Aurora Cordero Pérez
La directora general del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, Fabienne Venet, sostuvo que en materia de migración no existe en México una política de Estado, “hay algunas políticas sectorizadas, enfocadas al control de los flujos migratorios, son aisladas y sujetas a cambios en las dependencias y en el estilo personal de los funcionarios”.
Lo anterior lo expresó en el panel “Las Experiencias de Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos y Género en Materia de Grupos en Situación de Vulnerabilidad o Discriminación”, en el marco del Encuentro Internacional sobre Políticas Públicas, Derechos Humanos y Género. Hacia una política de Estado con enfoque de derechos humanos y género, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Consideró que una política con enfoque de derechos humanos no se logra solamente con reformas legislativas y señaló que, en general, el estatus migratorio de las personas priva en la práctica mexicana, sobre el respeto y vigencia de sus derechos humanos, “se condiciona el acceso a sus derechos, tal es el caso de la aplicación del derecho a las garantías judiciales y del debido proceso”.
Fabienne Venet aseveró que esto es consecuencia de una cultura que coloca a los no ciudadanos fuera de la esfera del Derecho, y de una legislación nacional carente de procedimientos adecuados para garantizar al acceso efectivo a la justicia para los migrantes.
Señaló que en materia de migración se necesitan políticas públicas transversales e integrales que se sustenten en principios compartidos en los tres poderes y en los diferentes niveles de gobierno, sustentadas en diagnósticos desde una visión integral, precisa y jerarquizada.
“Es necesario un rediseño institucional, especialmente en términos de una participación articulada, no desde el Instituto Nacional de Migración, sino desde entidades como la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, de Educación Pública, así como una asignación presupuestal adecuada, clara y transparente”, subrayó.
A su vez, el director Ejecutivo del Internacional Council on Human Rights Policy, Robert Archer, se refirió al Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, y destacó el trabajo estrecho de la CDHDF con todas las ramas de gobierno, construyendo consensos a lo largo del proceso.
“Los cambios en esta escala de naturaleza institucional llevan por lo menos una generación para lograrlos; esto no se puede lograr en un ciclo electoral, porque no se trata nada más del sistema policial, o el jurídico, de prisiones, es un programa más amplio incluyendo a los que deben dar apoyo y soporte a los pobres, esto es la diferencia entre aprobar una ley e implementar esa ley de manera plena”, dijo.
Expuso que un proceso de reforma no es fácil y en ausencia de crecimiento económico lo será menos, “pero si bien los derechos humanos y sus métodos pueden ser muy útiles para hacer programas, sólo cuando existe un cambio en las mentes y cuando los derechos humanos se vuelven cooperativos y de consenso es que suceden las mejoras sustentables, y esta transformación de actitud debe ocurrir entre los jueces y los policías, tanto como en los pobres y los muy pobres”.
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