Aurora Cordero Pérez
De los 532 casos de personas víctimas de desaparición forzada durante la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado, que dieron origen a la Recomendación 26/2001 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNADH), persisten 518 casos que la Procuraduría General de la República (PGR) aún tiene pendientes de concluir y resolver conforme a derecho.
El Informe de Evaluación al Seguimiento de la Recomendación 26/2001 –que estará disponible a partir de mañana jueves en la dirección electrónica www.cndh.org.mx-- fue realizado por este Organismo nacional y en él se solicita a la Coordinación General de Investigación de la PGR, que asumió los trabajos de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales o Políticos del Pasado, resolver las averiguaciones previas radicadas allí con motivo de las denuncias formuladas por probables delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas víctimas de desapariciones forzadas en los años de la llamada “guerra sucia”.
Asimismo, perseguir los delitos ante los tribunales competentes por casos específicos; concluir las investigaciones de 518 casos que le restan de los 532 que se incluyeron en la Recomendación 26/2001 y resolver lo que en derecho proceda; resolver los casos pendientes de determinar en definitiva, así como los que le fueron turnados después de emitida dicha Recomendación y lograr que se dicte sentencia condenatoria en contra del procesado por el caso de la causa penal 179/2006 que se lleva en el Juzgado 9° de Distrito en el Estado de Sinaloa.
La Recomendación 26/2001 fue dirigida y entregada en su momento al titular del Poder Ejecutivo Federal, y en el seguimiento de la misma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluyó que diversas autoridades federales –la Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Gobernación, el Archivo General de la Nación y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional— no han cumplido aún con diversos puntos recomendatorios que se formularon desde el 27 de noviembre de 2001.
El seguimiento que la CNDH dio a dicha Recomendación, que se encuentra calificada con cumplimiento parcial, tiene su fundamento en los artículos 46, párrafo segundo, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 136, 137 y 138 de su Reglamento Interno, con base en los cuales se realizó la continuidad de los 532 casos, de los cuales 181 corresponden a la zona urbana y 351 a la zona rural.
Como resultado del análisis de las evidencias y de los documentos que las autoridades remitieron como respuesta a las solicitudes de información, este Organismo nacional documentó.
A la Procuraduría General de Justicia Militar le queda pendiente por resolver la Averiguación Previa número SC/257/2002/I-V, en la que se encuentran relacionados 121 agraviados incluidos en la Recomendación 26/2001; en cuanto a los 22 agraviados que acreditó que fueron privados de la vida, por lo que ejercitó acción penal contra tres servidores públicos, dos de ellos ahora finados, queda pendiente por conocer cuáles serán las acciones que emprenderá para impedir que los homicidios de dichas personas queden sin resolver.
En cuanto a la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación le queda pendiente concluir los trabajos que permitan hacer efectiva la reparación integral del daño a las víctimas y ofendidos de los hechos del pasado, mediante los ejes de reparación moral, de reparación material-social y el de garantías de no repetición que desde marzo de 2005 se emprendieron, y que la actual administración continúa realizando en los tres grupos diseñados para tal efecto.
Respecto del Archivo General de la Nación es necesario que las imágenes de las tarjetas digitalizadas estén asociadas con su respectiva descripción, así como describir y digitalizar diversos documentos que permitan cruzar descripciones. Dicho objetivo no se alcanzará en el corto plazo si no se aprueba a dicho órgano desconcentrado el presupuesto extraordinario que su titular solicitó desde octubre de 2006 al oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, no obstante haberle proporcionado desde esa fecha dos proyectos que justifican la ampliación presupuestal requerida.
Además falta obtener del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) la digitalización de las fichas (7,785,032 imágenes de 3,892,516 tarjetas) que desde hace dos años procesa dicho órgano desconcentrado de la Segob y que no ha entregado al Archivo General de la Nación. Esto implica que a la fecha sólo se cuente con un cuadro de clasificación de expedientes agrupado por asuntos que adolecen de los criterios archivísticos vigentes y de topografía, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.
En virtud de lo anterior, a la Procuraduría General de Justicia Militar se le pide informar cuáles serán las acciones que emprenderá para resolver los homicidios de 22 agraviados que fueron privados de la vida por servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
A la Unidad de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se le solicita diseñar los mecanismos jurídico – administrativos para la reparación integral del daño y realizar, o en su caso actualizar, el padrón de los 275 casos de beneficiarios hasta ahora registrados, así como elaborar el diagnóstico de la situación económica de las víctimas u ofendidos y en su caso de posibles beneficiarios; elaborar la propuesta sobre el monto a reparar, que incluye la elaboración en definitiva del acuerdo que establecerá la forma, procedimientos y términos para efectuar la reparación administrativa, así como el proyecto sobre la reparación moral, la conservación y digitalización de los archivos existentes, el proyecto de reconocimiento público de los hechos por parte del Estado y la realización de estudios para preservar la memoria histórica.
Se pide al Archivo General de la Nación que cuente con los acervos digitalizados relacionados con documentación vinculada con movimientos sociales y políticos del pasado, y que las tarjetas estén asociadas y con descripción para cruzar información, en tanto que al CISEN se le solicita la digitalización de fichas que realiza desde hace dos años y su entrega al Archivo General de la Nación.
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