4 de marzo de 2010

Costará 2 mmdd retraso de reconfiguración de refinería en Minatitlán

Ignacio Arellano Mora

El retraso en la reconfiguración de la refinería en Minatitlán, Veracruz, costará a las finanzas mexicanas aproximadamente dos mil millones de dólares y el nulo avance en la construcción de la refinería en Hidalgo, evidencian la nula voluntad política de Felipe Calderón en materia energética.

El diputado federal Ramón Jiménez López, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el legislador Jiménez López sostuvo que la manera de abordar las cosas por parte de Calderón en relación al tema del petróleo es privatizar todo lo que pueda y que, prueba de ello, son las nuevas disposiciones administrativas que el 6 de enero emitió el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), en las que se permite a las empresas privadas nacionales y extranjeras, invertir en la producción de petróleo, lo cual contraviene distintos preceptos constitucionales.

“Calderón no tiene ninguna voluntad política de construir las refinerías; sus intereses son entregar al capital privado nacional y extranjero, todos los procesos que pueda relacionados con petróleo y gas”, afirmó el también integrante de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados.

El legislador recalcó que la Comisión de Energía va a insistir, a través de un punto de acuerdo, que se auditen las irregularidades que se han dado en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la problemática al interior de Pemex.

Afirmó que “no es justo para nuestro pueblo, habiendo tantas carencias en este momento, que el gobierno no por descuido, ni por negligencia, ni por desconocimiento, siga llevando a cabo una política totalmente para favorecer a las grandes empresas extranjeras y continúe perjudicando las finanzas de nuestro país”.

Por último, Jiménez López manifestó que además de una ardua investigación en Pemex, exigirán que haya castigo para quienes resulten responsables de acuerdo a lo que actualmente establece la Ley y la Auditoría Superior de la Federación, en la que se incluyen penas corporales y no solamente el resarcimiento económico.

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