Aurora Cordero Pérez
Al señalar que es el diálogo y no el enfrentamiento estéril, seguirá siendo la política que sustente el Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100, dijo su líder Jorge Cuellar Valdez.
Anunció que este sábado el Sutaur realizará una asamblea general extraordinaria en la delegación Iztapalapa, donde se definirá una completa estrategia para rescatar el patrimonio inmobiliario que está en manos espurias que solo han enriquecido a Ricardo Barco y Gabino Camacho, bajo la sombra de la lucha de esta organización sindical a 14 años de iniciación.
Comentó que serán cinco rubros los que contempla la orden del día para esa asamblea extraordinaria, donde se presentará el primer informe de los actuales consejos de administración y vigilancia de la cooperativa de conformidad con sus estatutos.
La modificación de los estatutos del Sutaur; la admisión de socios; la actualización del padrón de los mismos y finalmente se convocará a tareas y acuerdos a seguir con la finalidad de sostener diálogos constructivos ante las autoridades del Gobierno del Distrito Federal.
En este sentido, Cuellar Valdez insistió que es con el diálogo como se deben de llegar acuerdos interinstitucionales, y rechazó que el Sutaur se haya convertido en un ente que ponga en riesgo la estabilidad social de la ciudad, ante la víspera de los comicios federales del cinco de julio.
Sin embargo, criticó el “tortuguismo” con que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federa, a cargo de Miguel Ángel Mancera Espinosa, al darle largas al litigio judicial en contra de los ex dirigentes de esta central camionera, Ricardo Barco López y Gabino Camacho Barrera, quienes provocaron la quiebra histórica de la Ruta 100, dejando en el desamparo y en el desempleo a más de 12 mil trabajadores del volante.
Llamó a la reflexión al Ejecutivo de la capital del país para instruir a las instancias correspondientes para acelerar los trámites y dar por feliz término este conflicto que ya lleva más de 14 años que las propias autoridades se han enredado en acciones de complicidades y omisiones para dotar de patente de corso a Barco y Camacho, quienes en forma y tiempo fueron acusados del mayor fraude que se tenga memoria en contra de una central obrera.
“No vamos a bajar la guardia”, sentenció el sutaurista Juan Guerra, quien destacó la existencia de cuando menos 45 juicios judiciales que obran en contra del clan Barco/Camacho.
Dijo que el GDF está en espera que la lucha de la ex ruta 100 se debilite para negar sistemáticamente los convenios políticos que se ha comprometido en asumir y que lastimosamente no ha cumplido cabalmente.
Señaló que los días de Barco y Camacho “están contados”, pero admitió que esto será en la medida en que se les ejecute el Estado de Derecho que a todos los mexicanos nos asiste, pues de lo contrario –dijo- “el dúo de la corrupción seguirá cometiendo sus fechorías sin que exista autoridad alguna que detenga su fructífera carrera delictiva”.
Cuellar Valdez, por su lado, destacó que son 22 acuerdos que el Gobierno del Distrito Federal se ha negado en cumplir, y señaló que en tanto no se le haga justicia al Sutaur, su lucha seguirá hasta donde tope, bajo la inteligencia que les asiste.
Le vendió la idea al Gobierno del Distrito Federal de actuar con talento porque no le convendrá generar un desorden social ante la cercanía de las elecciones federales que habrán de renovar la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa.
Adelantó que los trabajadores de la ex Ruta 100 actuarán con extraordinaria civilidad, aunque reiteró que el diálogo es la principal causa con la que se debe de actuar para evitar cualquier enfrentamiento estéril.
“A nadie conviene que por el capricho de los funcionarios menores del Gobierno del Distrito Federal pudiera desbordar las pasiones cuando no han resuelto el conflicto de la ex Ruta 100”, concluyó.
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