Aurora Cordero Pérez
El escaso avance en el Registro Nacional de Usuarios de la Telefonía Móvil (Renaut) puede provocar “la eventual cancelación masiva de números celulares” y que no se cumpla con el objetivo de combatir delitos como la extorsión, amenazas y secuestro, expresó la diputada federal Adriana Dávila Fernández, secretaria de la Comisión de Comunicaciones.
La diputada advirtió que de los 75.3 millones de usuarios de telefonía móvil, entre el 10 de abril y el 10 de mayo, sólo se habían registrado tres millones 24 mil 861, es decir, el 95.9 por ciento de personas que cuentan con celular no habían cumplido con esta obligación.
Lo anterior lo menciona la diputada en un punto de acuerdo que presentó ante la Comisión Permanente, a fin de exhortar al Ejecutivo para que a través de las Secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Gobernación solicite a los concesionarios de telefonía móvil ampliar sus campañas de difusión con la finalidad de que los usuarios registren sus datos personales ante el Renaut.
En el documento se menciona que la creación del Registro tiene la intención de facilitar el combate a los delitos de extorsión, amenazas y secuestro, así como de la delincuencia organizada.
Se agregó que el 9 de febrero del 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones donde se establece que los usuarios que ya poseen un teléfono celular tienen un año, a partir de la fecha que entró en vigor, para inscribirse en las compañías que les dan el servicio de telefonía y registrar el equipo y su chip.
“Transcurrido el plazo señalado, existe la obligación por parte de los concesionarios de cancelar inmediatamente las líneas que no hayan sido identificadas o registradas”.
También se menciona que dichos concesionarios deberán realizar una campaña de información, sin costo adicional, para indicarle a sus clientes que tienen la obligación de registrar y actualizar sus datos ante el Renaut, así como de las consecuencias en caso de no hacerlo dentro del plazo señalado, consistente en la suspensión del servicio, sin derecho a reactivación, pago o indemnización alguna.
“Resulta preocupante la escasa participación de usuarios en la obligación de este registro porque los plazos siguen corriendo; puede presentarse el riesgo de no cumplir con esta disposición y generar graves problemas ante la eventual cancelación masiva de números celulares”, advirtió la diputada en la justificación de la propuesta.
Enfatizó que con la poca respuesta a esta obligación no se está cumpliendo el objetivo perseguido por este registro, que es el control de la telefonía celular utilizada para fines delictivos.
Aclaró que la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Población (Renapo), es la encargada del resguardo y manejo de los datos de los usuarios, para lo cual se coordinará con los proveedores de servicios de comunicaciones móviles, quienes estarán a cargo del control y almacenamiento de las llamadas y mensajes de los usuarios.
“Es importante precisar que por disposición oficial todos los teléfonos celulares que existan en el país al 10 de abril de 2010, deberán ser registrados en la base de datos de la Segob”, se destacó en el documento turnado a la Tercera Comisión de la Permanente.
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