Ignacio Arellano Mora
La readaptación y reinserción social fracasaron como consecuencia de la sobrepoblación en los penales y la ausencia de políticas en materia educativa, trabajo, deporte y salud para los internos, aseveró el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño.
Refirió que la media nacional de sobrepoblación de los centros de reclusión es de 66 por ciento y que en el Estado de México este índice alcanza 155 por ciento. Este tema, dijo, es uno de los aspectos que analizará la Comisión de Justicia para llegar a la reforma constitucional en materia penal.
Dijo lo anterior en reunión ordinaria en la que se acordó solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se remita a la Comisión de Justicia la iniciativa que propone crear el Instituto Nacional de Prevención del Delito, presentada al Pleno por el diputado Benítez Treviño el pasado 8 de octubre y turnada a la Comisión de Gobernación.
En el evento también se revisaron los lineamientos generales del Plan de Trabajo de este órgano legislativo que contempla, entre otros puntos, el seguimiento a la implementación del Sistema de Justicia Penal, el marco legal en materia de prevención del delito y la reinserción social.
El presidente de la Comisión dijo que “con la reforma cambiamos el concepto de readaptación social por reinserción social, pero como no hemos modificado la realidad, las políticas en este sentido son un fracaso”, señaló.
Agregó que los dos pilares de la readaptación social eran el estudio y trabajo obligatorios y que con esta reforma constitucional se agregó el deporte y la salud, “pero ¿cómo se impartirán clases, talleres, capacitación, construir deportivos o centros de salud si los espacios están convertidos en dormitorios y en algunos penales los internos tienen que amarrarse para dormir porque ya no caben?”, cuestionó.
“Este tema es de la mayor importancia porque si nosotros no obligamos al Gobierno federal y al de los estados a invertir más recursos fracasaremos en el programa de reinserción social porque no habrá medidas adecuadas ni condiciones para establecer estos cuatro pilares”, advirtió.
Benítez Treviño manifestó que para aterrizar las modificaciones en materia de justicia penal también es necesario establecer medidas alternas a la prisión preventiva, a fin de hacer realidad la presunción de inocencia.
“La prisión preventiva está en crisis; por un lado con la reforma constitucional decimos que hay presunción de inocencia y por otro lado seguimos deteniendo para investigar; esto es una enorme contradicción”, subrayó.
“Si realmente vamos a presumir la inocencia tenemos que crear medidas alternativas y que la prisión preventiva sea la excepción y que la libertad la regla general”, concretó.
El diputado Camilo Ramírez Puente (PAN) propuso la visita a centros de reclusión de alta seguridad cada seis meses para verificar las condiciones en que operan, así como revisar los programas de readaptación social y la inspección al cumplimiento de los derechos humanos de los recluidos.
El legislador también propuso que se apoye en materia económica y tecnológica a los municipios que muestran acciones firmes y contundentes en contra de la delincuencia en sus distintos órdenes.
Por su parte, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) dijo que hay coincidencias sobre la necesidad de trabajar en las reformas procesales y penales que se requieren y destacó que se tiene una oportunidad histórica para adecuar todas las leyes secundarias al respecto.
Recordó que fueron modificados 10 artículos de la constitución y se modificaron 17 principios que tienen que ver con el derecho penal y procesal de la administración y procuración de justicia, así como con la aplicación de sanciones, entre otros.
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