Aurora Cordero Pérez
Al presentar una reforma al párrafo tercero del Artículo 4º Constitucional, la diputada Leticia Quezada Contreras, vocera del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD), señaló que todas las personas –en particular las mujeres– deben tener derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
“No establecemos el derecho a abortar. Pugnamos por el reconocimiento del derecho que tiene cada mujer para decidir en forma libre sobre su cuerpo, y a reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad”, puntualizó.
Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, lamentó que actitudes machistas y misóginas impidan que las mujeres decidan no llevar a término un embarazo y se criminalice la pobreza de las mujeres.
Llamó a sus compañeras y compañeros legisladores a no ponerse “velos de puritanos a la realidad” y a “abrir un debate serio, basado en la experiencia internacional y en la evidencia científica, fuera de oscuros intereses que no han permitido el avance de los derechos humanos de las mujeres en este país”.
Frente a la oleada de leyes antiaborto aprobadas en 17 congresos locales, la legisladora destacó que las mujeres deben tener el pleno derecho a decidir sobre la interrupción legal de su embarazo y que el Estado preste los servicios médicos para tal efecto en condiciones de gratuidad y calidad.
Lamentó que aún haya quienes “con una mano blanden su espada contra la inmoralidad y con la otra cuentan sus devotas mentiras y dejan caer la injusticia sobre la cabeza de las mujeres más pobres de nuestro país”.
La legisladora Quezada Contreras manifestó que es preocupante que en aquellos congresos se haya determinado limitar los derechos de las mujeres, en franca violación a nuestra Carta Magna.
Explicó que su propuesta busca asegurar la plena vigencia de los derechos reproductivos de las mujeres y permitirle la interrupción legal de su embarazo, siempre que sea con su consentimiento, que deberá tener un carácter estrictamente personal.
Propuso que se les reconozca también el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física, su vida, y tener acceso a métodos anticonceptivos como sistema de planificación familiar.
Consideró que el Estado debe promover y proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los hombres, velando por el libre ejercicio de los mismos.
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