Aurora Cordero Pérez
Con el propósito de facultar al Instituto Federal Electoral (IFE) para que pueda sancionar a los servidores públicos que incurran en infracciones establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), “ya sea mediante una amonestación pública o con multas de hasta cinco mil días de salario mínimo, es decir, 274 mil pesos”, el diputado federal Agustín Castilla Marroquín presentó una iniciativa de ley ante el Pleno de la Cámara de Diputados.
Lo anterior para cerrar los espacios de impunidad, así como otorgar certeza jurídica y confianza a la ciudadanía en la resolución de procedimientos en materia electoral, por ello el legislador propone para adicionar el inciso i) al párrafo primero del artículo 354 del citado código.
El Cofipe, en su artículo 347 contempla un catálogo de infracciones en las que pueden incurrir los servidores públicos y, sin embargo, no establece disposición alguna que indique la sanción que debe imponerse en caso de que se cometa alguna de ellas, “lo que da lugar a una laguna jurídica que es necesario subsanar, es incongruente que no se pueda sancionar a los funcionarios públicos”, denunció.
El diputado por el Distrito Federal, afirmó que es necesario subsanar estas lagunas que en la reciente reforma electoral de 2007 no se corrigieron.
“Es necesario cumplir con la máxima de que a toda infracción corresponde una sanción, para el caso de los servidores públicos que cometen un delito en materia electoral”, aseguró.
Asimismo, el legislador por el Partido Acción Nacional (PAN), Castilla Marroquín explicó que esta es una exigencia tanto de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como consejeros electorales del IFE que se han manifestado en el sentido de solicitar al Poder Legislativo que subsane esta omisión y se faculte al IFE con poder sancionador.
Por último, el legislador panista conminó a todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados a sumarse a la propuesta para “buscar cerrar los espacios de impunidad y que seamos los servidores públicos los primeros en predicar con el ejemplo”.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.
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