Ignacio Arellano Mora
La diputada federal del PRD, Teresa Incháustegui Romero mencionó que son más de 20 mil las personas desaparecidas. “Tan solo en Veracruz, de 2000 a 2011, son cinco mil mujeres desaparecidas en la entidad. Hay cuando menos una decena de entidades de la Federación en donde se padece este mal, y es una flagrante violación a los derechos humanos”.
La Cámara de Diputados aprobó con 279 votos en pro, expedir la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, cuyo propósito es organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica para proporcionar apoyo en las investigaciones.
Por lo tanto, dijo la legisladora perredista, con este registro se tendrán los datos completos de las personas como: edad, sexo, dónde desaparecieron, autoridad que está dando parte del hecho, y se podrá consultar en línea las 24 horas.
La ley precisa que las personas extraviadas o desaparecidas y sus familiares no podrán ser discriminados en razón de su origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad y tenga por objetivo anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
Por ello, detalló que se sancionará con multa de 10 a 100 días de salarios mínimos, a los funcionarios encargados de la investigación de denuncias de desaparición de personas, o que tengan conocimiento de una persona extraviada, y no realicen la consulta correspondiente al Registro Nacional,
También a quienes hagan uso indebido de las constancias, documentos y demás medios de identificación, relacionados con el registro de datos, con multa de dos mil a cuatro mil salarios mínimos.
Asimismo, quienes alteren, omitan, simulen o permitan registros o avisos en forma ilícita; registren datos falsos; proporcionen información falsa o la faciliten a usuarios o terceros que no tengan derecho; accedan sin autorización a la información del Registro; o no denuncien alguna irregularidad teniendo la obligación de hacerlo, se sancionarán con multa de 10 mil a 15 mil salarios mínimos.
En tanto, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del Partido del Trabajo (PT), precisó que la finalidad de la ley es contar con un registro que permita la búsqueda de estas personas y coadyuvar a las investigaciones a cargo de las procuradurías y de las policías.
“Es una ley que permite dar seguimiento a cada uno de los casos que estarán en el registro, y con ella se enfrentarán problemas como la trata de personas o la prostitución infantil”, añadió.
El proyecto de ley se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional.
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