Ignacio Arellano Mora
La detención de Fausto Saavedra por calzar botas que supuestamente pertenecen al Ejército fue un acto arbitrario que no estuvo apegado a la legalidad y violentó las libertades fundamentales consagradas en la Constitución y en los tratados internacionales.
El juzgado Mixto de Primera instancia con sede en Huamuxtitlán, Guerrero, dictó el lunes 29 el auto de libertad a este indígena na savi (mixteco) porque no existen los elementos suficientes para que pudiera ser procesado.
El simple hecho de usar una indumentaria oficial no se configura en delito; se hace necesario acreditar si la utilización de la misma es con la finalidad de obtener un beneficio o causar un descrédito y ofensa a la institución militar.
En la noche del sábado 20 de junio, Fausto Saavedra Valera fue detenido en un retén militar y encarcelado por el delito de uso indebido de uniformes oficiales y condecoraciones.
Al arrestar a Fausto, los militares dispararon en contra del camión de pasajeros de la línea Sur, lo que ocasionó la muerte del indígena naua Bonfilio Rubio Villegas.
El ejercicio abusivo de las atribuciones del Ejército contradice la reforma constitucional del 18 de junio del 2008.
El artículo 20 de la Constitución establece que la seguridad pública estará a cargo de instituciones de carácter civil y que su actuación estará regida por los principios de profesionalismo, legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos.
Por ello, las diversas organizaciones exigieron sanción a los militares responsables de la detención arbitraria de Fausto Saavedra y del homicidio de Bonfilio Rubio.
Asimismo, señalaron que la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero debe desarrollar una investigación a fondo e imparcial que determine la responsabilidad de los militares por el asesinato de Bonfilio.
En este contexto, agregaron, “nos preocupan las declaraciones del procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia porque públicamente manifestó que si bien esa institución va a investigar los hechos, no podrá enjuiciar a los soldados responsables de la muerte de Bonfilio, dando a entender que ello es competencia exclusiva de la jurisdicción militar”.
En el pasado, el fuero de guerra ha sido factor de impunidad en múltiples casos de violaciones a los derechos humanos.
EVITAR LA APLICACIÓN EXPANSIVA DEL FUERO MILITAR
Lejos de procesar a los elementos castrenses, los encubre, situación constatada por los Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los temas de tortura, ejecuciones extrajudiciales, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes en sus informes sobre México, han referido que se debe evitar la aplicación expansiva del fuero militar, a fin de que sean las instituciones civiles las encargadas de la investigación, procesamiento y sanción de los militares que violan derechos fundamentales en perjuicio de civiles.
Por todo lo anterior, las organizaciones que acompañan al Monitor Civil de Policía y las Fuerzas de Seguridad de la Montaña de Guerrero exigen reformas legislativas y administrativas a fin de que la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional.
“Exigimos que se garantice el estricto control de legalidad y el respeto a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, en funciones de auxilio a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, y se de a conocer el plan que fija la ruta hacia el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de estas funciones, en correspondencia a la profunda reforma y profesionalización de las instituciones policiales de todo el país, y en particular de Guerrero”, dijeron.
El involucramiento del Ejército en tareas de seguridad ciudadana y en los espacios públicos de la vida civil genera efectos nocivos, particularmente el incremento de la violencia y la violación a los derechos humanos.
Adicionalmente, concluyeron, “no se ha demostrado una mayor eficacia en el combate a la delincuencia. La seguridad nacional desde una lógica castrense es contraria al resguardo del orden público desde un punto de vista de seguridad ciudadana y respeto a los derechos humanos”.
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