Ignacio Arellano Mora
Con el propósito de dar autonomía a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados analiza una iniciativa que eleva a rango de ley federal su normatividad y somete la designación de su titular a la aprobación del Senado de la República.
De esa manera, se busca evitar se siga minimizando la participación de este órgano en los asuntos de su competencia y se le faculte con las herramientas necesarias para conocer y procesar todos los casos que sean denunciados en el país.
En la iniciativa se destaca que después de las elecciones de 2006 se presentaron ante la Fiscalía cinco mil 183 denuncias, de las cuales se produjeron mil 491 averiguaciones previas, pero solamente se consignaron ante tribunales 92 casos.
La discrepancia entre el número de denuncias recibidas comparadas con los casos investigados y desahogados, sugiere que el papel que ejerce la Fiscalía ha sido rebasado ante las irregularidades, acciones ilegales y abusos de autoridad suscitados en los procesos electorales.
Las modificaciones a los artículos 76 y 102 de la Constitución proponen que su reglamento sea insertado dentro de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República ; con ello, se plantea que el Poder Legislativo contribuya al fortalecimiento de la FEPADE y no quede exclusivamente en manos del Ejecutivo limitar sus funciones.
Explica que a lo largo de sus 15 años de existencia, la Fiscalía se ha regido conforme lo señalado en el Reglamento Interior de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se advierte claramente que la instancia recae en el ámbito de influencia del Poder Ejecutivo.
Por ello, la iniciativa impulsada por el diputado federal José Francisco Melo Velázquez, prevé otorgarle mayor independencia en su actuar, a fin de dar mayor certidumbre a los procesos electorales y así recuperar la confianza de la ciudadanía.
Asimismo, al someter la elección del titular de la FEPADE a la aprobación del Senado de la República , la persona designada deberá responder a un compromiso institucional y no político.
La ratificación del Senado serviría para evitar cualquier sesgo partidista y fortalecer la cultura de la rendición de cuentas ante la sociedad, el Poder Legislativo y las entidades de la República.
De esa forma, se aspira a contar con procesos electorales más equitativos, imparciales y, sobre todo, confiables.
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