Aurora Cordero Pérez
El diputado federal Marcos Matías Alonso advirtió que el narcotráfico ha penetrado en las regiones indígenas como consecuencia del aumento de la pobreza y que “hay un fracaso institucional” en la aplicación del presupuesto para atender las demandas de los pueblos autóctonos”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados reconoció que la penetración de estos grupos delincuenciales avanza hacia las regiones indígenas porque “pobreza y narcotráfico van de la mano; ya estamos envueltos en esa cobija maligna y los pueblos indígenas no estamos ausentes de esto”.
Dijo que a pesar de que se aprobaron cien mil millones de pesos durante la LX Legislatura para atender las demandas de los pueblos indígenas, por la ineficiencia en la aplicación de estos recursos no se logró avanzar en el combate a la pobreza en las comunidades.
Subrayó que el aumento de la pobreza demuestra “el fracaso institucional del Poder Ejecutivo” y que durante estos tres años se gestionaron recursos que se destinaron a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y a las 10 dependencias en la materia, pero que la aplicación del presupuesto no fue efectiva.
“Ha sido inadecuada la política indígena en México. En el 2007 hubo un subejercicio de 2 mil millones de pesos que hasta este momento no ha sido aclarado. ¿Cuántas escuelas y carreteras no se construyeron?, es criminal no aplicar el presupuesto cuando los pueblos indígenas requieren y demandan alimento, educación y servicios elementales”.
Señaló que la gestión financiera es insuficiente si no se acompaña con el compromiso del Ejecutivo Federal para ejercer los recursos.
“La conclusión a la que llegamos es que en el Poder Ejecutivo hay un fracaso institucional porque a pesar de que el Legislativo le aprobó para pueblos indígenas cien mil millones de pesos, éstos siguen sin luz, agua, caminos, educación.
“El dinero se pierde dentro del laberinto institucional, en lo que llaman las trasferencias, que muchas veces son cajas chicas distribuidas en varios rubros, partidas y conceptos para fines electorales”.
Si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) llega a la conclusión de que efectivamente hubo negligencia, desviación o fraude tiene la obligación de aplicar las medidas correspondientes, acotó.
“Nuestra misión es dar la batalla en el cabildeo para el presupuesto, lograr que se autorice, pero ya no lo es la aplicación y ejecución de éste, por eso la ASF , si determina que hay subejercicios o fraudes, tiene que fincar las responsabilidades correspondientes”, concluyó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario