Ignacio Arellano Mora
“Es preocupante la problemática que guardan las comunidades afectadas por el sector minero, ya que México no tiene ningún beneficio de esta actividad, pues el total de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno son más de 80 mil, de las cuales -según el registro de la Secretaría de Economía-, 263 empresas son de capital extranjero, predominando el canadienses con un 75 por ciento”, afirmó el diputado federal José Antonio Almazán González.
Durante el Foro Nacional de la Minería denominado “ La Minería de Tajo a Cielo Abierto, sus Impactos en la Sociedad , el Medio Ambiente, la Ecología y los Recursos Naturales. Tarea legislativa”, el diputado del PRD Almazán González señaló que 17.6 millones de hectáreas es la suma de todas las hectáreas entregadas por concesiones a los tres principales grupos de transnacionalizados del país, que son Grupo México, Peñoles y Fresnillo, las cuales operan a partir de 677 proyectos en 26 estados de la República.
Destacó el legislador por Veracruz que el Estado con el mayor número de concesiones entregadas, según estadísticas oficiales de 2006 a 2008, es Chihuahua con un 52 por ciento de su territorio estatal, es decir, 13.5 millones de hectáreas concesionadas, que equivalen a la extensión de un país europeo; le siguen Aguascalientes con el 33 por ciento y Tlaxcala con el 24 por ciento.
En su oportunidad, el doctor Alejandro Villamar, miembro de la Coordinación Nacional de la Red de Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), aseguró que los costos reales de esta explotación minera son el desplazamiento de la gente por daño a su salud por plomo u otros químicos; así como el deterioro de la ecología, el cual incrementa día a día por el uso de la tecnología para los procesos extractivos, basado en explosivos con cianuro y reactivos químicos.
El doctor Villamar explicó que la tecnología con explosivos -según censos económicos, aunque cabe destacar que no existe estadística verdadera del sector-, ocupa seis mil toneladas de cianuro de sodio al año, más ocho mil que importa. Además de las 145 mil toneladas de reactivos químicos usados para el mismo fin.
En consecuencia, el mes pasado, bajo presión de la Comisión de Cooperación Ambiental del Tratado de America del Norte, el Gobierno Mexicano permitió que saliera por primera vez en la historia, pese a las presiones que se habían hecho desde muchos años, las estadísticas de emisiones tóxicas que producen los sectores económicos de este país.
Por lo que ahora se sabe que la minería es la principal fuente de emisiones toxicas del país, con 46 mil toneladas de tóxicos al año, de los cuales –según el Gobierno Mexicano- el 12 por ciento lo tira al aire, agua y suelo. El resto lo envían a tratamiento.
Sin embargo, el miembro de la Coordinación Nacional de REMA subrayó que pese a lo dicho por el Gobierno Mexicano, México no tiene la capacidad en infraestructura para dar tratamiento a esos tóxicos, ya que únicamente cuenta con un confinamiento en Monterrey. Por lo que no es sorpresa que un tercio de los acuíferos de este país están contaminados.
A esto, cabe señalar que Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales ni la Secretaría de Economía, tienen el inventario de jales y de depósitos tóxicos de este país, cuando por ley es obligación de las empresas dar esa información a las instituciones correspondientes.
Planteó que en la actualidad, otros países están tomando medidas dentro del sector minero, introduciendo medidas de prohibición con consulta previa a las comunidades, sin que esto cauce desaliento a la inversión.
Por último, planteó que en México se requiere cambiar la política minera, ya que en cada uno de los estados mexicanos hay protestas por parte de las poblaciones afectadas por lo que Amnistía Internacional ha retomado el tema de la destrucción de las industrias extractivas, por lo que iniciará una serie de reuniones en el estado de Jalisco.
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