Aurora Cordero Pérez
Una investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entre septiembre de 2008 a febrero de 2009, permite concluir que durante ese tiempo ocurrieron cuando menos en nuestro país 198 casos de secuestro de migrantes indocumentados, en los que 9,758 personas fueron víctimas de privación de su libertad. Esos hechos ilícitos, generalmente impunes, con rasgos de extrema crueldad y cometidos tanto por el crimen organizado como por agentes de la autoridad, produjeron a las bandas delictivas un beneficio aproximado a los 25 millones de dólares, producto del rescate de esas víctimas.
Al presentar hoy a la opinión pública el Informe Especial sobre los Casos de Secuestro en Contra de Migrantes, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes Fernández, subrayó que “la alta incidencia con la que está ocurriendo el secuestro de migrantes debe constituir una señal de alarma que debe ser atendida debido a la injusticia que representa, al grave sufrimiento que implica para las víctimas, a la afectación directa a patrimonios familiares de por sí limitados y a la afrenta que significa para el país el hecho de que en su territorio se estén realizando secuestros colectivos, lo que a pesar de su gravedad ha recibido poca atención”.
Señaló que durante 2008 el secuestro de extranjeros sin documentos aumentó y se informó a las autoridades, para que dieran atención a los casos detectados y se frenara el crecimiento de ese preocupante fenómeno; sin embargo, dijo que resulta inadmisible que dicho ilícito no merezca una actuación enérgica y efectiva por parte de los tres niveles de gobierno.
Tras señalar que durante el periodo de investigación de visitadores de este Organismo nacional recorrieron estaciones migratorias, albergues y casas de migrantes por donde transitan o suelen concentrarse personas de ese grupo vulnerable, precisó que en el lapso que comprende este informe la Secretaría de la Defensa Nacional liberó circunstancialmente a 410 migrantes secuestrados.
Acompañado por el Quinto Visitador General, Mauricio Farah Gebara, así como de dirigentes de organizaciones civiles cuya actuación se distingue por la defensa de migrantes indocumentados, Soberanes Fernández señaló que la importancia de este informe radica en que ofrece una aproximación a la magnitud del secuestro de migrantes en México, pues hasta ahora no existe una referencia estadística de esta problemática ni se cuenta con cifras oficiales.
Además presentó datos revelantes de la investigación, inferidos con base en la información proporcionada por los migrantes, entre los que destacan los siguientes:
Del total de migrantes secuestrados, el 67% corresponde a personas originarias de Honduras; 18%, de El Salvador; 13%, de Guatemala y el resto de Nicaragua, Ecuador, Brasil, Chile, Costa Rica y Perú.
En el sur del país, fueron secuestrados 5,416 migrantes (55%); en el norte, 981 (11.8%); en la zona centro, 124 (1.2%), en tanto que no fue posible precisar el lugar en que fueron secuestradas 3,237 víctimas (32%).
Las entidades con cifras de migrantes secuestrados son: Veracruz, 2,944; Tabasco, 2,378; Tamaulipas, 912; Puebla, 92; Oaxaca, 52; Sonora, 45; Chiapas, 42; Coahuila, 17; San Luis Potosí, 15; Estado de México, 6; Guanajuato, Nuevo León y Tlaxcala, 5 casos en cada uno; Chihuahua, 2 y Distrito Federal, uno.
En cuanto al perfil de los secuestradores, 9,194 migrantes fueron plagiados por bandas organizadas; 35 por autoridades; 56 por delincuentes y autoridades; en 6 casos por un solo secuestrador y 467 casos no fue posible precisar esta información.
De la información obtenida se deduce que 5,723 migrantes fueron secuestrados por “polleros”; 3,000, por diversas bandas de secuestradores sin identificación específica; 427 por plagiarios que dijeron ser “zetas” y 44 por “maras”; en 564 casos no fue posible obtener esta información.
Del total de migrantes secuestrados, 6,555 permanecieron en cautiverio en casas de seguridad en malas condiciones higiénicas, en tanto que 2,448 estuvieron en bodegas; otros lugares de retención fueron campamentos, patios, hoteles y hasta vehículos.
