Aurora Cordero Pérez
Las posibles modificaciones a la legislación que rige la defensa del patrimonio cultural del país deben respetar el legado de organismos fundacionales como los institutos nacionales de Antropología e Historia (INAH) y el de Bellas Artes (INBA), cuyas figuras deben reforzarse y no tratar de suplantarlos ni absorberlos.
Afirmó lo anterior el diputado Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del PRD, presidente de la Comisión de Cultura, durante el foro El Futuro del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyos planteamientos, dijo, serán integrados en un libro que entregarán a la LXI Legislatura.
En su oportunidad, la diputada Beatriz Pagés Llergo Rebollar, secretaria de este grupo de trabajo, cuestionó si la figura jurídico-administrativa del Conaculta ha sido desbordada por la dinámica nacional y el impacto de la globalización o si debe permanecer como está.
La legisladora priista dijo que es necesario determinar si México tiene la infraestructura y leyes adecuadas para convertir a la cultura en un poderoso instrumento político y social.
El embajador de Brasil en México, Sergio Abreu e Lima Florêncio, señaló que el Estado debe crear estímulos para que el sector privado se involucre en el proceso de desarrollo cultural.
Refirió que en Brasil se desarrolló la Ley de Estímulo a la Cultura, por la cual las empresas privadas y públicas tienen derecho de deducir el impuesto sobre el ingreso a aquellos gastos o erogaciones que hacen para desarrollar proyectos de este tipo.
La Ley fue un punto de inflexión en la producción cultural y un parteaguas, porque dio apoyo a diversas artes, como cine, teatro, literatura e investigación en diversos campos, que no podían ser financiados y tenían dificultad para desarrollar sus proyectos, aseguró.
En su oportunidad, Andrés Webster Henestrosa, secretario de Cultura del Estado de Oaxaca, subrayó que Conaculta debe ser un órgano que impulse políticas públicas de gran alcance, pero se encuentra limitado en su capacidad financiera y en su autonomía de gestión.
Por ello planteó la creación de la Secretaría Federal de Cultura, encargada de las políticas culturales que definan con claridad sus funciones y responsabilidades con las entidades del país, para que sean incluyentes y consideren la diversidad.
Agregó que es indispensable una ley secundaria que establezca lineamientos y principios específicos de coordinación con las entidades federativas para garantizar y fortalecer las políticas públicas de Estado.
CARECE DE LA INDEPENCIA TÉCNICO-FINANCIERA
Enseguida, César Benedicto Callejas Hernández, director del Seminario de Patentes y Marcas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), propuso una reforma a fondo de Conaculta que lo acerque más a los ciudadanos, con agilidad e independencia suficientes para comportarse como un auténtico promotor cultural.
Por la dimensión de su trabajo y su importancia ante la sociedad “Conaculta es una secretaría de Estado a la que además le han transferido enormes cargas de trabajo, pero que carece de la independencia técnico-financiera suficiente para imponer sus propias soluciones”.
Coincidió con el funcionario de Oaxaca en la creación de una Secretaría del ramo que garantice la construcción de políticas en la materia.
Por su parte, Norka López Zamarripa, catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, explicó que se requiere repensar la organización de la administración pública de la cultura para reconstruirla, eliminar limitaciones, incongruencias y complejidades normativas y administrativas que afronta el Consejo en el esquema jurídico vigente.
Además, complementar esta propuesta con la creación de una ley general de coordinación y promoción de la cultura en el modelo de la Ley General de Educación, que dé cauce a la redistribución vertical y horizontal de atribuciones y deberes entre instituciones de las tres órdenes de gobierno.
A su vez, la doctora Lourdes Arizpe, investigadora de la UNAM y representante de la cultura mexicana ante la UNESCO, señaló que es necesario dar continuidad a los debates y legislaciones culturales, “no para una reforma de las instituciones, sino para refundar la política cultural”.
Indicó que el tema de seguridad tiene aspectos relacionados con el vacío de cultura y ética, el cual ha quitado las barreras que alguna vez existieron contra la violencia.
“La cultura se ha convertido en un problema político, social y de sustentabilidad relacionada con actividades ilícitas; de la desigualdad, la pobreza y el desempleo se ha saltado al narcotráfico, secuestros y actividades que no habían llegado a los aberrantes niveles de violencia como los que vemos en la actualidad”, advirtió.
Señaló la necesidad de concebir a la cultura y el arte como prácticas de interactividad, reconocer el papel ético y social tan vital que juegan y ver hacia los grandes procesos que afectarán a México en los próximos 20 años.
De lo contrario, advirtió, Conaculta quedará aislado sin vinculación con las transformaciones actuales, se desconectará de las políticas de Estado y quedará atrapado en lo coyuntural, en lo que complace a un público de elite en vez de ser un instrumento de desarrollo.
En su oportunidad, la doctora Aldir González Morelos Zaragoza, del INAH, dijo que el Conaculta debe mantenerse como organismo dependiente de la SEP, con personalidad jurídica y patrimonio propios, pero modificado sustancialmente al asignarle nuevos objetivos, principios y funciones.
Debe formar parte de la SEP porque sus objetivos y principios están vinculados con la educación, además, sus funciones deben ser acotadas de manera precisa y permitir la participación social al momento de tomar las decisiones importantes.
Sus integrantes, continuó, tienen que ser representantes de autores e intérpretes, grupos étnicos, practicantes de culturas locales, regionales y urbano-populares, de investigadores, educadores, entre otros sectores relacionados a la cultura.
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