Aurora Cordero Pérez
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, aseguró que el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) respeta los principios de equidad, proporcionalidad tributaria y es un gravamen de control que combate la evasión fiscal.
Durante la Audiencia Pública de los Juicios de Amparo en contra de la Ley del IETU en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Ramírez Acuña puntualizó: “la Ley del IETU es acorde con los principios de proporcionalidad, equidad, legalidad y destino del gasto público que garantiza el artículo 31, fracción IV de la Constitución General de la República”.
Explicó que el hecho de que el mencionado impuesto sea un impuesto mínimo, de control y complementario del Impuesto Sobre la Renta (ISR), no significa que complique el sistema tributario, al contrario, dijo, pretende mejorar la recaudación fiscal, desalentando las planeaciones fiscales para eludir el pago de dicho tributo.
“El IETU es promotor de inversión, contempla medidas enfocadas a dar atención a propósitos prioritarios para la sociedad, como lo es la protección y generación de empleos: al ser un impuesto de control, propicia una recaudación mucho más equitativa; cuenta con las características para asegurar el sostenimiento del gasto público y propicia una mejor redistribución”, señaló.
El diputado federal destacó que dicho gravamen es una medida adecuada para ayudar a solucionar la problemática en que se encuentran las finanzas públicas del país y coadyuvar a la solución del problema de la baja recaudación tributaria nacional al ser un impuesto directo que reconoce las deducciones estrictamente indispensables de manera sencilla y neutral.
Ramírez Acuña recordó que la ley del IETU se creó con fines extrafiscales para obtener mayores recursos tributarios con efectividad, equidad y proporcionalidad, evitando en lo posible la evasión fiscal, a fin de que los gobernados contribuyan conforme a sus percepciones efectivas de los ingresos totales por la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
También, destacó la tarea intensa y sensible que realizó la Cámara de Diputados para la legislación de dicho impuesto, pues, detalló que atendió muchas de las peticiones de las 56 organizaciones representante del sector empresarial, 13 instituciones del sector académico, seis organizaciones sociales, once organismos de distintas áreas económicas así como al Congreso del Trabajo y a la Unión Nacional de Trabajadores.
Por lo anterior, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña enfatizó: “concluimos por lo tanto, señoras y señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es facultad constitucional del Congreso de la Unión establecer contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, velando porque las mismas respeten las garantías de justicia tributaria, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
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