En cuanto al trato que recibieron por parte de sus secuestradores, se infiere que nueve de cada 10 víctimas (8,478) padecieron amenazas de muerte, en perjuicio de ellos o de sus familiares o de ambos, y que fueron amagados con armas de fuego o armas blancas, si no pagaban el rescate. La investigación permite calcular que al menos 1,456 migrantes fueron golpeados con puños, pies, armas, garrotes, palos y otros objetos.
Fue registrado el caso de 157 mujeres secuestradas, cuatro de ellas en estado de embarazo; dos fueron asesinadas por los plagiarios; otras fueron violadas y una obligada a permanecer con sus captores como “mujer” del cabecilla de la banda.
Soberanes Fernández reconoció la información y el apoyo que en esta investigación brindaron el Área de Migrantes de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana y la Red para el Registro Nacional de Agresiones a Migrantes, conformada por organizaciones como Albergue Belén, de Tapachula, Chiapas; Albergue Belén Posada del Migrante, de Saltillo, Coahuila; Albergue Hogar de la Misericordia, de Arriaga, Chiapas; Albergue Hermanos del Camino, de Ixtepec, Oaxaca; Albergue Parroquial Guadalupano, de Tierra Blanca, Veracruz; Casa Betania, de Mexicali, Baja California; Casa de la Caridad Cristiana, Caritas, de la ciudad de San Luis Potosí; Parroquial de Cristo Crucificado, de Tenosique, Tabasco; Casa del Migrante, de Tijuana, Baja California, y Casa del Migrante Nazaret, de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
También informó que, durante la investigación, personal de la CNDH se percató que muchos pobladores de los lugares donde hay casas de seguridad conocen la ubicación de éstas, lo que hace suponer que las autoridades locales también lo saben y, sin embargo, no emprenden las acciones legales correspondientes.
Apuntó que no obstante la amplitud del marco jurídico aplicable, existe una reiterada y grave conducta por parte de las bandas de la delincuencia organizada y de servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en el secuestro de migrantes, aprovechando la vulnerabilidad y desprotección de las personas indocumentadas.
Puso en relieve la ineficiencia del sistema de justicia para prevenir, investigar, perseguir y castigar el secuestro de migrantes, así como el evidente desinterés de la autoridad para prevenir el delito, proteger a las víctimas y lograr la reparación del daño, así como para que no se repita este ilícito.
Por lo anterior, propuso a los titulares de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública que los tres órdenes de gobierno se coordinen para combatir el secuestro de migrantes; que las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia den a los agraviados efectivo acceso a la justicia, con independencia de su situación migratoria; que se fortalezcan las instancias de atención a víctimas del delito y sus servicios se extiendan a los migrantes víctimas de secuestro; que se sancione a los responsables de los ilícitos y se repare el daño a las víctimas.
También se les pide que como atribución del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana se incluya como grupo vulnerable a los migrantes y se les considere en los programas de seguridad pública en los tres órdenes de gobierno, y se informe a la opinión pública de los resultados para combatir la violación a los derechos humanos de los migrantes indocumentados.
Al Instituto Nacional de Migración se le solicita emitir lineamientos para que los migrantes víctimas de delito puedan presentar denuncias y tener acceso a la protección del Estado; se informe a los migrantes asegurados del procedimiento de regularización migratoria, para que en caso de haber sido víctimas de delito o de violaciones a sus derechos tengan acceso a la justicia y a la reparación del daño; que se emitan lineamientos para cumplir con lo dispuesto en instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de acceso a la justicia, respeto al debido proceso y protección a las víctimas de delito, y se proporcione a quienes hayan sido víctimas de secuestro los medios para trasladarse a cumplir con las diligencias, tanto penales como administrativas.
Se le pide también que se promuevan adecuaciones a los artículos 67 de la Ley General de Población y 201 de su Reglamento, para evitar que el contenido de tales ordenamientos resulte discriminatorio y violatorio a los derechos de los extranjeros, especialmente de las víctimas de secuestro, ya que impide su acceso a la justicia en razón de situación migratoria.
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