Tapachula, mayor venta de mujeres y niños con fines de trata

Ignacio Arellano Mora

El municipio de Tapachula, Chiapas, es el lugar en el que se realiza la mayor venta de mujeres, niñas y niños con fines de trata, muchos de ellos son redistribuidos a Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y el Distrito Federal.

Así lo señaló la diputada federal Cora Cecilia Pinedo Alonso, de Nueva Alianza (NA), en un punto de acuerdo que fue turnado a la Segunda Comisión de la Permanente.

Agregó que según estudios de la organización internacional End Child Prostitution Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT), adolescentes centroamericanas, en su mayoría menores de edad, son prostituidas en mil 552 bares y burdeles de Tapachula, Chiapas y otros municipios fronterizos.

Destacó que al menos el 50 por ciento de esas niñas son guatemaltecas, salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, de entre 8 y 14 años de edad en promedio y fueron vendidas por los tratantes en 200 dólares cada una.

Ante este problema, la legisladora propone exhortar al titular del Instituto Nacional de Migración para que en el ámbito de sus atribuciones supervise, evalúe e informe al Congreso sobre el tipo de servicios migratorios en la frontera sur de México, específicamente en el municipio de Tapachula, Chiapas, relacionados con las niñas, niños y adolescentes indocumentados.

Asimismo, pide hacer un llamado al gobernador del Estado de Chiapas, para que coordine mesas de trabajo con organizaciones civiles, dependencias del gobierno del

Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas del estado de Chiapas, para evaluar la política implementada de combate al delito de trata de personas.

Solicitó un diagnóstico sobre el tratamiento de casos por el delito de trata de personas que involucre a niñas, niños y adolescentes nacionales e indocumentados y el número de consignaciones por este delito.

“Manifestamos nuestra indignación y repudio total a esas prácticas delictivas; condenamos enérgicamente a los funcionarios que por omisión o comisión han actuado en complicidad con este tipo de organizaciones y hacemos un llamado a los tres órdenes de gobierno a sumar esfuerzos”, concluyó.