtener asesoría de diversas instancias internacionales.
Deben existir acciones y políticas públicas en las que se involucre el Ejecutivo Federal y estatal para la implementación y ejecución de la ley, “no podemos tolerar que niñas y mujeres sigan siendo víctimas de violencia, por ello es importante saber si hay datos del cumplimiento de derechos y quién es responsable de su ejecución”, concluyó.
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