Aurora Cordero Pérez
Entre cinco mil y 80 mil menores de edad son explotados sexualmente en las principales ciudades del país, de acuerdo con la Red de Organizaciones Trabajando para la Eliminación de la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes.
Además, México es visto a nivel mundial como destino de turismo sexual, lo que afecta a grandes polos del país como Tijuana, Cancún y Acapulco.
Lo anterior lo señaló la diputada federal Claudia Lilia Cruz Santiago, integrante de la Comisión de Justicia, quien a través de una iniciativa señaló que de acuerdo con esta organización, México es el segundo país en el mundo con mayor producción de pornografía infantil y de explotación sexual; a través de Internet ocupa el tercer lugar en la lista de delitos cibernéticos en el país.
Es el puente internacional para el tráfico de menores de edad entre Latinoamérica y Estados Unidos, porque los delincuentes encuentran en México todas las facilidades para la trata de personas y está catalogado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un país de origen, tránsito y destino de víctimas en esta condición.
Según reportes del DIF, el tráfico de infantes entre México y Estados Unidos supera los 250 mil casos.
La legisladora subrayó que conscientes de que las niñas, niños y adolescentes aún se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, resulta indispensable realizar reformas que aminoren estos efectos.
“Nuestros infantes, al ser sujetos de derecho y en atención a sus condiciones de vulnerabilidad, deben ser prioridad en todo momento y bajo cualquier circunstancia, esto con el propósito de que estén en posibilidades reales de desarrollar sus capacidades de manera sana y adecuada”, acotó.
Refirió que se deben realizar y aprobar las reformas que sean necesarias para proporcionar a las niñas, niños y adolescentes, las herramientas indispensables que les brinden una protección y defensa a sus derechos.
Por ello, aseguró, se requieren reformas a los artículos 3, 4 y 73 de la Constitución con el propósito de abonar en el camino de la armonización legislativa en pro de los derechos de la infancia mexicana.
Precisó que la iniciativa permitiría que en el nivel básico se imparta una educación de respeto a los derechos humanos; elevar a rango constitucional el reconocimiento al interés superior de la infancia, el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, por otro lado, establecer en la Carta Magna que las leyes, instituciones y políticas relacionadas con esta población tendrán como principio el interés superior de la infancia.
Este, agregó, debe fundarse en los principios de la democracia, igualdad, no discriminación, paz y justicia social, así como la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, incluyendo su derecho al desarrollo.
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