Ignacio Arellano Mora
Alejandro Encinas Rodríguez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), afirmó que el traslado de poderes que el gobierno de Chihuahua realizó a Ciudad Juárez para- según las declaraciones del gobernador José Reyes Baeza Terrazas- solidarizarse con los habitantes de la comunidad fronteriza, sólo es un acto publicitario, ya que no es formal, pues el Congreso Local debería decretarlo y hacerlo oficial.
Encinas Rodríguez manifestó que “en lugar de un acto publicitario, que todavía no tiene ni sustento legal, habría que ver los términos en que se va a dar la presencia de los poderes del Estado y el Gobierno Federal, porque quien tiene hoy el mando de seguridad pública en Ciudad Juárez es el gobierno federal con la presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) y del Ejército Mexicano”.
Por su parte, Leticia Quezada Contreras, vocera PRD informó que los diputados federales del Sol Azteca hacen suyo el Punto de Acuerdo que surgió de su Consejo Nacional, respecto a pedir juicio político para Felipe Calderón por los nulos resultados que ha dado su política de seguridad pública y el alto índice que violencia que se ha desbordado a lo largo y ancho del país, pero sobre todo en Ciudad Juárez. La diputada añadió que esta misma semana los integrantes del PRD trabajarán en la solicitud de juicio político.
El coordinador del PRD recalcó que el tema de fondo, tras el anuncio del cambio de sede de los poderes del estado, es preguntarse cuáles serán los beneficios directos para la ciudadanía al trasladarse los poderes del estado a Ciudad Juárez, pues hasta ahora el titular del ejecutivo estatal no ha informado si habrá más presencia de policías, participación del ejército o, en general, mayor seguridad una vez que se instalen los trabajadores gubernamentales.
Añadió que para que haya un verdadero avance en materia de seguridad, debe darse un cambio significativo en la estrategia que el gobierno federal ha implementado en la ciudad fronteriza, además de que se requiere de la participación de la Policía Estatal y Municipal en el resguardo de la ciudadanía y en la prevención del delito.
Alejandro Encinas recalcó que “lo que falló en Ciudad Juárez es la estrategia de combate a la delincuencia organizada; lo que tiene que rectificarse es esa política y las acciones para poder desmantelar no solamente las redes del narcotráfico, sino su poder financiero y un tema que nunca han puesto sobre la mesa; la relación binacional en la frontera y los problemas de nexos del crimen organizado con bandas de los Estados Unidos”.
En este contexto, el diputado señaló que programas como el Plan Mérida no tienen un impacto directo en la política de seguridad pública del país, pues únicamente son un negocio redondo para algunas empresas norteamericanas que venden chatarra a México, pues las armas, helicópteros y demás tecnología, son prácticamente obsoletas y este intercambio significa una intromisión en los asuntos internos de la nación.
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